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La ‘espantá’ de la ministra Bañez dinamita la estrategia del PP en Andalucía

La titular de Empleo comunica que no va a asistir a la comisión de investigación, donde estaba citada este lunes, escudándose en un informe del Consejo de Estado

Foto: Fátima Báñez, el sábado, en un acto electoral en Málaga. (EFE)
Fátima Báñez, el sábado, en un acto electoral en Málaga. (EFE)

No es tan extraño. El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se negó a dar la cara en el Congreso durante las negociaciones para una investidura. Sin embargo, la negativa de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a comparecer en la comisión de investigación del fraude de los cursos en el Parlamento andaluz, donde estaba citada este lunes a las seis, ha sido una sorpresa. El aval se lo dio un informe del Consejo de Estado encargado por el Ministerio. Hasta ahora, el Partido Popular no había emitido ninguna señal en este sentido. Todo lo contrario, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, había anunciado públicamente que su comparencia iba a dar la “sorpresa” porque tenía datos para explicar qué se había hecho en algunas provincias andaluzas con estos fondos. La sorpresa debía de ser el plantón, insinuaban al unísono los grupos del Parlamento.

La polémica estaba servida y el tono de los grupos políticos en la Cámara andaluza no defraudó. La jornada acabó con la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, exigiendo la dimisión del presidente de la comisión de investigación, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz. La portavoz popular lo acusó de "imparcialidad" y de haber "montado un circo" por la ausencia de Fátima Báñez. La tensión fue máxima. Otra de las comparecientes, la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro Moya, tampoco apareció y mandó un escrito en el que alegaba no tener conocimiento sobre el procedimiento de concesión de estas ayudas de la formación. El PP se valió de esta incomparecencia, aseguró que "la consejera es socialista", para defender la ausencia de Báñez y durante todo el día replicó a las críticas asegurando que el Consejo de Estado impedía a la ministra comparecer. "Incluso lo han firmado los miembros del PSOE, el informe está suscrito por María Teresa Fernández de la Vega o Fernando Ledesma. El dictamen de este organismo permanece a buen recaudo y no ha sido difundido, sólo una nota resumen, pero varios expertos consultados por este periódico insisten en que en este contexto "ningún informe del Consejo de Estado es vinculante sino facultativo" y que la ministra podría haber acudido si era su voluntad. Eso se dedicó a decir el PP, que Báñez, que repite como número uno del PP por Huelva, "estaba deseando asistir". Podemos consideró que la ministra estaba "obligada a comparecer" y consideró su ausencia "una burla" a los andaluces.

Los  populares, que lideran una dura estrategia en la Cámara andaluza para tratar de aclarar un fraude que tiene bajo lupa el destino de 3.000 millones de euros de fondos públicos, se habían mostrado convencidos hasta la pasada semana de que la ministra sí iba a acudir a su cita. Quien gana con este episodio de ministra a la fuga es, sobre todo, el PSOE y Ciudadanos. Ambos se nutren de argumentos para anular las críticas del PP. Los socialistas siguen manteniendo hasta la fecha, enrocados en sus argumentos a veces hasta rozar el ridículo, que no hay fraude ni menoscabo de fondos públicos sino solo irregularidades administrativas, a pesar de que hay investigaciones abiertas en 18 juzgados andaluces. Se investigan barbaridades sobre el presunto destino que se habría dado a estos fondos, incumpliendo la formación a parados en una comunidad donde la tasa de paro sigue siendo demoledora. Desde lujosas comidas a políticos, a traslados de yeguas y pienso para caballos, caramelos y regalos de cabalgatas de Reyes Magos o comuniones... Hay de todo en las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Susana Díaz, en un acto público. (Efe)
Susana Díaz, en un acto público. (Efe)

La estrategia primera del partido en el Gobierno andaluz fue extender el fraude a toda España, tratando que presidentes y consejeros de otras comunidades afectadas, como Galicia o Madrid, también dieran explicaciones por el fraude en Andalucía. Ante lo extraño de esta maniobra, los socialistas decidieron solicitar la comparecencia de la ministra de Empleo, responsable de la norma estatal que dio amparo a las subvenciones de los cursos en las comunidades autónomas.

 

Susana Díaz sí tendrá que acudir

Ciudadanos, que siempre trata de jugar a una de cal y otra de arena para compensar políticamente sus movimientos y amortiguar las críticas que apuntan que está entregado al PSOE en Andalucía, entró en el juego. Decidió forzar la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la vez reclamó que acudiera la ministra de Empleo. Los socialistas han tratado a toda costa de evitar, sin éxito, que la presidenta andaluza arranque la campaña electoral con la foto de su comparencia por el fraude de los cursos. No lo han podido evitar. Acudirá el 31 de mayo. Un día después de que den explicaciones los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, investigados por prevaricación administrativa en el caso ERE.

