La juez del caso Aznalcóllar imputa a la directora general de Minas de la Junta
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La juez del caso Aznalcóllar imputa a la directora general de Minas de la Junta

La juez ha imputado por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto

placeholder Foto: Fotografía de archivo de una vista aérea de la rotura del muro de contención de la presa de decantación de minerales de las Minas de Aznalcóllar. (EFE)
Fotografía de archivo de una vista aérea de la rotura del muro de contención de la presa de decantación de minerales de las Minas de Aznalcóllar. (EFE)

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, ha imputado por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto.

En un auto fechado este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco también imputa a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a todos los cuales cita a declarar el próximo día 17 de septiembre.

De igual modo, la juez ha citado como imputados el día 25 de septiembre a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.

Las siete personas imputadas por la juez fueron detenidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entre el 12 de mayo y el 29 de junio junto a otras ocho personas que no han sido citadas a declarar por la juez que investiga la adjudicación de los derechos de explotación de la mina.

La juez señala que, sobre las cuestiones de solvencia económica, varios de los integrantes de la mesa del concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la zona de Aznalcóllar señalaron a la Policía que "la acreditación del capital social suscrito y desembolsado por parte del grupo México-Minorbis y la comprobación de las cuentas anuales de la misma fue estudiada" por Pilar Trujillano Mantilla, "quien expuso al resto de la mesa que la documentación aportada era correcta".

"Dicha afirmación no sólo se ha efectuado por los integrantes de la mesa" en sus declaraciones policiales, "sino que también se incorpora" en el documento elevado el 13 de julio al Juzgado por la directora general de Minas, documento "que firman, personalmente, los seis integrantes de la mesa y donde declaran, a propósito de la reunión del día 28 de abril de 2014, que durante esa mañana se analiza la documentación de las tres empresas con el asesoramiento de Pilar Trujillano en el apartado de la acreditación de la solvencia financiera de las licitadoras".

Asimismo, y respecto de la concreta intervención en materia de acreditación de la solvencia financiera y técnica de Pilar Trujillano, la juez destaca la referencia que a dicha intervención hacen en sendos informes jurídicos Pastora Sánchez de la Cuesta y José Marcos Acosta, punto en el que asevera que todas estas afirmaciones "contrastan de plano" con la declaración que prestó como testigo la propia Pilar Trujillano.

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