POLÉMICA MEDIOAMBIENTAL en doñana

La Junta pide a Bruselas que medie en la reclamación de 358 millones de Gas Natural

La empresa interpone esa demanda patrimonial por la paralización de su proyecto de un almacén de gas en Doñana, que cuenta con el visto bueno del Ministerio

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (EFE)

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía siguen dándole vueltas a la reclamación de Gas Natural, que pide 358 millones de euros de indemnización por la paralización de su almacén de gas en el Parque Nacional de Doñana. Mientras, el Gobierno andaluz ha acudido a Bruselas para pedir que actúe como árbitro en este conflicto y que decida si avala la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, que ha dado luz verde al proyecto. “Es un expediente complejo, tendremos que estudiarlo para poder sacar conclusiones”, advierten fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

La empresa Gas Natural rechaza hacer declaraciones sobre este asunto. Desde hace ya varias semanas, la Junta recibió una reclamación patrimonial, como avanzó El País, por la paralización del proyecto, varado desde abril de 2013. La extracción de gas en el Parque Nacional no es nueva. De hecho, se realiza desde hace décadas. El proyecto presentado por la empresa, con una inversión de 200 millones de euros, supone renovar parte de las infraestructuras ya existentes y construir 20 nuevos kilómetros de gasoductos, además de sondear la posibilidad de utilizar las cavidades existentes en la zona como almacén una vez que se agoten. Se prevén prospecciones de varios kilómetros de profundidad sobre las que alertan las organizaciones conservacionistas, que aseguran que se pone en riesgo esta joya natural. El proyecto ha contado desde el principio con el rechazo frontal de todas las organizaciones ecologistas.

La estrategia de la Junta tiene dos patas. Por un lado, los servicios jurídicos apuestan por frenar la demanda patrimonial de la empresa hasta que el juez no se pronuncie sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural por la paralización de la autorización ambiental, informan desde el Gobierno andaluz. Pero las miradas realmente están puestas en la Unión Europea. Se ha elevado una consulta a Bruselas sobre la idoneidad del proyecto de gas en Doñana. “El objetivo es que de alguna manera Bruselas pueda arbitrar y comunicar su parecer sobre la idoneidad de incluir estudios sobre el impacto acumulativo y sismológico de la acción”, sostienen en la Consejería de Medio Ambiente.

Isabel García Tejerina, titular del Ministerio de Medio Ambiente. (EFE)
Isabel García Tejerina, titular del Ministerio de Medio Ambiente. (EFE)

El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental positiva del Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular, Isabel García Tejerina, ya ha dejado claro que no van a cambiar de posición. El Gobierno autorizó los permisos de investigación, explotación y almacenamiento de hidrocarburos en Doñana, haciendo viable el conocido como proyecto Marismas Oriental. La Consejería de Medio Ambiente rechaza la forma en la que el Ministerio ha evaluado el proyecto, ya que lo ha dividido en cuatro partes y no valora, alerta la Junta, las repercusiones que en conjunto tendrán las prospecciones sobre el Parque Natural, declarado Patrimonio de la Humanidad. Esperan que sea Bruselas, que tiene en su mesa la iniciativa de la mano de los ecologistas, quien diga si la evaluación troceada es correcta o habría que volver a estudiar el proyecto.

Organizaciones como WWF han mostrado su total apoyo al Gobierno andaluz, formado por el PSOE y IU. Consideran “inaceptable” y un “chantaje” la reclamación patrimonial de Gas Natural. WWF alerta de que se están “ignorando los riesgos que para los espacios naturales y la población de Doñana tiene el almacenamiento subterráneo de gas”. Recuerdan además que el Comité de Patrimonio de la Humanidad de Unesco, en su última reunión anual, que se celebró en junio de este año en Doha (Qatar), se mostró “seriamente preocupada” por este proyecto y sus peligros para Doñana.

Imagen del Parque Nacional de Doñana. (EFE)
Imagen del Parque Nacional de Doñana. (EFE)

No es la primera vez que una Administración tiene que hacer frente a una indemnización de estas características por frenar un proyecto de prospección y almacenamiento de gas. El Consejo de Ministros aprobó al comenzar octubre abonar 1.350 millones a ACS, propietaria del Proyecto Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Castellón y Tarragona y cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 seísmos ocurridos en septiembre de 2013. La instalación permanecerá “en hibernación”. Una parte de la factura de esa indemnización se cargará a la factura de gas de todos los españoles.

La polémica andaluza de Gas Natural y Doñana se reaviva, además, en pleno pulso del Gobierno de Canarias contra la búsqueda de petróleo en aguas al este de Lanzarote y Fuerteventura. Pese a la oposición ciudadana y con el visto bueno del Ministerio, Repsol ya ha comenzado los sondeos.

El gasoducto en el Parque Natural ha estado casi desde el principio del proyecto envuelto en la polémica. El expresidente del Gobierno Felipe González abandonó la presidencia del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana tras conocerse que había sido parte de la evaluación del proyecto pese a su condición de consejero de Gas Natural. Él alegó que no había estado presente en ninguna de las reuniones en las que se había debatido el proyecto gasístico.

Andalucía
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