Ultimátum al arzobispo de Granada para que deje de obstaculizar el caso Romanones

El Juzgado número 4 de Granada ha dado un ultimátum al arzobispo de la ciudad, Javier Martínez, para que remita las declaraciones que en sede eclesial realizaron los diez sacerdotes y dos laicos imputados en la causa que investiga abusos sexuales a menores por parte de los acusados. En concreto, en auto firmado hoy mismo, el Juzgado ha dado un plazo de tres días al arzobispo para que envíe la documentación y ha advertido de que, en caso de no hacerlo, “podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial”.

El titular del Juzgado, Antonio Moreno, ha recordado al máximo responsable de la Iglesia católica en Granada la tolerancia cero de la que “reiteradamente” habla el Papa Francisco, quien –ha añadido el magistrado– “ordenó” al arzobispo la “persecución” de este caso. El juez considera que Martínez no está ayudando a la investigación, aunque el propio arzobispo así lo asegure en sus respuestas. “Tal colaboración no ha existido por parte del señor arzobispo”, subraya el juez, quien recuerda que hace ya más de seis meses que solicitó la documentación y que ésta aún no ha llegado.

“Escudarse ahora en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sí tiene funciones de juzgar canónicamente pero no siempre de instruir, supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles o de ocultación”, señala el magistrado en referencia al último argumento esgrimido por el arzobispo para negarse a remitir las declaraciones de los sacerdotes imputados. En concreto, el arzobispo señaló el pasado 19 de mayo que la citada Congregación era “la única instancia eclesial y canónica competente en el caso” y que por eso el responsable provincial debe contar con “su expresa autorización”.

El juez critica en este punto que sea ahora, después de seis meses, cuando se esgrime este argumento y que por eso lo entiende como una excusa, pero que en el caso de que no obrase en poder del arzobispo la documentación solicitada, sino en manos de la Congregación aludida, Martínez debería remitir “copia autenticada” del decreto de avocación que demostraría que el material ha sido enviado al Vaticano. En caso de que esto no haya ocurrido, el arzobispo no tiene más remedio que remitir la documentación en los mencionados tres días de plazo si no quiere que el juez le deduzca testimonio e inicie un proceso contra él.

Durante el auto en el que hace este apercibimiento al arzobispo, el magistrado alude constantemente a la autoridad del Papa –que ha llamado a la colaboración de sus súbditos en la investigación de estos asuntos– y a otros documentos eclesiales que obligan a los representantes provinciales del Vaticano a perseguir los casos de abusos a menores. El secreto profesional no confesional, recuerda el magistrado, no incluye la salvaguarda de “documentos relativos a delitos muy graves”.