El Supremo cierra la puerta a que la Junta recupere 92 millones de ayudas de los ERE

El Tribunal Supremo ha cerrado una puerta muy importante a la Junta de Andalucía para que recupere buena parte del dinero supuestamente defraudado en el caso ERE. A pesar de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, sigue repitiendo que recuperarán cada euro sustraído al erario público, la estrategia de su gabinete jurídico está haciendo aguas y son ya varios los batacazos judiciales. Ya hay sentencia firme en lo referido a las ayudas directas a empresas en crisis, una de las patas más importantes del presunto fraude junto a los intrusos en los expedientes de regulación de empleo y las sobrecomisiones a sindicatos y aseguradoras.

El Alto Tribunal deja claro, en una sentencia a la que ha tenido acceso 'El Confidencial', que no se puede pedir la restitución del dinero “después de un lapso de tiempo muy prolongado, tanto que supera con creces el de la prescripción” y antepone “razones de seguridad jurídica” a la nulidad de estas ayudas. La Junta recurrió alertando de que la recuperación de “92 millones de euros” estaba en juego. El fondo público supuestamente ilegal investigado en los ERE asciende a 855 millones de euros, según la jueza Mercedes Alaya, de los que 160 millones de euros pudieron ser malversados por varias vías.

El Gobierno andaluz recurrió al Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de marzo de 2014 que eximía a Antonio Diana Expósito, un empresario de la Sierra Norte de Sevilla, comarca señalada como el epicentro de los ERE, de devolver los 60.000 euros que recibió como ayuda pública para hacer obras en una gasolinera de Cazalla de la Sierra. Su defensa está a cargo de Pedro Rodríguez de la Borbolla, de Borbolla Abogados. El TSJA dejaba claro que en la concesión de la ayuda “se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y ratificaba su nulidad. Sin embargo, anteponía el principio de seguridad jurídica sobre el de legalidad. Entre otras cosas valoraba la “buena fe” del empresario y que el dinero público fuera finalmente destinado al fin con el que fue entregado.

La Junta recurrió al Supremo por entender que esta sentencia era “errónea” y “gravemente dañosa para el interés general”. Admite que hay muchos otros expedientes como el enjuiciado y advierte de que “de consolidarse la doctrina de la sentencia recurrida, impedirán a la Administración de la Junta de Andalucía la recuperación de un montante que ronda los 92 millones de euros, que ha sido satisfecho de forma ilegal”. En su recurso, tumbado sin medias tintas por el Supremo, relaciona este expediente con “otros 210 tramitados”. El Gobierno andaluz dictó una orden en julio de 2012, ya con el caso en los tribunales, para reclamar la restitución de estos fondos. La mayoría de las ayudas de los ERE se concedieron entre 2000 y 2008.

El Supremo desestima el recurso de la Junta y además la obliga a pagar las costas, “hasta un máximo de 4.000 euros”, al empresario demandado. El fallo se niega a reconocer, como pedía la Junta, que el plazo de prescripción de estas ayudas cuente desde el momento en el que son reconocidas como nulas, 2012, y no en el momento de la fecha de concesión, en este caso 2004. El plazo de prescripción en la ley de subvenciones es de cuatro años.

El Abogado del Estado se alineó con la petición del Gobierno andaluz y el Ministerio Fiscal en su contra. El Alto Tribunal se suma sin dudarlo a las tesis del TSJA y considera que hay otros principios que “atemperan” la nulidad de la ayuda. En concreto cita el artículo 106 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que pone límites a la revisión: “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. El Supremo no entra en fijar ningún plazo de prescripción “ni propugna ninguna doctrina” al respecto, como pedía la Junta.

El dinero recuperado por la Junta del caso ERE sigue suponiendo una cifra mínima cuatro años después de que estallara este escándalo. Según ha ido informando el Gobierno andaluz, a preguntas del Partido Popular, la cantidad reclamada asciende a unos 71 millones de euros, de los que solo 1,2 millones han sido devueltos de forma voluntaria por los beneficiarios. Según publicó 'El Confidencial' hace ya casi un año -y desde entonces la Junta no ha refrescado sus números-, apenas se ha recuperado uno de cada 100 euros defraudados en casos como el de los ERE, cursos de formación y facturas falsas de UGT. Hace solo unos días el PP ha vuelto a reclamar al Gobierno andaluz que concrete en el Parlamento cuánto dinero ha recuperado por la reclamación a trabajadores, cuánto a empresas, cuánto a ayuntamientos y cuánto ha reclamado de forma firme.

EL TSJA abrió otra vía a favor de los "intrusos"

No solo el Supremo ha desmontado la estrategia de la Junta para recuperar estas ayudas. El TSJA también abrió una vía para que los intrusos en los ERE no tengan que devolver el dinero cobrado. En este caso, la Junta se equivocó al reclamar las ayudas a las empresas beneficiarias, según el alto tribunal andaluz, y debería haberlo hecho a las aseguradoras que suscribían las pólizas y que eran las que pagaban a los trabajadores. De hecho, hay intrusos que no han tenido que devolver el dinero de las prejubilaciones gracias a una sentencia a su favor.

En mitad de este laberinto judicial, plagado de sentencias negativas para la Administración andaluza, la consejera de Hacienda se dirigió al Ministerio de Justicia para que habilitara una “vía exprés” en los tribunales que permitiera recuperar el dinero defraudado. La presidenta Susana Díaz llegó a prometer en diciembre de 2013 destinar “hasta el último euro de dinero público defraudado” a fomentar la contratación de jóvenes. Ese fondo prometido, que estuvo acompañado de su compromiso de “lucha implacable contra la corrupción”, nunca ha llegado a ver la luz.

La jueza Mercedes Alaya destripó en uno de sus autos el supuesto funcionamiento del fondo de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla, una comarca que fue señalada por la Guardia Civil como el nido de la trama. Estos pueblos se embolsaron 56,4 millones de los 85 repartidos para toda Andalucía bajo la fórmula de ayudas directas a empresas en crisis. El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados, era de El Pedroso, una localidad de esa comarca, en la que el todavía diputado José Antonio Viera asentaba buena parte de su peso político como dirigente entonces del PSOE sevillano. El tándem de empresarios formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, ligados a Viera, acaparó buena parte de estas ayudas.