informe del letrado mayor de la Cámara

Ciudadanos sigue el juego al PSOE en Andalucía pese a los avisos de ilegalidad

Un informe del letrado mayor de la Cámara advierte de que el veto a las iniciativas de la oposición puede llevarse a los tribunales y los diputados tendrán responsabilidades individuales

Foto: El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. (EFE)
El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. (EFE)

El Parlamento andaluz está viviendo días que pasarán a lo peorcito de su historia. El veto del PSOE, con el apoyo cómplice de Ciudadanos, a que se tramiten iniciativas de la oposición es el origen del conflicto. Un informe, sin precedentes, del letrado mayor de la Cámara, el jurista Javier Pardo, ha dejado sin argumentos a los socialistas y sin rumbo al partido de Albert Rivera. Advierte de que el veto a la tramitación de leyes que se está produciendo desde hace semanas en la Mesa del Parlamento puede conllevar “responsabilidades jurídicas personales” de los diputados y que los partidos de la oposición están en su derecho de pedir amparo en los tribunales. Diferencia entre la inviolabilidad del diputado en lo que se refiere a las votaciones “de naturaleza política” y lo que atañe a la “gestión y organización interna de la Cámara”.

El letrado señala que la ley de cuentas abiertas, defendida por Podemos, y la de supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, del PP, “cumplen los requisitos para su admisión a trámite”. Pese a la contundencia del escrito, de 13 folios, la Mesa del Parlamento volvió este miércoles a dejar las iniciativas en el cajón. El voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos lo permitieron.

Para enredar todavía más, el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, que sigue compaginando su cargo institucional con el ‘aparato’ desde la secretaría general del PSOE cordobés, sacó adelante una resolución que obliga a los partidos a acompañar de varios informes sus proyectos de ley. Los votos a favor de PSOE y Ciudadanos lo facilitaron. Además, impone el carácter retroactivo de esta medida. A partir de ahora, cualquier ley de un grupo parlamentario tendrá muchos más requisitos que la que lleve a la Cámara cualquier grupo de ciudadanos a través de una iniciativa legislativa popular.

Una memoria de fines y objetivos, un estudio de cálculo y coste económico de la ley y una informe de impacto de género deberán acompañar cualquier iniciativa de la oposición. El endurecimiento de las condiciones es claro, por más que Ciudadanos defienda en los pasillos de la Cámara que se trata de informes que se hacen “con un simple programa informático”. Se cambian las reglas a mitad del partido y además se obliga a que cuenten desde el primer minuto de juego.

PP, Podemos e IU asisten indignados al espectáculo y no descartan una denuncia por “prevaricación”. La escalada de acusaciones sube y sube. El PSOE habla del intento de imponer una “dictadura enmascarada” desde el Parlamento y denuncia el intento de la oposición de meter miedo con los tribunales. El Gobierno de Susana Díaz ya ha admitido abiertamente que hay “razones políticas” detrás de sus maniobras en la Cámara. Lo dijo en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Los socialistas, acostumbrados a las mayorías absolutas, ven peligrar el control en la Cámara, donde tienen una débil mayoría con 47 de los 109 diputados, y no se resignan a perder votaciones. El diálogo político que ahora está tan de moda sigue sin aparecer.

Lo más llamativo es el papel de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera no se explica o lo que argumenta es ininteligible. La jornada del miércoles lo confirma. Volvieron a abstenerse permitiendo al PSOE bloquear las iniciativas de la oposición y votaron a favor de añadir trabas para tramitar leyes. Después de consumar esto, el portavoz, Juan Marín, sostuvo que, a la vista del informe del letrado y con las “lagunas” jurídicas despejadas en la siguiente ocasión, votarán a favor de que se desbloqueen las iniciativas de PP y Podemos. Lo malo es que cuando esto ocurra, tendrán que volver al inicio porque deberán acompañarse de nuevos informes legales. Hay trampa, el veto en realidad se habrá consumado.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

Las lecturas sobre el papel del partido de Albert Rivera son diversas. Desde el PP dan por hecho que hay un pacto consumado con el PSOE, lo que agitan convenientemente ante unas próximas generales donde ya ha quedado claro que Ciudadanos será su principal enemigo a batir. Desde Podemos simplemente creen que Ciudadanos ni conoce, ni estudia ni se entera de los mecanismos parlamentarios y se deja en la mesa mangonear por el PSOE. IU lamenta que la presidencia del Parlamento se haya convertido en una “terminal” del PSOE y deplora los “obstáculos” a la oposición.

En este ambiente, se abrirá este jueves la comisión de investigación sobre los cursos de formación. Ciudadanos quiere tener el control y hacerse con la presidencia y para ello cuenta con los votos del PSOE. El PP ha propuesto una presidencia rotatoria y Podemos e IU quieren también este papel. Tampoco se prevé acuerdo sobre los comparecientes. El PP llamará a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Ciudadanos en Andalucía dijo que la presidenta de la Junta no tenía nada que aportar. Albert Rivera corrigió a Juan Marín y dijo que sí reclamarían su comparecencia. Está por ver.

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