Guerra abierta en el TSJA: su presidente afronta una convulsa renovación

Lorenzo del Río llegó en octubre de 2010 a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde la Audiencia Provincial de Cádiz acreditado como un juez moderado y un hombre de consenso. No era el favorito ni del Gobierno autonómico ni de los jueces. El juez, de la Asociación Francisco de Vitoria, tendrá que renovar su mandato al frente del alto tribunal andaluz el próximo mes de noviembre, igual que sus homólogos en Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

El Consejo General del Poder Judicial, el mismo que lo ha situado en la encrucijada de decidir sobre el futuro de la juez Mercedes Alaya al frente de los ERE deberá decidir sobre su continuidad y todo apunta a que será más convulso de lo que se hubiera esperado hace pocos meses. Incluso dan por hecho que su futuro no se despejará hasta que pasen las elecciones generales. Aunque hasta ahora la regla no escrita es la permanencia casi automática por dos mandatos, su continuidad está en el aire.

El clima en Granada, sede del TSJA, está mucho más enrarecido de lo habitual. Hasta el punto de que muchos dan por hecho que a Del Río le saldrán competidores. El presidente del TSJA es un moderado en minoría entre los jueces conservadores. Los asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) son mayoría en Andalucía. La corriente conservadora nunca ha logrado alzarse a la presidencia del alto tribunal andaluz. Es una plaza muy codiciada. Ya han saltado varios nombres. Han sido ‘invitados’ a la presidencia del alto tribunal andaluz magistrados como Ana Orellana, que preside la sección primera de la Sala de los Social del TSJA, y que escuchó con atención la oferta antes de declinarla. También el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, que igualmente rechazó el ascenso. Y otro juez, Manuel Estrella, que sucedió a Del Río al frente de la Audiencia de Cádiz, y que tampoco ha mostrado interés.

Ahora el nombre que más suena es el del magistrado Manuel Torres Vela, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Málaga y exvocal del Consejo General del Poder Judicial. Torres Vela no ha confirmado si presentará su candidatura. Es más, fuentes del alto tribunal andaluz aseguran que ha trasladado en su entorno que no es esa su opción. Torres Vela, también moderado y de la Asociación Francisco Vitoria, ha estado íntimamente ligado a Del Río en su trayectoria profesional y fue uno de sus grandes valedores. El nombre de este magistrado, hermano de quien fuera presidente del Parlamento andaluz, el socialista Javier Torres Vela, tampoco encaja en absoluto en el perfil del ala más conservadora.

Del Río tiene su futuro abierto. Detrás está la crisis interna abierta en el TSJA por el futuro de la juez Mercedes Alaya. El próximo martes 13 de octubre la Comisión de la Sala de Gobierno deberá por fin decidir, eso se espera, sobre el futuro de la magistrada de los ERE tras un aplazamiento por falta de acuerdo interno. Alaya ha solicitado una comisión de servicio para mantener el control de la instrucción. La división del caso en tres piezas impulsada por su sustituta, Ángeles Núñez Bolaños, y las malas relaciones entre ambas magistradas dificultan cualquier decisión. Del Río, dicen que en la misma línea que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, defiende la tesis de que la colaboración de Alaya con la nueva titular del juzgado es prácticamente imposible.

La juez envió un duro escrito al poder judicial, absolutamente inusual por el tono, en el que dudaba de la capacidad de su sucesora, Núñez Bolaños, y le atribuía una estrecha amistad con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, fiscal en excedencia. A ella llevan años vinculándola con Juan Ignacio Zoido, dirigente del PP y juez en excedencia. La guerra entre ambas magistradas es un hecho. Lo normal sería que hubieran llegado a un acuerdo entre ellas, pero eso es ya imposible. Núñez no la quiere en su juzgado en una jugada en la que muchos leen un viraje del caso claramente favorable para los socialistas.

