repartieron los fondos "a su libre albedrío"

Detenidos por el 'caso Edu' 4 cargos de la Junta que defraudaron el 96% de las ayudas

Las detenciones de la operación contra las ayudas fraudulentas a los cursos de formación tienen un nuevo capítulo. Y los implicados son miembros del Gobierno regional

Foto: Fotografía de archivo de la Policía judicial durante el registro de la casa de verano que Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. (EFE)
Fotografía de archivo de la Policía judicial durante el registro de la casa de verano que Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. (EFE)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha realizado cuatro nuevas detenciones en la provincia de Huelva en una nueva fase de la Operación Edu contra en el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía. En esta ocasión, los detenidos son cargos de la Junta de Andalucía que se pusieron de acuerdo para entregar las ayudas "a su libre albedrío", según fuentes de la investigación, y beneficiar a personas cercanas al gobierno andaluz y al PSOE, como el exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés o el exalcalde de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado, ya imputado en la causa.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, los expertos en delitos económicos de la Sección de la Seguridad Social de la UDEF decidieron revisar al azar uno de los expedientes de concesión y concluyeron que de las 30 ayudas agrupadas en ese documento, nada menos que 29 eran fraudulentas, y la que hacía la número 30 se 'legalizó' cuando el empresario detectó que la investigación ya estaba en marcha. Al menos en este expediente, la tasa de fraude alcanza el 96,6%. 

Los arrestos se produjeron este miércoles. Los detenidos son Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como Director Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, José Martínez Iglesias, como Secretario General de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo, José Ángel Gil Flores, como Jefe de Servicio de Formación provincial (SAE) y Manuel María Velázquez Cabrera, como Jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua (SAE).

A todos ellos se les acusa de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta nueva fase de la operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva. Se estima, según informa Ep, que los fondos públicos concedidos por las personas investigadas ascendió a más de 12 millones de euros de los que, de momento, los investigadores de la UDEF han podido acreditar 2,9 millones defraudados tras el estudio de un sólo expediente. 

En el marco de la investigación, la Policía acusa a Eduardo Manuel Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales. Incluso habría apartado a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades. La Policía Nacional ha descubierto que controlaba directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley y que manipuló los expedientes fraudulentos para aparentar que todas las ayudas habían sido debidamente justificadas.

Las fuentes consultadas relatan cómo este detenido llegó incluso a falsear la constitución del Órgano Colegiado dispuesto legalmente para estas actividades y que determinaba arbitrariamente los baremos a tener en cuenta para las subvenciones.

Asimismo, la UDEF ha detectado que el Director del SAE de Huelva consintió tramitar al menos una subvención a sabiendas de su injusticia. Además, para tratar de ocultar su responsabilidad en esta decisión, usó al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo en Huelva para que firmase la subvención bajo una supuesta delegación de firma realizada en fraude de Ley a juicio de la Policía.

Las detenciones se producen en plena comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores. La UDEF y la Intervención de la Junta han concluido que los fondos públicos estafados en total ascienden a 3.000 millones de euros

Andalucía

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