caso de los ere falsos de andalucía

La jueza Núñez abre diligencias por los ERE a Chaves, Griñán y otros 50 cargos

La magistrada da los pasos para que la pieza política sea la primera juzgada, imputando responsabilidades penales a Chaves y Griñán, a quienes volverá a sentar en el banquillo

Foto: Los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves (d). (EFE)
Los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves (d). (EFE)

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 50 ex altos cargos, serán juzgados por el caso ERE en una pieza política separada impulsada por la jueza Núñez Bolaños y que, según fuentes judiciales, tendrá sentencia posiblemente a finales de 2016. Será la primera pieza que se cierre tras más de cinco años de instrucción de uno de los casos de corrupción política más importantes del país, que investiga el destino de unos 850 millones de euros públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Todos los aforados que habían pasado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía regresan al juzgado sevillano y deberán volver a declarar ante la jueza, señalan fuentes del caso.

Tras dividir los ERE en seis piezas prioritarias para agilizar una macroinstrucción de más de 200 imputados, el último auto de la jueza Núñez Bolaños abre diligencias previas contra los expresidentes andaluces y otros 50 ex altos cargos presumiento “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”. Esta pieza juzgará los hechos “relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del procedimiento específico” que permitió durante una década el reparto de estas ayudas.

En concreto, la magistrada analizará el papel de estos exdirigentes políticos en el diseño del sistema de transferencias de financiación que permitió que los fondos públicos salieran del circuito habitual de las subvenciones y eludieran procedimientos de control, dejando las ayudas en manos de empresas públicas, primero IFA y después la Agencia Idea, ambas adscritas a la Consejería de Empleo. Este modelo fue aprobado en 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y quien sería su sucesor, entonces viceconsejero, Antonio Fernández, prorrogándose hasta 2010.

En el escrito, la instructora advierte de que se utilizaron las transferencias de financiación para pagar subvenciones cuando esta fórmula “no era la preceptiva” y advierte de que “se operaba incorrectamente” y “con criterios contrarios a la ley” en las normas de Presupuestos. Subraya además que las empresas públicas que libraban las ayudas acudieron a una operación de tesorería para utilizar esta fórmula, “lo que impedía que pudieran ser incluidas legalmente”, y acusa al IFA e IDEA de “manipular a partir del año 2003 su presupuesto” al consignar “indebidamente” estos pagos. También señala la posible responsabilidad penal de estos ex altos cargos en las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron para nutrir el sistema y en el modelo de encomienda de gestión que permitió la financiación a través de empresas públicas, lo que permitió eludir controles habituales de la Intervención General.

Manuel Chaves, tras declarar en el Tribunal Supremo. (Reuters)
Manuel Chaves, tras declarar en el Tribunal Supremo. (Reuters)

 

Ya en su anterior auto, la jueza recordó que sobre esta cuestión “ya existe un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no solo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos”, por lo que se unirán a esta pieza separada íntegramente tanto la pieza de los aforados del Supremo como del TSJA. En el listado de ex altos cargos, figuran los expresidentes y los exconsejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, además de Viera, Carmen Martínez AguayoManuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y Martín Soler. Figuran además los exviceconsejeros de estos departamentos, exdirectores generales, el que fuera interventor general Manuel Gómez, el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río y todos los que fueron miembros del consejo rector del IFA y la Agencia Idea, entre ellos el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, o el actual presidente no ejecutivo de Abengoa, José Domínguez Abascal.

El auto ha suscitado ciertas dudas sobre qué pasa con el delito de malversación de fondos que el Supremo señaló en el suplicatorio dictado para el exconsejero José Antonio Viera. Mientras que para Chaves, Griñán o Zarrías el Supremo señaló un presunto delito de prevaricación administrativa, en el caso del exconsejero de Empleo añadió el de malversación de fondos públicos. Fuentes del caso señalaron que presumiblemente Viera será juzgado por este delito en la pieza que se abra sobre las ayudas directas a empresas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla, el epicentro de la trama y donde se dieron la mayor parte de los fondos públicos. La Guardia Civil ya destacó “el papel esencial” de Viera en esta causa. No obstante, algunos abogados del caso advierten de que, por el momento, la jueza Núñez Bolaños no ha dicho nada concreto sobre Viera u otros responsables políticos más allá de lo recogido en este último auto.

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