Informe de la justicia andaluza: burocracia, mucho papel y plantilla mal repartida

Demoledor informe. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, pinta un panorama para la justicia andaluza de burocracia, papel y personal mal repartido. “Sigue paralizada la modificación de plantillas y reordenación de efectivos, lo que impide romper con una rígida estructura de trabajo”, denuncia el TSJA en la memoria de 2014 presentada ayer en Granada.

La situación provoca la existencia de órganos con exceso de funcionarios y otros con una plantilla muy escasa. También se produce una “defectuosa gestión de las medidas de refuerzo con personal sobrecargado de trabajo, retrasos en la cobertura de vacantes, alto número de interinos y falta de especialización”, además del excesivo tiempo empleado en el nombramiento de interinos o sustitutos, “con supresión de la espera de tres meses, que parece ser la norma habitual”.

La administración de la justicia digital es una de las grandes tareas pendientes. Y para ello propone la gestión documental a través del expediente electrónico, “única forma de acabar con los problemas de escaneo y digitalización de los procedimientos, de favorecer el traslado informática a las partes, en vez de infinidad de fotocopias, ganando tiempo y eficacia”. También aboga por una medida polémica: la desaparición de la presencia personal y el papel en múltiples gestiones y que las relaciones se produzcan “obligatoriamente” de forma electrónica.

La innovación que plantea el TSJA, que concentrala tasa de litigiosidad más alta de España, posibilitaría comunicaciones procesales transmitidas desde dispositivos móviles. “Hay que aproximarse cuanto antes a una justicia abierta con un enfoque de mayor proximidad, transparencia y apertura al acceso a la información pública durante las 24 horas del día a través de sistemas informáticos”.

La memoria también da un especial recado a los jueces y la corrupción que azota Andalucía. Para el TSJA los magistrados han tomado “presencia pública demandando tanto medidas correctoras como paliativas para el ejercicio de la justicia del día a día”. “Al mismo tiempo debemos ser capaces de transmitir a los ciudadanos un mensaje de esperanza frente al fatalismo o desafección que se detecta en la sociedad con motivo de la denominada corrupción y de las graves situaciones personales producto de la crisis económico-social”.

Ejecuciones pendientes

Del Río también se queja de su incapacidad para implantar una nueva oficina judicial, una reivindicación que se remonta al año 2010, para instaurar otro modelo organizativo en las audiencias provinciales andaluzas y la implantación de servicios comunes de ejecutorias, “básicos en determinadas ciudades ante el aumento alarmante de las ejecuciones pendientes”. En esta línea, admite que deberían tomar medidas para reducir el tiempo de espera y perjuicios ya conocidos como las medidas penales que prescriben “o cuyo cumplimiento dista mucho del principio de prevención y resocialización, o, en fin, la enorme cantidad dineraria retenida en ejecuciones civiles”.

Otro punto capital que resalta el TSJA es el escaso avance de la mediación penal que podría reducir la entrada de casos en cerca del 30%. “Tenemos que seguir extendiendo la cultura de la mediación porque estamos en una sociedad muy judicializada y acostumbrada a que otros nos resuelvan siempre el problema”. Los asuntos penales suponen el 75% del total de asuntos ingresados, frente a la jurisdicción civil del 18%, la jurisdicción social del 4% y el 3% contencioso-administrativo.