Andalucía intensifica sanciones a bancos con VPO vacías: 11,9 millones en multas

El Parlamento andaluz ha acordado reavivar la batalla abierta en el Tribunal Constitucional con la llamada ley antidesahucios. PSOE e IU mandaron a los servicios jurídicos de la Junta que preside Susana Díaz y a los letrados de la Cámara trasladar al Alto Tribunal que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó “datos falsos” para pedir la suspensión cautelar de esta norma, que preveía la expropiación forzosa de viviendas a la banca para evitar desahucios.

El Gobierno alegó que la ley supondría “una pérdida absoluta de valor de la cartera traspasada a la Sareb” e impediría al ‘banco malo’ sacar al mercado sus viviendas. La Abogacía del Estado incluía en su recurso un dato: la Sareb era propietaria de 911 viviendas protegidas vacías en Andalucía. La propia sociedad de gestión de activos rectificó la cifra y la rebajó a 98.

La ley de función social de la vivienda fue aprobada por el Parlamento andaluz en septiembre de 2013 bajo la amenaza de que sería recurrida al Constitucional antes incluso de nacer. Ya antes la Consejería de Fomento, en manos de Izquierda Unida, había aprobado un decreto con medidas similares que fue recurrido y tumbado por el Gobierno por invasión de competencias. La ley fue suspendida cautelarmente de manera automática y está pendiente que se resuelva el fondo del asunto. El Alto Tribunal anuló la parte más polémica de la norma, que preveía la expropiación temporal de inmuebles a los bancos cuando una familia en situación de emergencia social estuviera a punto de ser desalojada. La Junta se quedaba el piso e imponía una renta de alquiler mínima a la familia por tres años. También se paralizaron las sanciones a los bancos y promotoras que tuvieran viviendas vacías como medida “disuasoria”. El Gobierno andaluz sí conserva la potestad para sancionar a los bancos que oculten información o no pongan sus VPO vacías al servicio de los registros municipales de demandantes. Es el arma que está disparando. Se prevén 60.000 euros por vivienda social en manos de la banca.

Los argumentos empleados por el Gobierno para tumbar la norma fueron muy contundentes. “Apocalípticos”, según IU. Alertaron de que ponía “en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero” y la “estabilidad” de la banca. “Los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”, argumentó el Estado, convencidos de que con esta ley “desaparecería la propiedad privada”.

Cuando la Junta leyó los argumentos al Constitucional abrió un proceso sancionador contra la Sareb por tener viviendas protegidas vacías sin poner a disposición de los ayuntamientos. Impuso 120.000 euros por ocultar esta información y abrió un expediente sancionador por 11,7 millones de euros por poseer, finalmente, 98 VPO sin ocupar. Otros bancos han recibido castigos similares. La Junta ha multado con 5,8 millones de euros al Banco Popular por tener 97 VPO vacías en propiedad y al Sabadell con 120.000 euros por tener dos viviendas protegidas vacías. En total, Fomento tiene abiertos 185 expedientes por inmuebles sociales en manos de las filiales inmobiliarias de las entidades financieras, que entienden que deberían ser entregadas a los ayuntamientos.

Se evitarían cinco desahucios al día

En los tres meses que estuvo en vigor la norma autonómica, sólo dos familias vieron como se expropiaban sus pisos y se frenaban sus desahucios, y otras 37 quedaron a las puertas con expedientes abiertos. Un centenar de familias habían pedido auxilio al Gobierno ante un desalojo inminente. Aunque la eficacia de esta ley no está probada, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, estimó que en estos meses la norma habría evitado “508 desahucios en Andalucía, 5,6 al día”. El dato procede de comparar la cifra de desahucios y ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de 2013, cuando el decreto original estaba en vigor, y el mismo periodo de este año. Castro acusó directamente a Rajoy de “mentir a tope” para proteger los intereses de la banca. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, secundó la teoría de que se amañaron los datos y se falsearon para frenar la norma andaluza y reclamó al Constitucional “celeridad”. El PP insistió en poner en duda la eficacia de esta ley, que aseguró se sustenta sobre “grandes mentiras”.

Fomento sostiene que en Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías y muchas están en manos de las entidades financieras. La ley preveía un censo de viviendas vacías para forzar su salida al mercado del alquiler y multas de hasta 9.000 euros a los grandes propietarios (bancos y empresas) de casas sin ocupar. El Gobierno de PSOE e IU ha convertido esta norma contra los desahucios en bandera contra los bancos y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Muchas de las medidas incluidas eran directamente las reclamadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que durante años libró en solitario esta lucha.

La Junta asume que la sentencia definitiva del Constitucional puede “tardar años”, mientras que el Gobierno del PP no muestra ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de esta ley. El PP andaluz sostuvo durante meses que no habría recurso, convencido de que la medida legal carecía de eficacia y era un simple “instrumento de propaganda”. Finalmente, el Gobierno sí que acudió al Alto Tribunal, que avaló sus argumentos con el voto en contra de cinco magistrados. Antes fue Bruselas quien, a través de la Comisión Europea, advirtió a España de que la ley andaluza ponía en riesgo la solvencia del sistema financiero.

Según los cálculos del Gobierno español, que Andalucía señala como falsos, en torno a un 12% de la cartera de la Sareb está en territorio andaluz, con un total de 6.379 viviendas: 4.473 libres de primera residencia, 995 de segunda residencia y 911 viviendas protegidas. La propia sociedad rebajó esa cifra última a 98 VPO cuando la Junta emprendió su política de sanciones.

Ahora, el Ejecutivo andaluz advierte que hará valer la parte de la ley que sigue en vigor y en los próximos meses habrá un aluvión de multas a los bancos por ocultar información y no poner a disposición de los ciudadanos las viviendas protegidas que tienen en propiedad.