negociaciones investidura

C’s ya rebajó la ‘corrupción política’ para una veintena de cargos de Susana Díaz

El partido naranja se apuntó como una victoria la dimisión de Chaves y Griñán, pero los expresidentes no fueron incluidos en el acuerdo sellado en Andalucía por orden del PSOE

Foto: Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en un mitin en Andalucía. (EFE)
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en un mitin en Andalucía. (EFE)

Cada uno reinventa la historia como le conviene. En plena negociación de Partido Popular y Ciudadanos en Madrid para sumar los votos naranjas a la investidura que enfrentará Mariano Rajoy el martes, muchas voces critican que el partido de Albert Rivera haya relajado hasta lo inadmisible su concepto de corrupción política. Según ha trascendido de las negociaciones, del acuerdo con el PP han quedado fuera los delitos de prevaricación, malversación o cohecho. No serán motivo de dimisión inmediata para los cargos públicos cuando no conlleven enriquecimiento personal o desvíen dinero para financiar ilegalmente al partido.

Este es el mismo criterio, exactamente igual palabra por palabra, que ha defendido Ciudadanos en Andalucía durante su año y medio de ‘noviazgo’ con el PSOE de Susana Díaz. Eso sí, en estas latitudes, con duras críticas del PP. Los argumentos que esgrimen ahora los líderes nacionales llevan oyéndose en Andalucía desde hace meses. En el acuerdo que ambos partidos suscribieron el 9 de junio de 2015 y que permitió a la baronesa andaluza desbloquear su investidura, los socialistas exigieron como condición ineludible que no figuraran los nombres de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ciudadanos accedió y los borró del documento. En pleno caso ERE y de la formación, también rebajó la condición de que los partidos y altos cargos tuvieran que responder con su patrimonio en casos de corrupción. Se incluyó solo en caso de financiación ilegal del partido.

Si en un primer momento Albert Rivera declaró firme en los platós de televisión que no pensaba votar a favor de Susana Díaz mientras que los expresidentes, entonces pendientes de su imputación en el caso ERE, ocuparan escaño, esta advertencia se diluyó. Podemos, que también había puesto como línea roja “la dimisión inmediata” de los expresidentes, y el PP atizaron convenientemente al adversario político con este asunto. La dimisión de Griñán como senador se conoció a los pocos días de rubricarse este acuerdo, y la de Chaves se produjo a finales de aquel mes de junio, tras conocerse su imputación por prevaricación administrativa.

Se diluyeron las condiciones

En ninguno de los dos casos fueron acusados de enriquecerse ilícitamente ni de financiar ilegalmente a su partido. Sin embargo, Ciudadanos presumió de haber cortado la cabeza a los expresidentes. Incluso el líder del partido en Andalucía, Juan Marín, escenificó una rueda de prensa en la que supuestamente iba a anunciar una moción de censura contra Susana Díaz. Su mensaje fue abortado casi en directo al anunciar los exdirigentes socialistas su retirada. Hay que recordar además que la propia baronesa socialista, asfixiada por la presión del caso ERE, fue quien antes que C’s se saltó el código ético del PSOE y anunció que iba a pedir la retirada de los expresidentes en caso de imputación sin esperar a la apertura de juicio oral.

Saludo entre Susana Díaz y Juan Marín. (Reuters)
Saludo entre Susana Díaz y Juan Marín. (Reuters)

Ciudadanos siempre ha admitido que los casos de Chaves y Griñán eran distintos por su relevancia y por estar inmersos en el caso ERE, un macroproceso judicial que investiga un fondo de 850 millones de euros de fondos públicos. Salvados estos nombres propios, las exigencias del partido naranja en Andalucía podría decirse que se han guiado más por la presión mediática y la repercusión pública o bien por el momento de la relación con sus socios del PSOE que por la letra del acuerdo. En su versión, “por el sentido común”.

20 altos cargos imputados

Hasta 20 altos cargos del Gobierno andaluz ha sido imputados en distintos asuntos que podrían etiquetarse como corrupción sin que la formación naranja haya hecho valer su acuerdo con el PSOE. En muchas ocasiones, hoy sus casos están archivados, Ciudadanos ha pedido “informes y dosieres” de forma periódica al partido de Susana Díaz y en la mayoría de los casos ha eludido pedir que sean apartados de forma automática de sus cargos, como reza el acuerdo, por considerar o bien que no había llegado el momento procesal o bien por aceptar las explicaciones de la otra parte y “no ver indicios” de enriquecimiento personal.

