La juez divide en nueve piezas la instrucción de la estafa de los cursos de formación
  1. España
  2. Andalucía
mismo 'modus operandi' que el caso ere

La juez divide en nueve piezas la instrucción de la estafa de los cursos de formación

María Núñez Bolaños sigue adelante con la causa que investigaba la magistrada Mercedes Alaya en coordinación con la Guardia Civil

Foto: La juez divide en nueve piezas la instrucción de la estafa de los cursos de formación
La juez divide en nueve piezas la instrucción de la estafa de los cursos de formación

La juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dividido en nueve piezas la hasta ahora macrocausa de cursos de formación que investigaba la magistrada Mercedes Alaya en coordinación con la Guardia Civil y al margen de la Policía Nacional que a través de la UDEF impulsó el caso EDU en todas las provincias andaluzas. [Pinche aquí para leer el auto]

Bolaños separa por un lado el entramado empresarial del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, cuyo grupo recibió en apenas cuatro años (2008-2012) subvenciones autorizadas por 17 altos cargos diferentes de la Junta de Andalucía, como publicó El Confidencial. Aparte de Ojeda Avilés, la magistrada también investigará de forma separadas las sociedades vinculadas a Pérez González y Velázquez Sierra, según el auto difundido por el TSJA.

Los cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales -CIOMIJAS, FORMADES, FORMAN y CTI también serán analizados de forma independiente por Núñez Bolaños, además de la causa que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y, por último,la relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La magistrada ha utilizado el mismo ‘modus operandi’ que en el caso de los ERE de investigar diligencias separadas

La Fiscalía solicitó el pasado mes de septiembre la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de esta macrocausa, y exponer la jurisprudencia acumulada y consolidada que aconseja la división. Núñez Bolaños expone en su auto que la regla general “es el enjuiciamiento separado,cada hecho en su causa, y sólo se acumulará cuando el juez lo considere conveniente y, si ello no supone crear una macrocausa".

La magistrada ha utilizado el mismo ‘modus operandi’ que en el caso de los ERE de investigar diligencias separadas. “La macrocausa actual de los cursos de formación es una acumulación no necesaria y cuya separación o desglose no divide continencia alguna, siendo susceptible de investigación y enjuiciamiento separado", argumenta Núñez Bolaños en clara referencia al modo de actuar de su antecesora, Mercedes Alaya.

Existe una excepción que remarca Núñez Bolaños. Admite que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ojeda” no debe separarse de la investigación realizada a Delphi”, y a la instrucción sobre laactividad desarrollada por empresas integradas todasen el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por él, denominadas Aea, Humanitas, Innova, Inteca y Natura otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010 .

En este sentido, la juez remarca que la investigación realizada hasta el momento "viene poniendo de manifiesto que Delphi actúa junto con el entramado empresarial vinculado al Sr. Ojeda, existiendo indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en el entramado de sociedades y asociaciones vinculados al Sr. Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi [con 500 trabajadores colgados y sin empleo], existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".

Sobre la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que recibieron para cursos de formación los distintos consorcios creados por la Junta de Andalucía con diferentes entes locales -un total de 14 consorcios- y el destino dado a estas subvenciones, en el auto se indica que "hasta ahora solo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro, y sólo con respecto a dos se han realizado actuaciones policiales, CIO Mijas y Formades. “Por ello, la investigación de cada uno de los consorcios debe realizarse de forma separada y ahora será de CIO Mijas, Formades, Forman y CTI. Los atestados relativos a nuevos Consorcios que presente la UCO darán lugar a la incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento.

La octava pieza establecida por la juez es la que investigará a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación. Según se señala en el auto, se investigará sobre “la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a subvenciones para formación que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación".

Por último, la novena pieza se refiere al SAE., “por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuado de altos cargos, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año”, con la detención de directores Provinciales del SAE y jefes de Servicio de Formación Profesional para el Empleo.

Mercedes Alaya María Ángeles Núñez Bolaños Cursos de formación Andalucía