DENUNCIA DE LA EXPROPIADA ANDALUCÍA MINING

La Junta adjudicó Aznalcóllar sin analizar las cuentas ni la solvencia de Grupo México

La norma autonómica deja claro que sin la suficiente solvencia habría sido “imposible contratar con la Administración”

Foto: Fotografía de archivo de una vista aérea de la rotura del muro de contención de Aznalcóllar. (EFE)
Fotografía de archivo de una vista aérea de la rotura del muro de contención de Aznalcóllar. (EFE)

Un informe jurídico desmonta algunas de las verdades oficiales de la Junta de Andalucía en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. El Gobierno autonómico no analizó las cuentas anuales del Grupo México, ganador del concurso, ni comprobó su nivel de solvencia, según una denuncia -a la que ha tenido acceso El Confidencial- presentada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla por SC Andalucía Mining SA. Esta compañía contaba con unos permisos de investigación expropiados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, tras el proyecto de reapertura de la explotación minera.

Los imputados de la mesa de contratación declararon ante la jueza que “vieron el ordenador y que formalmente tenía las cuentas anuales”. Esta versión entraría en colisión jurídica con la propia consultiva de contratación de la Junta de Andalucía, que en Recomendación 5/2001, que aplica el texto de la anterior ley de contratos, establece “con rigor el papel en la comprobación de la solvencia y específicamente la económica”.

En este apartado queda claro que el análisis de las cuentas anuales del Grupo México, el causante del mayor vertido en la historia de México, resulta “esencial” y debe hacerse con medios técnicos con análisis de magnitudes: fondos propios, ratios de solvencia, tesorería y liquidez. También solvencia total: activo total/pasivo exigible y solvencia corriente: activo circulante/pasivo circulante, además de liquidez: disponible + realizable a corto/activo total y declaración de negocio global. “Ninguno de estos análisis se hizo en el caso presente”, denuncia el representante legal de Andalucía Mining. Según la propia Junta de Andalucía, “la falta de acreditación de la suficiente solvencia produce el efecto de la imposibilidad de contratar con la Administración”.

La Junta negó que Grupo México se presentara

¿Fue licitador Grupo México? Para los denunciantes no hay ninguna duda. Este diario ya adelantó el pasado mes de agosto que la Junta negó que el Grupo México se presentaba al concurso. Y es que la tesis de los imputados radicaba en que en el concurso público el grupo norteamericano “no intervenía como licitador”. “Esto choca con multitud de documentos obrantes en el procedimiento, desde la propia presentación de la licitación hasta la propia resolución de adjudicación”, precisa el escrito, que resalta cómo Minorbis/Magtel, regada con millonarias ayudas de la Junta, “no contaba con medios propios de solvencia”. Emerita denunció el pasado mes de agosto que no existía informe de solvencia.

La exdirectora general de Minas María José Asensio y el secretario genera,l Vicente Fernández. (EFE)
La exdirectora general de Minas María José Asensio y el secretario genera,l Vicente Fernández. (EFE)

En el informe se detalla un documento del 19 de mayo de 2015 de la Intervención Delegada de la Consejería, adjuntado en el escrito remitido por María José Asensio, directora general de Minas destituida por la Junta tras su imputación, con fecha de sello de salida 29 de mayo de 2015; en los folios tres y cuatro dice el interventor imputado José Marcos Acostas: “La primera reunión de la mesa de contratación se llevó a cabo el día 28 de abril de 2014… La entidad Grupo México-Minorbis se le requiere original...”. Hay otro escrito de aceptación de la resolución de adjudicación presentada el 12 de mayo de 2015, por Minera Los frailes, que especifica: “… de la que son sus únicos socios las dos entidades que forman el consorcio adjudicatario Grupo México-Minorbis (GM-M)...”.

Según Andalucía Mining, estos documentos acreditan que durante todo el proceso, el licitador y adjudicatario de Aznalcóllar, cuyas aguas siguen contaminadas según la UDEF, fue Grupo México-Minorbis, “y que solamente es a resultas del presente proceso penal se descubre la ausencia de sus requisitos obligatorios (informe oficina consular) cuando, por los funcionarios imputados se cambia la versión de los propios documentos y acuerdos, con la excusa de un error arrastrado pretendiendo hacer creer que el licitador adjudicatario era solo Minorbis, cuando insistimos siempre se había referido Grupo México-Minorbis por la Junta y por el propio licitador que así lo recuerda incluso en el escrito en el que dice aceptar la adjudicación”.

Piden que declaren los dueños de Minorbis

Foto: Grupo México.
Foto: Grupo México.

La denuncia explica también que la letrada de la Junta, Pastora Sánchez de la Cuesta, actúa conforme los principios de “legalidad, objetividad, diligencia, profesionalidad e imparcialidad" (artículo 25 decreto 450/2000 modificado por el 367/2011) y que resulta “completamente increíble que se produjera un error material arrastrado relativo a quién era el licitador, pues en todos los documentos figura como tal Minorbis/Grupo México; es mucho más que negligente que la letrada de la Junta se le pasara tal ‘error’ y que no se percatara del mismo hasta que no se abre un proceso penal en el que se descubre que no se le exigió al licitador Grupo México el informe preceptivo de la autoridad consular española”. Los vecinos de Aznalcóllar declararon a este diario que los mexicanos “al menos les daban de comer”.

SC Andalucía Mining solicita al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que interrogue en calidad de testigos o imputados a los representantes de Minorbis (Mario e Isidro López Magdaleno), “ya que en su beneficio se dictaron las resoluciones que, presuntivamente configuran los ilícitos penales que se investigan”. También piden que declare el secretario general de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández Guerrero, “quien no solamente fue partícipe en los hechos que fueron denunciados, sino que ha defendido públicamente la actuación del resto de imputados, respecto de los actos administrativos presuntamente dictados a sabiendas de su injusticia”. La Junta tiene intención de reabrir la mina en medio de todo este embrollo judicial.

Andalucía

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