“A mí me pueden imputar por tirar un papel desde mi coche por un delito contra la seguridad del tráfico, pero eso no es corrupción”, señaló gráficamente Marín en entrevista con Europa Press hace más de un año. Aquí ya se lleva muchos meses oyendo del partido naranja esa frase de “una cosa es meter la pata y otra meter la mano en la caja”. En la comisión de investigación sobre formación, también han existido numerosos rifirrafes con la oposición, que acusa a C’s de haber beneficiado a los socialistas. Ahora quedan pendientes las conclusiones que elabore este partido que preside los trabajos.

C's aceptó dejar en el cargo al consejero imputado por prevaricación y finalmente su causa fue archivada

Solo en el caso de la mina de Aznalcóllar, que fue archivado, Ciudadanos exigió que fuera apartada la directora general imputada. Fue restituida en su cargo tras sobreseerse la causa. La imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por prevaricación tensó las relaciones, pero finalmente Ciudadanos aceptó dejarlo en el cargo y portavoces nacionales del partido salieron en su defensa. Se esgrimió entonces que los delitos investigados se remontaban a su etapa como rector de la Universidad de Sevilla. El TSJA finalmente archivó la causa y PSOE y Ciudadanos se apresuraron a exigir a la oposición que pidiera perdón.

El partido de Albert Rivera también ‘tragó’ medio año con la presidenta del puerto de Huelva, que finalmente dimitió “a petición propia” después de seis meses imputada por un presunto delito en las obras de ampliación de un muelle. La responsable del Legado Andalusí, Marina Martín, detenida en una de las macrooperaciones policiales por los cursos de formación, o el director del Centro Andaluz del Flamenco, Luis Guerrero, son otros de los casos con los que Ciudadanos ha hecho la vista gorda. Este último vio archivar su procesamiento el pasado julio, aunque el exconsejero de Cultura Luciano Alonso, actual diputado andaluz, acudió a declarar al TSJA como investigado sin que Ciudadanos hiciera el más mínimo gesto.

Como alto cargo, continúa la directora general de Consumo, Isabel Guiñoles, imputada en el caso ERE por supuestamente mediar en una ayuda para una empresa entonces como alcaldesa de Fernán Núñez (Córdoba). También sigue Rafael Moreno, director general de Políticas Activas de Empleo, a pesar de que el Parlamento andaluz pidió su retirada inmediata. Ciudadanos se abstuvo. Este alto cargo fue condenado en 2011 por injuriar a un funcionario, policía local, cuando era alcalde de Huévar (Sevilla), acumuló una deuda con la Seguridad Social de 11 millones de euros por no pagar cotizaciones de los trabajadores municipales y en 2015 volvió a ser condenado por pegar a un árbitro en un partido de cadetes.

Los más cercanos a la presidenta

Tampoco ha pedido Ciudadanos la dimisión del número tres de Susana Díaz en el PSOE-A, Francisco Conejo, imputado por prevaricación por la supuesta construcción de una piscina ilegal en el que fue su domicilio. El caso de Carmelo Gómez, imputado en el caso ERE y en Mercasevilla y diputado andaluz del círculo más cercano de Susana Díaz, y el del secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, también diputado y señalado con cinco delitos por la Guardia Civil en el llamado caso Marismas, también han sido ignorados por el partido naranja. Así como el del director de Guadalinfo, Ismael Perea, el hombre en las redes de la presidenta.

El número tres de Susana Díaz, Francisco Conejo. (EFE)
El número tres de Susana Díaz, Francisco Conejo. (EFE)

La lista de altos cargos para los que Ciudadanos no ha pedido la dimisión es amplia. En muchos de estos casos, la Justicia ha acabado archivando las causas. Así ocurrió con la delegada de la Junta en Granada, Sandra García, y la responsable de Medio Ambiente en esa provincia, Inmaculada Oria, cuyas imputaciones a cuenta de unos vertidos fueron anuladas. También salieron airosos otros dos altos cargos imputados por un supuesto delito de prevaricación al despedir a trabajadores públicos, es el caso del actual director del SAE, Julio Coca, y del responsable de la Agencia IDEA, Antonio González, cuya dimisión fue exigida reiteradamente por la oposición y con los que C’s también aguantó la presión. Finalmente, su causa fue archivada. Lo mismo ocurrió con el delegado de Agricultura en Almería, que con duras críticas fue ratificado en el cargo por la consejera del ramo, que además es su prima segunda. Finalmente, el juez archivó la causa por prevaricación en su contra al no apreciar delito en el cambio de uso de unos terrenos forestales.

El acuerdo suscrito por Ciudadanos y PSOE en Andalucía también exigía limitar las llamadas puertas giratorias en la Junta, basta ver el historial de nombramientos del Consejo de Gobierno para comprobar que es práctica habitual, y limitaba los cargos de designación en la Administración, otro asunto que está muy lejos de cumplirse en el actual Gobierno andaluz, donde los cargos del partido y los ascensos de su familia política son norma para Susana Díaz.

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