caso ERE

Alaya: "Se ha permitido que la corrupción exista con conocimiento de mucha gente"

La jueza arremete contra las leyes del PP, se exculpa de las prescripciones en los ERE y equipara la “financiación ilegal de los partidos y del electorado”

Foto: La jueza Mercedes Alaya, antes de pronunciar la conferencia sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (EFE)
La jueza Mercedes Alaya, antes de pronunciar la conferencia sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (EFE)

“Deben dejarnos trabajar. La culpa de estas tramas delictuales es que se ha consentido durante mucho tiempo que la corrupción política exista y además con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente”. Alegato final y aplauso atronador de medio millar de estudiantes de Derecho en Sevilla. La magistrada Mercedes Alaya, la heroína insustituible contra la corrupción, la malvada obsesionada con acabar con el PSOE andaluz o la jueza estrella capaz de cometer errores de bulto en su instrucción con tal de no perder protagonismo, según quien hable de ella, tiene un nuevo rol, el de maestra y gurú de las nuevas generaciones de abogados.

Alaya: "Se ha permitido que la corrupción exista con conocimiento de mucha gente"

Había colas interminables para asistir en la Facultad de Derecho de Sevilla a una conferencia organizada por los alumnos sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los jóvenes se arremolinaron durante más de hora y media en los patios de la universidad como si se tratara de un concierto de pop. A un lado de la puerta, acreditados con unas pegatinas y con la orden de no acceder hasta que el salón de actos estuviera lleno, había un nutrido grupo de periodistas. Hasta el último día no se despejó si podría asistir la prensa. Un joven estudiante Erasmus en perfecto español con acento italiano preguntaba atónito el porqué tanta expectación. "Es que hoy viene una jueza muy importante, la más importante de España, la jueza Alaya, la de los ERE, ¿no la conoces?", le dijo una chica que aguardaba paciente.

Sería posiblemente uno de los pocos que no sabían que Mercedes Alaya iba a estar en la facultad donde ella estudió este miércoles, justo el mismo día en que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán acudieron al juzgado de instrucción número 6 para declarar como investigados por prevaricación administrativa. Alaya dejó su juzgado el pasado junio después de 17 años y ocupó plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla. Intentó una prórroga para quedarse al frente del caso de los ERE y culminar un trabajo de cinco años de instrucción. Quería también culminar otras grandes causas iniciadas, como la de los cursos de formación. Su guerra con la magistrada que la relevó en la plaza, María Ángeles Núñez Bolaños, acabó por dinamitar sus posibilidades de permanecer algunos meses más. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegaron su petición de comisión de servicio.

Alaya: "Se ha permitido que la corrupción exista con conocimiento de mucha gente"

Sin maleta de ruedas, con vaqueros y chaqueta de cuero, Alaya dejó mudo a un salón de actos lleno. La expectación era máxima. Los jóvenes letrados que la antecedieron en el uso de la palabra, como el también muy aplaudido Juan Gonzalo Ospina, se refirieron a la "elefantiasis judicial", en alusión a las macrocausas, y alertaron del choque entre el derecho a la información y las llamadas penas de telediario. Pocas veces se ha oído la voz de la magistrada. Algún "buenos días" a los periodistas que se han tragado horas de interminables interrogatorios en los ERE, poco más. Su única entrevista la concedió a la revista ‘Vanity Fair’. Se sabe poco de ella, aunque las fotos de su boda se publicaran en todos los medios.

“Es usted un gran ejemplo a seguir, doña Mercedes”, le decían los responsables del acto casi cada vez que le cedían la palabra. La magistrada llamó en varias ocasiones al “espíritu crítico” de los letrados en ciernes y les animó a cumplir la ley pero sin conformismo. “Tenemos que encontrar esas rendijas, esas ventanitas para ajustar la ley de la mejor manera posible a la realidad”. Su intervención fue una dura crítica a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2015. Sobre todo, por los plazos impuestos en la norma para acabar con las instrucciones eternas y las macrocausas. Justo dos de las razones por las que más se ha atacado su instrucción del caso ERE, que suma más de 250 imputados, se ha alargado durante cinco años y acaba de ser declarada por la nueva instructora como de especial complejidad, sumándole 18 meses más a la instrucción.

