POR UNA PROPOSICIÓN DE LEY

Nuevo choque Podemos y PSOE en Andalucía: a la gresca contra la homofobia

La formación morada pide un cupo de empleo público para transexuales y cambio de sexo sin permiso de los padres, y el Gobierno de Susana Díaz se opone frontalmente

Foto: Susana Diaz.
Susana Diaz.

Nuevo choque entre PSOE y Podemos en Andalucía, y esta vez por una cuestión con un fuerte componente ideológico, la ley para garantizar los derechos de las personas LGTBI y erradicar la discriminación. La formación morada ha registrado en el Parlamento una proposición de ley, consensuada con los colectivos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, contra la que ya se ha expresado el Gobierno de Susana Díaz. Hay asuntos, advierten, con “difícil encaje jurídico”.

En Madrid, Extremadura o Cataluña ya se ha legislado, con el apoyo del PSOE, mediante textos muy similares contra la homofobia. Pero en Andalucía la norma no tiene perspectiva de llegar a ningún sitio. Algunos de los asuntos más controvertidos se refieren a los menores. La norma registrada por Podemos propone que los menores transexuales puedan optar a tratamiento médico u operación de cambio de sexo en la Sanidad pública aun sin tener el consentimiento de los padres o tutores. Mandará, incide el texto, el criterio médico y el deseo del menor. Un aspecto que es rechazado frontalmente por el Gobierno andaluz, según explicó su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Desde Podemos pusieron el acento en que la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero incluía precisamente el derecho a interrumpir el embarazo para menores de edad sin permiso de los padres. Algo, señalan, que sería similar. “Ante la negativa de los padres o tutores a autorizar los tratamientos previstos, el personal sanitario atenderá al interés superior del menor a su salud en sentido amplio, entre tanto no reciban orden judicial en contra”, recoge la norma.

Cristina Cifuentes vs. Susana Díaz

“Para nuestro rechazo a la ley hay muchas razones. No queremos ni pelea ni confrontación política con este tema, pero hay grandes diferencias”, resumió el portavoz del Gobierno andaluz. En Madrid, el PP de Cristina Cifuentes sí que ha aprobado, pese al rechazo de parte del electorado de su partido y la oposición de la Iglesia, una ley muy similar para el colectivo LGTBI de la mano de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Un panorama muy distinto se dará en la Cámara andaluza, donde ni socialistas ni populares tienen previsto, de momento, sumarse al texto presentado por el partido de Teresa Rodríguez. Ya hubo enfrentamientos anteriores sonados en el Parlamento con la leyes de cuentas claras y para la atención temprana. Dos normas defendidas por Podemos que chocaron contra el PSOE y cayeron, no sin sonadas broncas políticas previas.

Cristina Cifuentes. (EFE)
Cristina Cifuentes. (EFE)

La norma defendida por Podemos incluye otros aspectos polémicos. Reclama a la Administración autonómica que reserve plazas de empleo público al colectivo transexual para favorecer así su integración laboral. Impone planes contra la homofobia en todos los centros financiados con fondos públicos. “Todas las empresas, fundaciones, asociaciones, confesiones religiosas y cualquier otra entidad jurídica o persona física que preste cualquier tipo de servicio financiado con fondos públicos (incluidos centros sanitarios, educativos, de servicios sociales, medios de comunicación, etc.) deberán implementar planes de prevención contra la LGTBIfobia en el plazo de un año tras la aprobación de la ley, o seis meses desde la creación de la entidad, y antes de prestar el servicio financiado con fondos públicos”, indica el texto. Insiste además en la retirada de los conciertos a los colegios que discriminen y en la formación del profesorado para educar a favor de estos colectivos. “Todo el enfoque de la proposición de ley apunta a la diferenciación y no a la integración. No queremos guetos sino inclusión”, defienden desde el Gobierno andaluz frente a los postulados de Podemos.

Se invierte la carga de la prueba ante denuncias por discriminación. Es el denunciado quien debe defenderse y demostrar su inocencia

Otro de los aspectos más controvertidos se refiere a lo que se contempla como “inversión de la carga de la prueba”. Este es uno de los puntos fuertes y más novedosos en la ley contra la homofobia aprobada con el apoyo del PSC en Cataluña en 2015. Los socialistas andaluces consideran que es inasumible porque quiebra el principio de presunción de inocencia. “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, corresponde a aquel quien se atribuye la conducta discriminatoria la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”, recoge el texto. Es decir, ante una denuncia por discriminación, es el denunciado quien tiene que aportar las pruebas y no al contrario.

Más observatorios públicos

La norma propone además la creación de nuevos órganos administrativos, como un "Observatorio andaluz contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género” y un “Centro de memoria LGTBI de Andalucía”. En el texto legal registrado por Podemos, se abunda en la importancia de la Sanidad pública a favor de los transexuales. Exige “abolir la esterilización y cualquier otro tratamiento médico obligatorio, incluyendo un diagnóstico psiquiátrico o psicológico para poder acceder a la asistencia sanitaria”. Reclama tratamientos “endocrinológico y hormonal” para adultos y menores transexuales sin discriminaciones, e “intervenciones quirúrgicas de reconstrucción genital, de aumento de pecho, de masculinización del tórax, de cuerdas vocales y cualesquiera otras que se consideren necesarias, y sean libremente elegidas, sin ningún tipo de retraso injustificado, y dentro de las listas de espera quirúrgicas generales”.

En el caso de parejas homosexuales, reclama los mismos derechos en caso de fallecimiento y ante los trámites de adopciones y acogimientos familiares. Asimismo, se defiende que en las adjudicaciones públicas a empresas se prime en los pliegos de condiciones a las que garanticen un papel activo contra la discriminación y se aboga por la formación de los empleados públicos de la Junta frente a la homofobia. En Andalucía, PSOE e IU aprobaron en 2014 una ley de transexualidad que la federación de izquierdas denuncia que se está incumpliendo, sobre todo, advierten, en su ámbito sanitario.

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