Ni Chaves ni Griñán piensan dimitir

Susana Díaz, víctima de sus palabras: “Cualquier imputado deberá dejar el escaño"

El PSOE trata de apaciguar la tormenta tras la imputación de Chaves y Griñán pero las declaraciones de Pedro Sánchez y la presidenta de Andalucía los ponen en una difícil situación

Foto: La presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)

Cuando se utilizan frases contundentes y sonoras, matizarlas después con tecnicismos legales y judiciales, aunque sean ciertos, es muy complicado. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, es hoy víctima de las hemerotecas y quizás, de su propia impetuosidad. “Sí creo que la gente no está para palabras, la gente quiere hechos, las palabras no se las cree nadie. Cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Se lo diré personalmente a ellos. Dejemos que sea la justicia la que hable”.

Lo dijo Díaz. El pasado 6 de noviembre, cuando la Fiscalía había dejado en manos del Tribunal Supremo la posible imputación de los aforados señalados en el caso ERE. Estaba prevista su visita a un hospital público en Sevilla y desde su entorno avisaron de que la presidenta iba a hablar. Ante los micrófonos, se despachó. Con contundencia y mucha claridad.

Cogía el toro por los cuernos después de que Ferraz y el secretario general, Pedro Sánchez, hubiera evitado entrar en el fondo del asunto, limitándose a aclarar que serían “implacables” contra la corrupción. Quizás formó parte de esa competición interna entre ambos líderes y las consecuencias están hoy a la vista. Las imágenes están grabadas. De hecho forman parte ya de un vídeo que ha puesto a circular el Partido Popular con el hashtag #SusanaEREsResponsable.

Aquella declaración sentó muy mal en el PSOE, sobre todo entre la vieja guardia. Los afectados no daban crédito a las palabras de la dirigente socialista. El código ético del partido sitúa en el momento en que el militante sea procesado la salida del cargo público. “¿De verdad que ha dicho eso, sin matices?”, fue lo que preguntaron muchos socialistas atónitos. El partido acababa de fijar las líneas rojas en una declaración contra la corrupción en Valencia y Díaz se la había saltado a la torera. En su círculo avisaban de que no había otra salida política, que era “muy duro” pero que era lo que había que hacer. Acababa de rechazar un pacto contra la corrupción y una foto con Mariano Rajoy. Ferraz se plegó a esta posición. Ya Chaves y Griñán habían pedido ir a declarar voluntariamente ante el Supremo y se sabía que lo más probable es que fueran llamados en calidad de imputados.

Pedro Sánchez y Susana Díaz juntos en un acto del PSOE en Sevilla. (EFE)
Pedro Sánchez y Susana Díaz juntos en un acto del PSOE en Sevilla. (EFE)

Dos días más tarde, Susana Díaz y Pedro Sánchez compartieron mitin en Sevilla. La presidenta de la Junta, que sabía de lo mal que habían sido digeridas sus palabras, comenzó a matizar. Defendió en público lo que siempre había defendido en privado, la “honestidad y honradez” de Chaves y Griñán. No pasó ni una semana para que Díaz y su entorno empezaran a enmendar sus declaraciones. En el momento en el que el Supremo comunicó que abría el caso, la presidenta de la Junta rectificó: “Si cuando comparezcan ante un juez se les imputa algún delito, a mi no me va a temblar el pulso”.

Los socialistas se afanaron en aclarar que se les pediría las actas a los aforados en el momento en el que se les imputara un delito, no solo si eran llamados a declarar, sino en el momento en el que el juez instructor enviara un suplicatorio al Congreso y al Senado para imputarlos tras declarar. Justo en esa misma posición se sitúan ahora. Pero no fue lo que dijeron en un primer momento.

Ahora la situación es endiablada. Susana Díaz está inmersa en su precampaña. Queda poco más de un mes para las elecciones andaluzas. En medio, se ha cruzado además la decisión de Pedro Sánchez de destituir a Tomas Gómez al frente del partido en Madrid sin imputación en el caso del tranvía de Parla o salpicado por la trama Púnica.

Fotografía de archivo de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)
Fotografía de archivo de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)

La teoría del doble rasero en manos del resto de partidos no ha tardado en llegar. Le exigen a Sánchez que actúe igual en Andalucía. Ni Chaves ni Griñán piensan dimitir. Están convencidos de su inocencia y creen que cuando declaren ante el Supremo saldrán indemnes de la causa. Si dimitieran, perderían su condición de aforados y podrían ser reclamados por la jueza Alaya. Aún no hay apertura de juicio oral, momento procesal en el que el Alto Tribunal ya no podría desembarazarse de la causa. Ni el partido se lo ha pedido ni han calibrado entregar voluntariamente sus actas.

Los socialistas se enredan en tecnicismos legales. Todos ciertos. La imputación es una garantía procesal y no un indicio de culpabilidad. Fueron los expresidentes quienes pidieron voluntariamente acudir al Supremo. El Alto Tribunal no ha señalado, de momento, ningún delito. Si después de la declaración se les imputa algún delito, se les exigirá el escaño, como se anunció. Pero ya lo dijo la presidenta: “La gente no quiere palabras, quiere hechos”. Y aunque ahora acusen a los medios de comunicación de provocar un cataclismo, insistan en que no hay novedad ninguna en el caso y pidan que consten las últimas palabras de Díaz, aquellas en las que se remitió a la imputación de cargos, la tormenta política es perfecta.

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