INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS ANDALUZA

La Junta utilizó la Administración paralela para financiar las entidades locales 

El programa se promulgó “sin una previsión de la financiación destinada a su ejecución ni el escenario de partido o diagnóstico de la situación de Andalucía en la fecha de su puesta en marcha"

Foto: La presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)

La Junta de Andalucía utilizó la Administración paralela para financiar las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades) y así evitar el control presupuestario en el plan de cooperación municipal 2009-2013, según un informe de 68 páginas de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La ejecución de los trabajos acabó en junio de 2014.

El programa se promulgó “sin una previsión de la financiación destinada a su ejecución ni el escenario de partido o diagnóstico de la situación de Andalucía en la fecha de su puesta en marcha. Ello dificulta su seguimiento, evaluación y control”. Tampoco existen indicadores de seguimiento ni las corporaciones locales han enviado una copia de sus solicitudes a la Consejería de Gobernación y luego Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

Los incumplimientos de la administración paralela (formada por agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles de titularidad pública, fundaciones públicas y consorcios autonómicos), con las consejerías fueron importantes. No remitieron el extracto de los expedientes de concesión de ayudas, como prevé el artículo 11 del decreto 51/1989, ni han cumplimentado ni remitido igualmente la ficha técnica sobre las subvenciones concedidas a través del plan. Los entes instrumentales recibían dinero de las consejerías e incluso han ejecutado obras.

La Cámara de Cuentas andaluza critica cómo las transferencias que los entes instrumentales de la Junta de Andalucía realizan a favor de las entidades locales, así como las inversiones ejecutadas por estos antes por cuenta de dichas entidades, no se incluyen en la actual estructura presupuestaria del plan. La recomendación exacta de la cámara resalta: “La obtención de esta información en relación con las agencias públicas empresariales pasaría porque, tanto las memorias de las cuentas anuales como los programas de actuación, inversión y financiación, identificaron las transferencias destinadas a corporaciones locales”, especifica el informe.

¿Cuál es el principal problema del plan? Su liquidación presupuestaria ad hoc no se detalla en ningún estado o documento de la Junta de Andalucía. Por esta razón, la Cámara de Cuentas recomienda que la administración autonómica incluya una liquidación así como una memoria económica y presupuestaria “que incluyera, al menos, las variables analizadas”. El epígrafe número 3 del estudio señala que el plan se exhibe como un agregado de partidas en los estados de gastos del presupuesto de la Junta de Andalucía en el que los destinatarios de las transferencias deben ser corporaciones locales andaluzas.

Plan pilotado ahora por el vicepresidente ‘Chiqui’

La comisión del seguimiento ni siquiera se reunió en el periodo analizado. Es más, tampoco hay constancia “de que haya funcionado”. Las competencias de esta materia corresponden desde el pasado mes de junio, con el nuevo Gobierno de Susana Díaz, a la Consejería de Presidencia que pilota el vicepresidente ‘Chiqui’ Manuel Jiménez Barrios, presidente de la Junta de Andalucía en funciones mientras la presidenta andaluza se encuentra de baja por maternidad tras dar a luz la semana pasada a su primer hijo.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. (EFE)
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. (EFE)

En el mismo informe la Cámara de Cuentas de Andalucía admite que los expedientes de Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) "acumulan retraso en su justificación y posterior procedimiento de reintegro, si procediese", por lo que recomienda a la Junta que "para reducir los tiempos de revisión de la justificación y su reintegro, que habilite los recursos necesarios para agilizar la finalización de los expedientes".

Se trata de expedientes cuya tramitación se inicia a mediados de año y "se justifican hasta más de un año después, y todavía pasará otro año más en culminar la revisión, y todo ello además condicionado con la tramitación simultánea de varias convocatorias". Así, en el año 2013 coincidió la revisión de la justificación del PFEA 2011, el plazo el plazo de ejecución y posterior justificación del PFEA 2012 y el periodo de solicitud y ejecución del PFEA 2013.

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