"Financiación ilegal del electorado”

“No existe retraso. La culpa no la tenemos los jueces sino las tramas, que hacen que el trabajo sea muy complejo”, aseguró la jueza Alaya. “Las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad lo impone no porque los jueces queramos instruir macrocausas. Supone un esfuerzo personal y material que sobrepasa nuestras posibilidades”, agregó en otro pasaje de su conferencia.

Alaya empezó fuerte su intervención. Criticó que el legislador hable de “dilaciones indebidas”. “Qué término tan peligroso”, se quejó. Lamentó que la norma aluda a “la elefantiasis judicial de las macrocausas, sabiendo el legislador que existen varias en curso”. “Sabemos las que se llevan en esta ciudad, por financiación ilegal del partido o por financiación ilegal del electorado del partido, da exactamente igual”, aseguró, aludiendo de forma velada a los casos que afectan al PP y al PSOE. No hubo oportunidad de precisar si con lo de “financiación ilegal del electorado” se refería a los ERE, pero casi ni hacía falta. La magistrada escogió todo tipo de ejemplos, casos prácticos e incluso fechas para dejar claro de lo que estaba hablando sin decirlo.

Su crítica más dura contra la Lecrim se refirió a la imposición de plazos para acotar las instrucciones de seis a un máximo de 18 meses, lo que consideró “un intento de inmiscuirse en la independencia judicial”. “A los jueces nos ponen la espada de Damocles encima con los plazos. Nos quitan el sosiego y la tranquilidad de espíritu”, declaró Alaya, que además subrayó con dureza que estos plazos se suspendan y no corra el tiempo cuando hay secreto de sumario. “Qué casualidad. Si los medios de comunicación dejan de formar ruido sobre las causas porque están secretas, si se deja de influir sobre la opinión política de los electores, si no se influye en la opinión política, se interrumpen los plazos. Esto va contra las garantías constitucionales de todos los españoles”, alertó.

La jueza sevillana lamentó también cortapisas a la investigación de delitos de prevaricación, malversación con recuperación de caudales o tráfico de influencias, “uno de los delitos tipo de los macroprocesos, delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos”. En su dura crítica al Ministerio de Justicia del PP, incluyó también duras alertas sobre la posibilidad que abre la norma de la interceptación telefónica o telemática sin autorización judicial en caso de terrorismo. “Hay muchos juzgados de guardia en todo el país. No podemos permitirnos arbitrariedades. Con autorización o no, se trata de la vulneración de un derecho fundamental. Que no se os olvide nunca”, recordó a unos alumnos que la atendían embelesados.

La prescripción, culpa de los delitos

"Estoy sentado al final de la sala. Detrás están todos los periodistas. Quiero decir una cosa. Son unos buitres", escribía en Twitter uno de los alumnos que después explicó a quienes le preguntaron que no entendía por qué los medios habían presionado tanto, recordando que el acto era de los estudiantes. Las preguntas se formularon por la red social tuitera y no se leyeron todas las cuestiones. Sí que hubo una pregunta sobre la prescripción de delitos. En el caso ERE han prescrito ya 12 ayudas a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla por haber transcurrido 10 años. Tras conocerse estas prescripciones, de cuyo riesgo alertó la Fiscalía y hasta la Junta de Andalucía, Alaya salió al paso. “La prescripción de los delitos no tiene que ver con los plazos de la instrucción sino con el momento en el que se abre la investigación. El problema es que se averigüe o se investigue el delito demasiado tarde y ese delito se remonte a años ha. Vamos con una prisa y una celeridad que a lo mejor los medios personales y materiales no nos permiten una investigación lo suficientemente eficaz para evitar la prescripción, pero no por problema nuestro. A lo mejor ese delito se comete en 2001: si lo empezamos a investigar en 2011, pues tenemos un serio problema”. Las fechas coinciden exactamente con las de los ERE. Y así transcurrió la sesión académica. Una conferencia de más de dos horas donde Alaya se despachó contra las críticas y dejó claro que la culpa es de la corrupción.

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