El presidente del TSJA se ha quedado solo en su planteamiento de retirar a Alaya y los otros miembros de la Comisión de la Sala de Gobierno que deben tomar la decisión, que bendecirá el CGPJ, apuestan por la continuidad de la juez por encima del deseo de la actual titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. El asunto lleva desde el mes de mayo dando vueltas de Madrid a Granada. Fuentes judiciales admiten que Lesmes se ha negado a ponerle el cascabel al gato, ha optado por una salida cómoda y ha dejado el problema en manos de Del Río, que ha aceptado el incómodo encargo de quien debe, además, dirigir su renovación.

Fuentes judiciales señalan que el quid de la cuestión reside en la división que se abrió entre los vocales conservadores del CGPJ, que se alinearon entre los defensores a ultranza de Alaya y quienes creen que la jueza debe aceptar la promoción interna a la que ella misma accedió y quedarse en su nueva plaza de la Audiencia de Sevilla. Detrás de esta fractura y encabezando la postura más firme en defensa de la juez sevillana sitúan al vocal Gerardo Martínez Tristán, marido de una exconsejera de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y al que los socialistas trataron sin éxito de recusar al frente de los recursos de las mareas blancas contra la privatización de la sanidad madrileña.

Ni la Junta lo ha defendido

El presidente del TSJA está en el disparadero. Entre sus defensores aseguran que el principal problema de este magistrado, nacido en Jaén, de carácter sobrio y del que siempre se ha destacado su perfil sin aristas y sin filias ni fobias, reside en que no es querido ni por la Junta ni por el ala conservadora de la magistratura. Durante los cuatro años que dura la instrucción de los ERE desde el Gobierno andaluz, siempre sin micrófonos, se han lamentado muchas veces de que Del Río no le haya parado los pies antes a la juez Alaya. “Con Méndez de Lugo esto no hubiera pasado”, han entonado en privado muchos socialistas.

Su antecesor en el cargo estuvo de forma inusual tres mandatos al frente del TSJA. Esta versión dista mucho de la que ahora ofrecen otros magistrados que ponen el acento en el activo papel que supuestamente está jugando el presidente del alto tribunal andaluz para que la juez Alaya abandone los ERE justo ahora que el Supremo ha renunciado al caso y los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se verán las caras con la instructora que se quede en Sevilla. Sin duda los expresidentes preferirán quedarse a cargo de Núñez Bolaños, a quien vinculan con el consejero de Justicia Emilio de Llera.

Del Río se ha visto envuelto en otra polémica que no es menor después de que la Junta haya admitido que paga 1.300 euros mensuales en concepto de indemnización por vivienda al presidente del TSJA. El acuerdo del pago de estas dietas, que fue desvelado el pasado verano por ‘Infolibre’, había permanecido en secreto desde 2010. El Gobierno andaluz, que tanto presume de transparencia, jamás dio cuenta de esta remuneración. Muchos de sus compañeros señalan que este complemento mensual con cargo a la Junta puede ser legal pero dudan de que sea estético y razonable. De hecho por algo se ha mantenido oculto. En Extremadura, Canarias o Valencia los presidentes de sus tribunales han disfrutado de vivienda. En Andalucía, jamás.

Además de la vinculación de la juez Núñez Bolaños con el consejero andaluz de Justicia y dentro de la guerra abierta, algunos interesados sacan también a relucir la estrecha amistad de Del Río con el juez en excedencia Juan Carlos Campo Moreno, exsecretario de Estado de Justicia y actual alto cargo de Susana Díaz en la secretaría general de Relaciones con el Parlamento, una plaza clave en mitad de la agitada vida de la Cámara andaluza. Pero ni Campo, que es el número tres de los socialistas en las listas de las generales por Cádiz y deberá cesar en su puesto en breve, ni la Junta de Andalucía tienen nada que decir en el futuro del presidente del TSJA.

La decisión dependerá en exclusiva de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el culebrón está servido. A Del Río, su superior Lesmes le ha endosado la decisión sobre la juez Alaya posiblemente para ahorrarse problemas. Lo que no se sabe es si le podrá garantizar su continuidad. Todo depende, apuntan varias fuentes, de que la corriente conservadora dé con un perfil idóneo y dispuesto a alzarse con el puesto. Y posiblemente también dependerá de forma indirecta de lo que pase en las próximas elecciones generales.