marcará la agenda y las comparecencias

Ciudadanos sigue su ‘romance’ con el PSOE-A y negocia controlar la comisión de los cursos

La oposición teme que haya un pacto político que permita una comisión blanda, fácil para Susana Díaz y desconfía de que el partido de Albert Rivera dirija los trabajos en el Parlamento

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibe la felicitación de Juan Marín (d), de Ciudadanos, tras ser investida. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibe la felicitación de Juan Marín (d), de Ciudadanos, tras ser investida. (EFE)

PSOE y Ciudadanos firmaron en Andalucía un pacto limitado a facilitar la investidura de Susana Díaz. Así lo contaron. Lo cierto es que meses después de aquella firma, nadie en la oposición duda de que el noviazgo es estable y de que hay acuerdo para toda la legislatura. En cada paso político del líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, PP, Podemos e IU ven claro que es la mano de Susana Díaz la que mece la cuna. Cada vez tienen menos dudas por mucho que Ciudadanos lo niegue activamente.

Marín, a quien todos los partidos de la oposición reconocen de entrada que es un político “muy agradable”, de “buen trato”, un “gran tipo”, tendrá difícil quitarse esa etiqueta que además hace daño a su partido electoralmente. Nada es gratuito. Todos saben que erosionar a Ciudadanos les es rentable. Al PP porque es su adversario directo. A Podemos porque se quedan en solitario con la bandera de la “regeneración” política. Las lecturas desde la oposición son diversas. Algunos lo achacan a “ingenuidad” o “falta de pericia parlamentaria”. Otros directamente bromean con el hecho de que Marín se haya llevado ocho años gobernando con el PSOE en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), “es más socialista que muchos con carné”, ironizan desde las filas del PP.

El Parlamento andaluz ha comenzado su actividad con un plato que se cuece a fuego lento en las cocinas políticas desde hace ya meses. La creación de una comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación, que investigan en paralelo hasta 18 juzgados andaluces, la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegará al pleno la semana próxima en mitad del desacuerdo de los partidos de la oposición. Hay dos iniciativas prácticamente idénticas para abrir esa comisión política en la que desfilarán los máximos responsables del Gobierno andaluz y la Consejería de Empleo durante una década. Una es del Partido Popular y la otra de Ciudadanos. Quien se haga con el control de esta comisión parlamentaria marcará agenda, contenidos y comparecencias. No es menor. Podemos también quiere tomar las riendas.

El portavoz andaluz de la formación naranja, Juan Marín, se ha postulado públicamente para que su partido presida la comisión. Si el PSOE lo apoya lo conseguirá. Suman mayoría absoluta. La oposición en bloque se niega ante la sospecha de que PSOE y Ciudadanos hayan pactado una comisión “blanda” y cómoda para los socialistas, alejada de las elecciones generales y sin la comparecencia de la actual presidenta de la Junta.

El portavoz andaluz de C's, Juan Marín. (EFE)
El portavoz andaluz de C's, Juan Marín. (EFE)

Según ha sabido El Confidencial, dirigentes de ambos partidos han mantenido conversaciones “normales” en los últimos días para cerrar una nueva reunión que evalúe el pacto de investidura y que posiblemente se celebrará la próxima semana. La comisión de investigación de los cursos y el próximo Presupuesto andaluz han estado sobre la mesa, “sin entrar a fondo sobre ninguno de estos asuntos”, pero insisten en que no forma parte de ese acuerdo político. Nada que ver con las sospechas de la oposición, que al unísono admiten tener una “gran simpatía” por Marín pero se muestran convencidos de que si Ciudadanos se sitúa al frente de los trabajos estará “teledirigido” por el PSOE.

Marín ha señalado públicamente que confía en que se constituya la comisión “de forma inmediata” para que “no contamine” la campaña de las elecciones generales. Ha aplaudido además que el PSOE haya pasado de negarse a la comisión a optar por la abstención. Una “rectificación” que cree coherente con el pacto contra la corrupción que firmaron en la investidura de Díaz y que permitirá “no obstaculizar” esta investigación para dirimir responsabilidades políticas en un fraude que tiene bajo sospecha el destino de 3.000 millones de euros de fondos públicos de 2002 a 2011.

