por prevaricación administrativa

El Supremo imputa formalmente a Chaves y Griñán por los ERE y pide su suplicatorio

El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones

Foto: Los ex presidentes de Andalucía, Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)
Los ex presidentes de Andalucía, Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)

El instructor del Tribunal Supremo encargado de investigar a los aforados del asunto de los ERE fraudulentos de Andalucía considera que hay indicios suficientes para continuar el proceso contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por delito de prevaricación administrativa. En el caso de Viera el juez entiende que, además del de prevaricación, hay indicios también de que pudo cometer malversación de fondos públicos, por lo que propone que se continúe el procedimiento contra él por estos dos delitos.

Para los tres aforados, Chaves, Zarrías y Viera, el juez eleva una exposición motivada a la Sala para que tramite el preceptivo suplicatorio, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos y poderles llevar a juicio. En el caso de Griñán, el magistrado le considera presunto coautor y por tanto aunque ya no sea aforado debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados.

A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010, para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Una vez que se ha detallado la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales el juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que según el juez, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas. El juez cita las palabras del interventor general en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los eres".

Sistema de subvenciones ilegal

El juez detalla asimismo todos los indicios recabados contra los aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor, un elemento fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido. Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecional mente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecional mente por el intervenido".

El magistrado cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo. En el auto que afecta a Griñán, el instructor recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal "pues no solo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios ( de viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación". El juez considera que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto.

El magistrado dedica gran parte de su exposición a fundamentar porqué las decisiones adoptadas por los aforados fueron arbitrarias e injustas, requisitos para acreditar que con sus actos pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa.

855 millones en subvenciones

El magistrado cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años. El grueso mas importante de este dinero se dedicó a los 77 eres, en donde se efectuaron pagos excesivos.

Así, el magistrado aprovecha el auto para señalar que la causa se ha instruido durante cuatro años en Sevilla sin que la juez Mercedes Alaya haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionaria de la Junta de Andalucia por tener la condición de aforados. Y cuando el Supremo entra a hacerlo, cuatro años después, “la investigación procesal ya está consolidada y las posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se muestran ya más bien marchitas o inaccesibles para reiniciar una instrucción". En el caso de Griñán el juez entiende que por las razones de conexidad e inescindibilidad del contenido de la causa y dada la posible coautoría de un presunto delito de prevaricación no procede atribuir la competencia al juzgado de Sevilla.

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