Andalucía propone suspender el régimen de visitas a los denunciados por maltrato

El Gobierno andaluz de Susana Díaz ha lanzado un propuesta de pacto de Estado contra la violencia machista tras unos meses que están siendo especialmente crueles contra las mujeres con 48 asesinadas en 2015, 10 en Andalucía. Entre las medidas abanderadas por la Junta de Andalucía, hay una que será sin duda polémica. Reclaman que se suspenda el régimen de visitas a los padres denunciados por maltrato, haya o no condena firme en su contra.

La consejera andaluza de Igualdad, María José Sánchez Rubio, defendió que deberían bastar informes policiales, médicos u otras pruebas acreditadas por los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista para suspender automáticamente las visitas. Andalucía asegura que tiene datos e informes que alertan de una nueva forma de violencia ejercida por los maltratadores contra sus parejas o exparejas utilizando a los hijos “para vengarse”.

El principal problema detectado, según fuentes del Gobierno andaluz, lo viven las madres que son retiradas a centros de acogida para ser apartadas de sus maltratadores. La mayoría tienen que dejar salir a sus hijos para reunirse con sus padres fuera del centro y son muchas, sostienen desde la Consejería de Igualdad, las que sufren amenazas con los hijos como arma. Según los datos oficiales, en 2015 hay 41 niños huérfanos por violencia machista y el 46,6% de las víctimas asegura que sus hijos han sido testigos directos de los malos tratos. En España se contabilizan tres niños asesinados juntos a sus madres en casos de violencia machista, y cinco casos se están investigando, uno de ellos en Andalucía. Sin embargo, la Junta insiste en que más allá de estos datos, hay una nueva tendencia de los maltratadores a chantajear a sus víctimas aprovechando el régimen de visitas.

El Gobierno del PP ya se comprometió a regular en la ley de corresponsabilidad parental la retirada de la guardia y custodia para padres maltratadores con sentencia firme. Sin embargo, fue objeto de polémica que dejara una puerta excepcional abierta para fijar un régimen de visitas. Hasta ahora, los jueces deciden sobre cada caso aunque el Código Civil impide la custodia individual de los padres que estén procesados por violencia de género e inmersos en un proceso de separación y divorcio.

Sin embargo, hay casos en los que se resuelven las condenas en vía penal al maltratador pero la custodia, pendiente de la vía civil, sigue en el aire y ejerciéndose. En muchos casos, las sentencias fijan derecho a visita de sus hijos para los maltratadores en puntos de encuentro tutelados y siempre que se acredite que se han sometido a terapia. El pasado octubre, el Supremo avaló por primera vez que los asesinos de sus parejas pierdan por la vía penal la patria potestad de los hijos. La sentencia pionera, sobre un caso de intento de asesinato en Guadalajara en 2013, avala directamente la retirada de la custodia por la vía penal y sin esperar la vía civil por la que normalmente se resolvían estos casos.

La propuesta será sin duda polémica, pues supone limitar el derecho a la presunción de inocencia de los denunciados por violencia machista. Por mucho que la Junta haga esta reivindicación al Estado y promueva un cambio en la legislación, la última palabra es de los jueces. La consejera de Igualdad insistió en que no bastaría con una simple denuncia sino que deberían darse indicios “ciertos y serios” de maltrato, acreditados por los servicios sociales o sanitarios, para suspender el derecho de los acusados a estar con sus hijos.

“Hay que mojarse”, insistió Sánchez Rubio. Sobre si estas dos propuestas de pactos en la antesala de las elecciones tienen sentido para el Gobierno o son simples reclamos electoralistas, la consejera aseguró que no tienen nada que ver con el 20-D. “Ustedes podrán pensar lo que quieran”, advirtió.

La Junta andaluza también incluye medidas como hacer un seguimiento de las mujeres que retiren denuncias de violencia machista para “no perder el control” sobre estos casos, que en muchas ocasiones acaban en muertes. También proponen crear juzgados de lo penal específicos en violencia machista y jueces de instrucción exclusivamente dedicados a estos casos. Abogan también por “visibilizar” a otras víctimas indirectas del maltrato, como amigos o familiares de las maltratadas. El pacto incluye también la propuesta de recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El otro gran acuerdo adoptado por el Gobierno andaluz en su reunión habitual de los martes pasa por proponer al Estado un pacto en defensa del derecho a la dependencia conforme a la ley de Zapatero que entró en vigor en 2007. Andalucía alerta de la “asfixia” de las comunidades por mantener “a pulmón” este derecho tras las modificaciones aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Junta asegura sufragar un 78% de la ley de dependencia frente al 22% que financia el Estado, cuando el reparto debería de ser, según la ley, al 50%. El Presupuesto andaluz de 2016 consigna 1.160 millones de euros para cubrir la dependencia, el estatal fija 1.200 millones para toda España.

El pacto lanzado por Andalucía exige que se replantee la financiación y se garantice que la valoración, prescripción y control e inspección de la dependencia queden en manos públicas. Asimismo, defiende el papel de los ayuntamientos para sostener el sistema y fija un plazo máximo de seis meses para que sean atendidas las solicitudes. Ahora las esperas son interminables y muchos dependientes fallecen antes de recibir este derecho. La Junta exige además, en clara oposición al Gobierno del PP, que cualquier reforma o recorte que se lleve a cabo de la ley se tenga que hacer en el Congreso de los Diputados y con un consenso similar al que obtuvo la norma.

No es la primera vez, ni será la última, que la dependencia entra en la campaña electoral y es motivo de confrontación con el Gobierno. La presidenta Susana Díaz afeó duramente al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que durante una reciente visita a Andalucía le preguntara por el destino de los fondos que cada mes el ministerio envía para cubrir la dependencia, aludiendo a la mala gestión de la Junta y tras advertir sobre las abultadas listas de espera que sufren los dependientes para ser baremados en esta comunidad.