La prueba del algodón para Albert Rivera

Sobre la comparecencia de la actual presidenta de la Junta, que los socialistas quieren evitar a toda costa, el candidato de Ciudadanos no lo descarta, se limita a aclarar que comparecerá todo aquel que tenga algo que aportar aunque añade que espera que “impere el sentido común”. No quiere que se convierte en “un arma arrojadiza”, “un circo” o “un Tribunal de la Inquisición”. Ciudadanos, de momento, no tiene nada claro que sea necesario que comparezca Díaz para informar sobre el fraude y señala que no formaba parte del Gobierno cuando se repartieron las ayudas.

Será posiblemente la prueba del algodón para el partido de Albert Rivera. El PP exige que la presidenta de la Junta dé explicaciones. En 2011 se suspendieron las ayudas de los cursos en pleno escándalo de los ERE y cuando se llegaron a acumular hasta 15.000 expedientes pendientes de justificar, según declaró la entonces responsable ante la Guardia Civil. En esa fecha, Díaz aún no había llegado al Gobierno.

En 2013, las competencias pasaron de Empleo a Educación y ya había indicios de fraude. Bajo su presidencia se ha puesto en marcha una investigación interna sobre cada uno de los expedientes de estas ayudas, más de 8.000. Además, cuando Susana Díaz ya era presidenta la Intervención General de la Junta, cuyos responsables han sido clave en la instrucción de la causa de la juez Mercedes Alaya, tuvo constancia de informes provinciales que alertaban de “graves irregularidades”. Nunca se puso en marcha un informe de actuación que habría obligado a la Junta a tomar medidas, aunque en febrero de 2015 el interventor de la Junta en Huelva así lo pidió.

El Gobierno andaluz alega que no actuó para no interferir en la investigación judicial que ya estaba en marcha. El PP sospecha y alerta de que esos informes nunca han llegado al Parlamento. Por este motivo y por la presunta vinculación del marido de Susana Díaz con los cursos, fue tutor de algunas actividades formativas organizadas por UGT, exigen que la presidenta comparezca. Fuentes del Gobierno andaluz aclaran que la pareja de Díaz “no tuvo nada que ver con los cursos” y su contrato, ya extinguido, era como “auxiliar administrativo fijo discontinuo” de una fundación de UGT.

El PP espera pacientemente a que se retrate Ciudadanos. Lleva pidiendo la comisión de investigación durante dos años pero el acuerdo de PSOE e IU en la anterior etapa de Gobierno la evitó. El portavoz popular, Carlos Rojas, mostró su temor a que Juan Marín se convierta “en un agente secreto para minimizar los daños” a los socialistas y consideró “raro y prematuro” que se haya postulado para tomar las riendas de la investigación política de este fraude.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. (EFE)
La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. (EFE)

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, confesó su “escepticismo” porque el PSOE apoye una comisión “blanda” dirigida por Ciudadanos. Ni IU, que ya jugó el papel de árbitro en la fallida comisión de los ERE cuando estaba con el PSOE en el Gobierno andaluz, ni el PP, en el punto de mira por la trama Gürtel, ni Ciudadanos, que pactó la investidura de Díaz, están a juicio de Podemos capacitados para ponerse al frente de la comisión parlamentaria. Rodríguez reivindicó la presidencia para su grupo. Algo que el PP no descarta. Prefieren desde luego, según sus dirigentes, a Podemos que a Ciudadanos al frente de la comisión.

Susana Díaz ya tiene asumido que habrá comisión de investigación de los cursos y trata ahora de minimizar los daños. Ya pidió a Ciudadanos que no fuera en agosto, cuando la presidenta estrenaba su baja maternal, para que no marcara el inicio de su curso político. Ahora teme que contamine la campaña de las generales. En ese sentido, ni PSOE ni Ciudadanos descartan arrancar la comisión, programar los trabajos y las comparecencias y aplazarlas para el próximo mes de enero. Eso ahorraría el trago de dar explicaciones del fraude cerca de las generales. El diputado de IU, José Antonio Castro, dejó claro que no le huele “nada bien” que Ciudadanos quiera abanderar la comisión, habló de “juego táctico” y se mostró convencido de que el acuerdo con el PSOE va más allá de la investidura.  

Andalucía

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