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La Junta mintió: no existe informe de solvencia de la adjudicataria de Aznalcóllar
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LA JUEZ IMPUTA A LA DIRECTORA GENERAL DE MINAS

La Junta mintió: no existe informe de solvencia de la adjudicataria de Aznalcóllar

El informe era preceptivo en un concurso de estas características y no figura ni siquiera en el expediente administrativo de la adjudicación, plagado de irregularidades

Foto: La directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio (d), junto al secretario general de Industria y Energía, Vicente Fernández. (EFE)
La directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio (d), junto al secretario general de Industria y Energía, Vicente Fernández. (EFE)

La jueza del caso de la mina de Aznalcóllar, Patricia Fernández Franco, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, certifica que no existe el informe de solvencia financiera de Minorbis (Magtel y Grupo México) en la polémica adjudicación de la mina sevillana que se ha saldado con la imputación de siete personas, entre ellas la directora general de Minas, María José Asensio, protegida política del portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, que ya fue imputada por prevaricación en Matsa, la mina donde era apoderada Paula Chaves Iborra, la hija de Manuel Chaves.

Tanto la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta como el interventor de la Consejería de Economía, José Marcos Acosta Plaza, “mintieron”, según resalta a este diario Ramón Escudero, abogado de la acusación de la perdedora en el concurso, la multinacional Emeritas Forbes Manhattan, cuando estos funcionarios alegaron que la técnico Pilar Trujillano efectuó este informe. Trujillano fue convocada “de forma apresurada” por la Consejería. Se le exhibió “algún documento puntual” . “Es imposible hacer un estudio de este calado en una reunión cuya duración no llegó a las tres horas”, alegó la técnico como consta en el escrito judicial.

El informe de solvencia financiera era preceptivo en un concurso de estas características y no figura ni siquiera en el expediente administrativo de la adjudicación, plagado de irregularidades al no aportar informe expedido por la Oficina Consular de España en México, respecto “a la capacidad de obrar del Grupo México”, responsable, como adelantó El Confidencial, del mayor desastre ambiental en la historia del país norteamericano. Magtel ha sido mimada con millonarias ayudas económicas de la Junta de Andalucía.

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También se tendría que haber contemplado un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe mínimo de 1,5 millones de euros. “La póliza aportada por Minorbis fue sólo una póliza de responsabilidad civil general”, indica el auto. Además, se incumplió la obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil o declaración del volumen global de negocios. “Simples capturas de pantalla de la web de grupo México y referencias genéricas suplen el deber de acreditar el capital suscrito, la experiencia de trabajos similares y el volumen de negocio análogo”, expresa la juez.

El proyecto de explotación sufre grietas. Minorbis Grupo México avaló el acceso a la mina por el talud sur de la corta. El auto deja claro los “serios riesgos” que esta solución técnica implica, como ya manifestó en sede judicial el pasado 8 de julio el testigo Ismael Jesús Rodríguez Barbero, técnico de Eméritas, quien afirmó que Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica de la adjudicación y jefe de Área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía “tenía que ser conocedor de los riesgos e imposibilidad de llevar a efecto la solución técnica de acceso por el talud sur teniendo en cuenta que Fernández Bueno y Rodríguez Barbero trabajaron en Boliden (la anterior adjudicataria de la mina, culpable del vertido de abril de 1998) y eran precisamente los responsables o encargados de evaluar esos riesgos”.

Una mina en estado de “semiabandono”

Según la magistrada, “se trata de un testigo muy cualificado pues con independencia de su vínculo laboral con la empresa denunciante ha desarrollado su actividad laboral previa en Boliden y en Egmasa, dependiente de la Junta de Andalucía, en funciones de restauración de la mina”. “No cabe invocar desconocimiento”, añade el auto, “cuando los datos los aportó la propia Junta y los puso a disposición de los dos licitadores. Todos los informes hablaban del “problema del talud sur” y exigían “una solución específica y alternativa”.

El problema del agua en el proyecto de Minorbis también se plantea. La adjudicataria no contempla una depuradora nueva o planta de procesamiento. Era partidaria de mantener la planta existente, “parece que en estado de semiabandono”. La juez también recuerda las sospechas de contaminación que recoge el informe policial sobre acta de inspección ocular y tomar de muestras y las consideraciones y dudas expuestas por el profesor de investigación del CSIC Juan José Negro Balmaseda. Un informe de la UDEF certifica vertidos directos en la mina.

11,4 millones de la perdedora frente a 7,1

Tampoco el presupuesto destinado a la investigación de la zona minera de Aznalcóllar por parte de Minorbis era más alto que el de Emeritas. La adjudicataria destinó 7,1 millones en este concepto frente a los 11,4 millones de la perdedora. Emeritas resultó ganador incluso teniendo “cero puntos en tres apartados, todos ellos en la parte económica; en concreto, los relativos al punto de equilibrio, el periodo de recuperación y el apartado de mejoras”. Con estos datos, argumenta Escudero, el letrado de Emeritas, “no hay duda que lo de Aznalcóllar fue la solución peor, la más complicada y menos segura y mucho más en una mina de 30 años”.

En el auto, que especifica que las declaraciones de los siete imputados resultan “imprescindibles para aclarar todos los datos que se han ido incorporando a la causa”, no existe ninguna referencia a la parte empresarial. La acusación espera que se notifique otro escrito judicial en el que haya referencia a los dueños de Magtel y al Grupo México. La juez indaga la llamada de un alto cargo para dirigir el concurso.

La jueza del caso de la mina de Aznalcóllar, Patricia Fernández Franco, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, certifica que no existe el informe de solvencia financiera de Minorbis (Magtel y Grupo México) en la polémica adjudicación de la mina sevillana que se ha saldado con la imputación de siete personas, entre ellas la directora general de Minas, María José Asensio, protegida política del portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, que ya fue imputada por prevaricación en Matsa, la mina donde era apoderada Paula Chaves Iborra, la hija de Manuel Chaves.

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