La sustituta de Alaya pasa la trama de los ERE al juez de refuerzo para agilizar la causa

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el juez de refuerzo Álvaro Martín instruya seis tomos de los ERE para agilizar la instrucción del macroescándalo de corrupción que afecta a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Martín será ahora el encargado de instruir la trama angular de las falsas prejubilaciones tramitadas por el Gobierno andaluz donde se incluyen imputaciones penales contra 52 ex altos cargos. Esta pieza judicial tendrá sentencia posiblemente a finales de 2016. Será la primera que se culmine tras más de cinco años de instrucción de uno de los casos de corrupción más importantes del país, que investiga el destino de unos 850 millones de euros públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis.

Chaves y Griñán se volverán a sentar en el banquillo y tendrán que declarar ante Martín después de haberlo hecho en el Tribunal Supremo. La jueza Bolaños dividió la causa de los ERE en seis piezas prioritarias para agilizar esta macroinstrucción que se salda con más de 200 imputados. La magistrada ya abrió diligencias previas contra los expresidentes andaluces y los 52 ex altos cargos al presumir “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”. Esta pieza juzgará los hechos “relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del procedimiento específico” que permitió durante una década el reparto de estas ayudas.

Cuando Martín compartía con la jueza Mercedes Alaya, ahora con plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, el trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se encontró con la negativa de Alaya a que se investigara nada que tuviera relación con los ERE. El magistrado, que es presidente de la conservadora Asociación Provincial de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, dejará los asuntos ordinarios del juzgado.

Núñez Bolaños, que carecía hasta su llegada al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de limitada experiencia en Penal (era jueza de familia), ya dividió de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica SA, y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago, elementos clave del ‘nido de la trama’.

Una decisión marcada por la retirada de Alaya

La propuesta, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes consultadas, ha sido "consensuada" entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartara a la jueza Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente "la oportuna distribución de cometidos" en relación a las 'macrocausas', todo ello "sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".

Antes de conseguir su plaza en la Audiencia de Sevilla, Alaya reclamó una comisión de servicio, de seis meses y prorrogable hasta un máximo de dos años, para continuar con la causa. El TSJA autorizó a que el magistrado Álvaro Martín pudiera seguir en comisión de servicio en el juzgado junto a Núñez Bolaños. El plan inicial de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla era dividir la causa: un bloque por la concesión de las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría las más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.