Con la ‘espantá’ de Fátima Báñez, los argumentos del PP, que había tratado de montar un escándalo porque Susana Díaz había sido citada en turno de tarde, una hora que era favorable a sus intereses, pierden fuerza en Andalucía. No es la primera vez que el Gobierno de la nación acude a una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. En la comisión de investigación de los ERE acudieron los exministros Eduardo Zaplana y Javier Arenas y el que fuera delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido. Sus comparecencias se vinculaban con una de las ayudas sociolaborales bajo sospecha, la que regó de subvenciones la Faja Pirítica de Huelva. Acudieron sin ningún tipo de inconvenientes pese a que el PP dejó claro desde el primer minuto que no era más que un intento de distracción de los socialistas.

Un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio rechaza que los ministros puedan ser llamados por las Cámaras autonómicas

En el caso de Fátima Báñez, la incomparecencia de la ministra ha estado precedida de un informe del Consejo de Estado que envió a los medios la Delegación del Gobiern la tarde del domingo. Dicho dictamen, elaborado a petición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas y advierte de que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Báñez por falta de competencia. Según el dictamen, esa presencia vulneraría el sistema constitucional de distribución de competencias.

Esta doctrina, insiste el informe, se fijó en 1986, cuando se vetó que el Parlamento de Canarias reclamara la presencia de directores de medios nacionales. Se ha venido aplicando desde entonces a más de media decena de casos que engloban la comisión de investigación del 'Prestige', constituida por el Parlamento de Galicia; la solicitud de comparecencia del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante las Cortes valencianas; los requerimientos de comparecencia dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del FROB en la Comisión sobre Caja de Ahorros del Mediterráneo en las Cortes valencianas, o la solicitud de comparecencia al Gobierno y al exgobernador del Banco de España en el Parlamento de Extremadura, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

El aviso del Tribunal de Cuentas

Fátima Báñez no fue ministra de Empleo durante la mayor parte del tiempo en que se gestionaron las ayudas a la formación bajo sospecha. Aterrizó en el Ministerio en 2012 y la investigación andaluza se remonta a 2002. El Tribunal de Cuentas emitió un demoledor informe, a raíz de las denuncias y deficiencias destapadas en algunas comunidades, en el que denunciaba los “incumplimientos” en la gestión de estos fondos públicos y tropelías amparadas como el exceso de subcontratación de los cursos de forma “difícilmente justificable” en muchas ocasiones. El Tribunal de Cuentas fue también muy duro con el hecho de que sindicatos y patronal optaran a estas ayudas de forma directa y sin concurrir de forma competitiva con las empresas privadas. La ministra Báñez ha liderado la modificación de la norma de formación, obligando a las comunidades a elevar los controles. De todo esto podría haber dado explicaciones una ministra que además, recuerdan desde el Parlamento, es onubense y debería participar de las estrategias del PP andaluz.

También tendrán que declarar. (EFE)
También tendrán que declarar. (EFE)

Las reacciones de PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU contra la decisión de la ministra de no acudir han sido muy duras. Aunque Báñez no haya sido responsable de la gestión del dinero público en manos de la Junta, podría haber seguido otra estrategia y ofrecer la información que obre en poder del ministerio, señalan. Sin ir muy lejos, la semana pasada el PP montó en colera porque la actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, relevó a los peritos de la Intervención General del Estado, claves en el caso ERE, en la causa de los cursos de formación.

El PP, que ha reclamado todo tipo de documentos y comparecencias, y ha criticado con dureza la estrategia de bloqueo de información puesta en marcha por el PSOE y amparada, en momentos decisivos, por Ciudadanos, tendrá ahora mucho más difícil terminar la comisión de investigación. Cada vez que trate de elevar la voz le van a recordar que la ministra Báñez huyó del Parlamento andaluz. Podemos e IU tienen ahora en su mano la estrategia que deseaban y avisan de que van a disparar con la misma beligerancia contra socialistas y populares. Ciudadanos, por su parte, festeja por lo bajini la decisión de la ministra del PP porque, advierte, ya no va a tolerar que su papel sea puesto en duda cada minuto siendo acusados de dar coartadas al PSOE. La recta final de la comisión, que acabará a las puertas de la campaña sin que se sepa si habrá segundo turno de comparencias o toca ya elaborar conclusiones y apuntar a las responsabilidades políticas, ha sufrido un giro inesperado.

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