La Junta recuerda a Podemos que han jugado “con dinero de los desahucios”

La Junta de Andalucía no suspenderá “de momento” la financiación del proyecto de vivienda que contrató con la Universidad de Málaga pese al expediente abierto a Iñigo Errejón y al director de la investigación, Alberto Montero, ambos dirigentes de Podemos. El Gobierno andaluz alega que solo si en junio de 2015, fecha comprometida para la conclusión del estudio, no se cumple el trabajo exigido se rescindirá el contrato con la Universidad.

La consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), ha advertido de que serán “inflexibles” con la supervisión de estos trabajos y controlarán “cada euro de dinero público”. La última reunión, hace un par de semanas, acreditó que los trabajos estaban al 53% de ejecución. La financiación pública asciende a 284.601 euros para un proyecto con diez investigadores. La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda contratada por la Consejería de Fomento.

La Universidad de Málaga ha propuesto un expediente sancionador a Errejón tras comprobar en una investigación interna que no cumplió con las 40 horas semanales de trabajo a las que obligaba su contrato como investigador y que vulneró la ley de incompatibilidades al sumar a los 1.800 euros que cobraba por la Universidad otros ingresos como coordinador de la campaña de las europeas y asesor de Podemos. También propone expediente a Montero, jefe de la investigación, por incumplir con la supervisión de los trabajos.

La consejera de Fomento agradeció la “celeridad” de la Universidad al resolver el expediente informativo que abrió el pasado 21 de noviembre. El Gobierno andaluz no quiere anticipar qué ocurrirá en el caso de que los expedientes abiertos, ahora en plazo de alegaciones durante diez días y contra los que caben recurso, concluyan en una sanción firme, lo que podría obligar a proponer la rescisión del contrato público. El acuerdo suscrito con la Universidad de Málaga solo contempla su anulación por parte de la Junta y la retirada de fondos en caso de que se dejen de cumplir los plazos del estudio y no se certifiquen en tiempo y forma los trabajos.

El PSOE andaluz fue mucho más vehemente en sus valoraciones. El portavoz parlamentario de la formación en Andalucía, Mario Jiménez, exigió al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que dé la cara ante este asunto y recordó que se ha jugado con fondos públicos “destinados a frenar los desahucios” y que este partido, denunció el socialista, ha podido utilizar “para sufragar su campaña electoral”. Jiménez insistió en que se trata de un “escándalo” y acusó a Podemos de “dar lecciones de ética” mientras hacía un “uso indebido” de dinero público.

"Al final terminamos descubriendo que posiblemente, con dinero de la universidad que debería servir para luchar contra los desahucios, el partido cuyo secretario general es Pablo Iglesias estaba financiando su campaña y el salario de su coordinador de campaña", ha señalado, afirmando que "es muy grave si termina demostrándose que es así". Jiménez reclamó la devolución del dinero cobrado y recriminó el comportamiento de los que llamó “profetas de la limpieza y la ética”.

Podemos aún no ha emitido una valoración oficial sobre este asunto, aunque apuntan ser víctimas de una “campaña inquisitorial” e insinúan que tras la resolución de la Universidad de Málaga se encuentran las “presiones” de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Así se ha expresado el portavoz y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, en declaraciones a Cuatro. En los foros públicos de Podemos se pueden leer opiniones de toda índole. Algunos simpatizantes piden un paso atrás de Errejón hasta que se aclare el expediente abierto aunque la mayoría de quienes se pronuncian denuncian una “caza de brujas” contra el líder de la formación de Iglesias.