POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Ávila por los cursos de formación

Imputados también el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba, Alejandro Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia

Foto: El exconsejero Antonio Ávila. (EFE)
El exconsejero Antonio Ávila. (EFE)

Dos nuevos imputados por las presuntas irregularidades en los cursos de formación. La juez Mercedes Alaya ha imputado en la causa al exconsejero de Empleo Manuel Recio y al exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. La magistrada amplía la imputación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández e imputa a los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba, Alejandro Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia.

Además imputa al jefe del Departamento de Gestión Económica del Servicio de Formación de Empleo de la Delegación Provincial de Granada, Juan Manuel León Sánchez, al que además cita a declarar el próximo 29 de junio. Este nuevo auto se conoce el mismo día en que la magistrada María Núñez Bolaños se ha incorporado como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en sustitución de la propia Mercedes Alaya.

El auto de Alaya pone de manifiesto que "los responsables políticos de la Junta, a través de la Consejería de Empleo y el SAE, han concebido indiciariamente la Formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma, generando una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones que cada año concedía la Junta para la realización de las acciones formativas".

"Carencias deliberadas de la Administración"

El exconsejero Manuel Recio. (EFE)
El exconsejero Manuel Recio. (EFE)
Estas entidades, según la instructora, "ofrecían cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba, obteniendo importantes beneficios, lo que era consentido por los responsables del SAE, que era el órgano que gestionaba la Formación". "¿Cómo llegamos a esta conclusión? La respuesta está en los siguientes datos objetivos, que son carencias deliberadas de la Administración", pone de manifiesto.

 

Así, hace referencia a la "ausencia de programación de acciones formativas cuyo objetivo fueron los certificados de Profesionalidad, que son los que otorgan nuevas capacidades y especializaciones al individuo para la inserción en el mercado laboral, en contra de los dispuesto en el artículo 19 del Decreto de 22 de septiembre de 2009 que establece que la formación debe estar dirigida prioritariamente a la programación de acciones formativas por las que se obtenga dicho certificado".

En segundo lugar, cita "la ausencia de un Programa de Evaluación y seguimiento, regulado en el Decreto 33 de 22 de septiembre de 2009 en el que se exige al SAE en su artículo 35 que realice la evaluación y seguimiento de las acciones formativas para que sean las más adecuadas, debiendo promover la mejora de la calidad en cuanto a contenidos, duración, instalaciones, personal y recursos".

Asimismo, y en tercer lugar, Alaya dice que, "en virtud de los informes de la Intervención, otro dato objetivo es la ausencia de la documentación justificativa en la mayor parte de los expedientes analizados, que no había sido exigida por los responsables de las distintas delegaciones", a lo que se añade "la ausencia de contratación en los expedientes con compromiso de contratación, que eran además de concesión directa", un extremo "igualmente generalizado en las distintas delegaciones".

Andalucía

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