La ley de transparencia andaluza pondrá coto a los gastos opacos en las universidades

La ley andaluza de transparencia, aprobada el pasado junio y que entrará en vigor justo ese mes del próximo 2015, obligará a las universidades públicas andaluzas a desnudar todas sus cuentas y actividades. La norma considera a los cargos académicos como altos cargos de la administración y estarán sujetos a las mismas obligaciones. Tendrán que publicar anualmente su patrimonio, retribuciones y las indemnizaciones que reciban. Las universidades y sus fundaciones públicas o sociedades mercantiles en las que participen también saldrán de la opacidad. Será obligatorio que publiquen no solo sus presupuestos, algo que ya hacen todas las universidades públicas de Andalucía en sus webs, sino también los informes de auditoría interna, la evolución de su deuda o sus memorias de gastos. Esto sí marcará un punto de inflexión.

La Fundación Transparencia Internacional en su último informe sobre las universidades españolas recoge que solo tres de las diez universidades andaluzas cumplen con la transparencia en su apartado económico. Destaca la Pablo de Olavide (Sevilla), Jaén y Almería. La Universidad Hispalense solo incumple en su deber de informar del balance y su cuenta de resultados. Sin embargo suspenden estrepitosamente en este apartado las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y Málaga.

El pasado jueves un grupo de estudiantes estalló en la Universidad de Cádiz. A gritos contra la corrupción reventaron un acto público y consiguieron que el actual rector, Eduardo González Mazo, se comprometiera a estudiar cada detalle de los gastos que el anterior equipo de gobierno cargó con tarjetas bancarias de la universidad y que revelan pagos en restaurantes los fines de semana, compra de muebles o abonos en supermercados y bares de copas. Los gastos presuntamente irregulares, realizados entre 2007 y 2011, y que serán investigados por la Universidad podrían ascender a 400.000 euros.

Se realizaron compras en Ikea, continuos viajes al extranjero, gastos en las tiendas vips de los aeropuerto, desayunos en bares cercanos al rectorado y comidas y cenas en la provincia de Cádiz durante el fin de semana. Incluso en cadenas de comida rápida. Las tarjetas bancarias en la universidad gaditana fueron erradicadas por el actual equipo de gobierno pero siguen existiendo en otras cinco universidades andaluzas Almería, Huelva, Jaén y las dos de Sevilla. Las instituciones alegan que este mecanismo permite el ahorro, al autorizarse por ejemplo compras de material o billetes de transporte directamente por internet. En el caso de la Pablo de Olavide la fiscalización es total, según indicaron fuentes de esta universidad.

La ley andaluza no deja claro si este tipo de gastos y tarjetas tendrán que publicarse en internet y renovarse de forma trimestral. Todavía queda mucho por regular. Sin embargo, desde la Consejería de Presidencia del Gobierno andaluz aseguraron que si cualquier ciudadano quisiera conocer qué pagos se hacen con estas tarjetas, siempre que se traten de fondos públicos, solo tendría que reclamarlo al órgano que velará por el cumplimiento de la ley y debería de tener respuesta en un plazo máximo de veinte días. En caso contrario, se activaría el mecanismo de sanciones fijado en la norma y que regula multas de entre 100 y 400.000 euros para quienes bloqueen la rendición de cuentas y cese e inhabilitación en el cargo por tres años. El de las sanciones es uno de los capítulos más novedosos de la norma andaluza.

Días de polémicas

Las universidades andaluzas llevan semanas en el ojo del huracán informativo. El caso de la beca del líder de Podemos Iñigo Errejón en la Universidad de Málaga abrió la primera de las polémicas. Pero no la única. La Fiscalía ha requerido información a una de sus fundaciones, Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), sobre contratos y trabajadores tras una denuncia del sindicato CSIF sobre presuntos casos de enchufismo e irregularidades. Señalan el pago desde la universidad a esta fundación de 903.119 euros en 2011 y de 1,3 millones en 2009.

El rector de la universidad de Almería, Pedro Molina, copó titulares a finales de noviembre tras abroncar a los periodistas por preguntar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por un entonces miembro de la ejecutiva regional del PSOE andaluz que estaba imputado. Días después el dirigente socialista presentó su renuncia así que la pregunta no sería tan impertinente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también ha desautorizado al rector tras anular el despido de un profesor universitario que denunció corrupción en la institución académica. Y el ambiente también está caldeado en la Universidad de Sevilla, donde otro grupo de unos 200 estudiantes obligó esta semana a la suspensión de un claustro tras una protesta en contra de una reforma en marcha sobre el sistema de evaluación.

La asfixia económica de las universidades andaluzas tampoco es ningún secreto. La Junta adeuda a estas instituciones 630 millones de euros que se ha comprometido a saldar en los próximos dos años y medio. Se han pagado 300 millones pero el agujero sigue siendo importante. Pese a ello, la posición oficial de los rectores es de agradecimiento al Gobierno de Susana Díaz por el último plan financiero aprobado, una actitud que enerva a la oposición política. Ahora les queda a estas instituciones pasar por la prueba del algodón de la transparencia. Muchas tendrán serias dificultades y deberán asumir grandes cambios en su tradición de no rendir cuentas a los ciudadanos. El ranking fijado para las 50 universidades públicas españolas por la Fundación Compromiso y Transparencia sitúa en el podio de las transparentes a dos andaluzas, la Pablo de Olavide, en un destacado segundo lugar, y la de Jaén, también en el top ten. Son translúcidas las de Málaga, Cádiz, Almería, Córdoba, Granada y Sevilla. Directamente a la cola de las opacas está la de Huelva, con una de las peores puntuaciones de España. Tienen meses para cambiarse el chip.