La guerra política en Andalucía da un palo a 23.000 funcionarios

Los 23.000 funcionarios andaluces que esperaban ver cómo el Parlamento aprobaba una demanda por la que llevan peleando en los tribunales los últimos cuatro años se llevaron la peor parte de la guerra política que atenaza Andalucía. Aunque los socialistas presuman de estabilidad y de normalidad institucional, queda claro que esto no existe ahora mismo en la comunidad que preside Susana Díaz.

La oposición ganó el pulso al PSOE e impidió aprobar un decreto-ley que abría la puerta al concurso interno para los trabajadores públicos andaluces, reconociendo y puntuando los servicios previos como interinos de muchos de estos funcionarios. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, saboreó en primera persona una derrota que anticipa las graves dificultades que va a enfrentar para sacar adelante el próximo Presupuesto andaluz. Los socialistas dependen de Ciudadanos a todos los efectos, y el partido de Albert Rivera, conforme se aproximan las elecciones generales, empieza a intentar desquitarse del papel de cómoda muleta de los socialistas que se han ganado hasta ahora. Y el 1 de octubre arranca la comisión de investigación sobre los cursos de formación.

La promoción interna en la Administración andaluza lleva cuatro años bloqueada. Han sido muchas las sentencias ganadas por los trabajadores, que han llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anuló sentencias en sentido contrario del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El último concurso interno se remonta a 2011. El Sindicato Andaluz de Funcionarios se oponía a su tramitación. El Consejo Consultivo de Andalucía, con un voto particular en contra, había avalado la norma. Para muchos trabajadores, algunos presentes en la Cámara y que se quedaron estupefactos con el resultado final, esta ley les permitiría hacer valer su experiencia y sus trienios para trasladarse a destinos más próximos a sus familias o avanzar en puestos de mayor responsabilidad. El quid de la cuestión es que los años de interinos computen como antigüedad en los concursos de méritos.

La minoría parlamentaria del PSOE y su falta de capacidad para llegar a acuerdos con la oposición pasan factura. A la presidenta Susana Díaz se lo están poniendo mucho más complicado de lo que ella misma presumía cuando proclamó que gobernaría en solitario y sin pactos de Gobierno. En realidad, hasta ahora el apoyo de Ciudadanos, que permitió su investidura, le ha ido dando oxígeno. Pero en esta ocasión, el partido de Albert Rivera optó por la abstención, lo mismo que Izquierda Unida. Los votos en contra de PP y Podemos, 47, casi igualaron a los del PSOE, 46, porque uno de sus diputados erró al votar. En cualquier caso, el resultado habría sido un empate que habría acabado con la norma devuelta a la tercera votación.

El decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 27 de agosto y que debía ser convalidado por la Cámara quedará en un cajón. Es la primera vez desde que en 2007 el Ejecutivo andaluz ganó la potestad de legislar por decreto-ley, de la mano del nuevo Estatuto de Autonomía, que la oposición tumba una norma. El episodio no es un hecho aislado. El enfrentamiento político que hace irrespirable la vida parlamentaria en Andalucía tensó la cuerda al límite. Se hace política de trincheras y estos son los resultados.

En la misma jornada, el PSOE desvelaba que el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, que conserva su sillón en el aparato socialista como secretario general del PSOE de Córdoba, había remitido una resolución a los grupos parlamentarios que endurece y cambia las condiciones para tramitar iniciativas legales. Un intento de cambiar las reglas del juego en mitad del partido para blindarse aun en minoría que ha llevado a PP y Podemos a anunciar una denuncia por prevaricación contra la Mesa del Parlamento. Ciudadanos sí apoya una reforma reglamentaria que permitiría al PSOE ganar mucho terreno. Se apoya para ello en un discurso incomprensible de su portavoz, Juan Marín, hablando de “mayores garantías” para la oposición. Todo adquiriría un toque surrealista si no fuera por la importancia de fondo y los mensajes que trasladan los 109 diputados andaluces.

Los socialistas, con la abstención crucial de Ciudadanos, han impedido hasta ahora tramitar cualquier texto legal impulsado por la oposición. Alegan que no se pueden debatir normas que condicionan el presupuesto andaluz aunque hasta ahora habían llegado a pleno y se habían debatido sin problemas. La diferencia es que antes los socialistas tenían mayoría absoluta para tumbar las propuestas de la oposición y ahora están en un complicado escenario de minoría. ¿Y el diálogo político? Esa es la gran pregunta.

La oposición coincide al unísono en denunciar las formas prepotentes y soberbias de un partido que lleva más de 30 años gobernando la autonomía en mayoría absoluta o con coaliciones de Gobierno como las cerradas con el extinto Partido Andalucista o Izquierda Unida. En los corrillos de los diputados de la oposición, al terminar la votación se palpaba la satisfacción de doblar el pulso a Susana Díaz. “A ver si se enteran de una vez”, soltó un líder de la oposición por lo bajini al salir del hemiciclo. El PSOE por su parte denuncia una “pinza irresponsable” de PP y Podemos para tratar de dañarlos a toda costa y aseguran que el voto de IU se guía y está condicionado por los movimientos que haga el partido de Pablo Iglesias.

En el decreto-ley que permitiría a los funcionarios la promoción interna, los socialistas aseguran que habían dialogado con todos los partidos y que tenían amarrado el sí de IU que en el último minuto se cambió por una abstención. Izquierda Unida lo niega tajantemente. Su diputada Elena Cortés llamó precisamente al diálogo y dejó claro que es el PSOE quien debe “hacérselo mirar” en lugar de echar todas las culpas a los demás. Desde el PP alertaron de que la norma era una “chapuza jurídica” que consideran “ilegal a todas luces”. Para Podemos simplemente no se puede legislar “a golpe de decreto” y “bajo amenazas” y reclamó que se abra el diálogo y se lleve al Parlamento un proyecto de ley. Ciudadanos optó por la abstención, pero esta vez sí fue duro en sus posicionamientos, acusando al Gobierno andaluz de “mala praxis” durante años con los trabajadores públicos.