la fiscalía estudia una querella contra la juez por posible prevaricación

Mercedes Alaya y Susana Díaz libran un pulso definitivo para el futuro de la juez

El CGPJ vive una dura guerra interna con empate técnico, posiciones encontradas y derivadas políticas para decidir si la magistrada debe obtener una prórroga y seguir al frente de sus casos

Foto: La juez Mercedes Alaya. (Reuters)
La juez Mercedes Alaya. (Reuters)

Hay una auténtica bomba de relojería a punto de explotar en las dependencias judiciales con más solera de Sevilla. La juez Mercedes Alaya se plantó el pasado viernes en el despacho del decano de los juzgados sevillanos. Se sabe que le confesó su “honda preocupación” por el momento que atraviesa su carrera. “Está muy tocada”, admite alguien próximo a la instructora. Sabe que el Consejo General del Poder Judicial libra un duro pulso interno, al parecer con empate técnico, sobre si acepta o no la prórroga que ha solicitado para seguir al frente de sus grandes casos.

El gran motivo de sus desvelos es la querella que estudia la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por prevaricación en su instrucción del caso Betis, que puede convertirse en el primer revés serio para su fulgurante carrera. Si todo lo que rodea a Alaya es siempre de alto voltaje, estos días la tensión se dispara. El runrún es incesante en los juzgados del Prado en Sevilla. El futuro es incierto y las apuestas están más abiertas que nunca. Como siempre, hay defensores a ultranza de Alaya, que aseguran que a la magistrada le están haciendo la cama por intereses políticos, y detractores que advierten de que antes o después una juez que camina al filo de la navaja tenía que caer del pedestal.

Alaya tiene ya asignado un ascenso que ella pidió voluntariamente en la Audiencia Provincial de Sevilla. Debería incorporarse a su nuevo destino a mediados de junio, pero ha solicitado una comisión de servicio al CGPJ que le permita prorrogar su estancia al menos seis meses para culminar los tres grandes casos que atesora: los ERE, los cursos de formación y los avales fallidos a empresas por parte de la Junta. Su plaza en el juzgado de Instrucción número 6 ya tiene también nombre. La sustituirá la juez María Ángeles Núñez Bolaños, la solicitante con más antigüedad, 22 años, entre los diez aspirantes a la plaza. Una magistrada que sus compañeros califican como “resolutiva” y con “don de gentes”, dedicada a la jurisdicción de familia los últimos diez años, donde ha destacado como firme defensora de la custodia compartida.

Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)
Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)

Dicen que es más cómoda para la Junta que Alaya y tiene buenas relaciones con el actual consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, fiscal en excedencia, que ha presumido en público de haber animado a la sustituta a pedir el nuevo destino. Fuentes judiciales, no obstante, defienden el fuerte carácter de la nueva titular para subrayar su independencia y recuerdan su adscripción a la asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

La juez cree que le están “haciendo la cama”

La incombustible magistrada, el peor enemigo que le ha salido a la Junta de Andalucía en muchos años, ha trasladado a su círculo más cercano su indignación porque está convencida de que se la están jugando. Se sabe que durante la pasada Feria de Sevilla alardeó ante algunos conocidos de que tenía un acuerdo cerrado con el CGPJ para prorrogar su estancia y culminar sus grandes batallas. Rezumaba tranquilidad. Su seguridad sobre su futuro se ha ido a pique en las últimas semanas. Ha ido recibiendo señales que le preocupan.

el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)
el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha diseñado un plan de refuerzo para su juzgado que incluye dos jueces de apoyo e incluso un tercero para desatascar este punto neurálgico en el que se  ha convertido el Juzgado de Instrucción número seis. Ya lo intentó pero Alaya vetó la posibilidad de desprenderse de algunas causas a favor de otros compañeros.

El nuevo plan posiblemente impediría a Alaya, aun en el caso dudoso de le concedieran su prórroga, seguir al frente de todas sus causas. Además fuentes judiciales indican que la magistrada sustituta tampoco permitirá un reparto en el que todos los casos pendientes queden en manos de su antecesora. La última apuesta con más adeptos en el mundo judicial es que Alaya pudiera quedar solo al frente de los ERE, la causa que investiga desde hace cuatro años y está más avanzada, y sea desprovista de los cursos de formación y de los avales fallidos a empresas.

Ha trascendido que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha mantenido varias conversaciones con el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. La baronesa admitió días atrás en una entrevista en la SER que estos contactos se habían producido dentro de una relación “institucional y cordial”. Hay versiones divididas sobre estas llamadas telefónicas. Hay voces que aseguran que Díaz maniobra directamente para apartar a la juez Alaya, con fuertes quejas sobre la lentitud de su instrucción.

Otros defienden que fue Lesmes quien se acercó a la socialista, puenteando al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para propiciar un acuerdo sobre los nuevos vocales progresistas que se sentarán en el órgano judicial. En cualquier caso, estos contactos, que dejan al descubierto las intrigas políticas en la justicia, “han puesto de los nervios” a Alaya, según describe un abogado que conoce bien a la magistrada.

No habrá resolución hasta el 24 de mayo

La decisión final del CGPJ no se conocerá hasta después de las elecciones del 24 de mayo bajo la consigna extendida de evitar interferencias en los comicios. Fuentes judiciales subrayan que en el seno de este órgano hay un “empate técnico” entre quienes están a favor y en contra de que Alaya continúe. “Resolverá Lesmes”, resume un letrado personado en varias causas con la combativa juez. Sin embargo, la “honda preocupación” de Alaya ha dejado de ser esta. Se le acumulan los problemas.

La última apuesta con más adeptos en el mundo judicial es que Alaya pudiera quedar solo al frente del caso de los ERE falsos

Al parecer ya ha llegado a sus manos la querella, 192 folios, interpuesta contra ella por el exconsejero delegado del Betis, Luis Oliver. La ha leído y le preocupa. La denuncia está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la espera de que se pronuncie la Fiscalía. El informe previo que dictamine si hay o no fundamentos para investigar una supuesta actuación irregular de la juez también tendrá que esperar a que pasen los comicios. Alaya ya ha culminado la instrucción del caso Betis, que comenzó en 2008 sobre las presuntas irregularidades del expresidente Manuel Ruiz de Lopera al frente del club de fútbol. Han sido varios los intentos de recusar a la juez en este caso pero todos, hasta hoy, han sido archivados. El más sonado el que esgrimía la supuesta relación empresarial de su marido con uno de los administradores concursales designados para el club.

Ahora incluso quienes defienden a Alaya admiten que unos pinchazos telefónicos de “dudosa base legal” podrían abrir la vía para que la juez reciba un serio varapalo. Para complicar aún más el escenario al que se enfrenta, el magistrado de la Audiencia de Sevilla que hasta hoy había tenido que resolver los recursos planteados contra la instructora por el caso Betis, ha sido apartado por pérdida de imparcialidad al tener vínculos consanguíneos con una de las acusaciones contra Lopera. La magistrada coge aire y se tienta la toga. Quienes la conocen advierten de que no se quedará quieta y si la socialista Susana Díaz mueve sus fichas, la juez dicen que piensa desenfundar todas sus armas. La carrera de la única juez de España con un club de fans en las redes sociales está en juego.

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