IU frena que la Junta asuma el coste de los abogados de los ERE y pide dimisiones
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el consejero de economía, contra las cuerdas

IU frena que la Junta asuma el coste de los abogados de los ERE y pide dimisiones

El consejero de Economía tendrá que dar explicaciones tras conocerse que la agencia IDEA había acordado pagar las defensas de ex altos cargos imputados en el caso

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IU frena que la Junta asuma el coste de los abogados de los ERE y pide dimisiones

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento andaluz y asumir responsabilidades políticas tras conocerse que la agencia pública IDEA había llegado a un acuerdo para asumir el pago de las defensas de ex altos cargos imputados en el caso ERE. Izquierda Unida, sociodel PSOE en el Gobierno andaluz, ha anunciado que exigirá dimisiones si no se aclara que ha ocurrido. IU frenó la pasada semana el acuerdo cerrado por IDEA, dependiente de la Consejería de Economía, y quiere saber si la Junta sigue costeando el abogado a algún imputado en la macrocausa judicial que ha llegado el Supremo e investiga el destino de 855 millones de euros públicos.

La agencia IDEA votó hace una semana a favor de reclamar a dos aseguradoras el pago de las defensas de los imputados conforme a las pólizas de responsabilidad que tenían suscritas y que ahora las compañías rechazan. Pero el problema del acuerdo es que se daba por hecho que si la Junta perdía el pleito en los tribunales asumiría los costes con fondos públicos, según avanzó El País. La cantidad reclamada asciende a 900.000 euros. Se votó el 13 de noviembre y ninguno de los dos miembros de IU que se sientan en el consejo de administración acudió a la reunión. Previamente sí habían dejado constancia por escrito a su rechazo a esta operación.

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran que la misma noche del lunes, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, supo del acuerdo ordenó abortarlo. Lo cierto es que el pacto no se revocó hasta que IU advirtió duramente del escándalo ante los ciudadanos que suponía esta decisión. El Ejecutivo autonómico lleva meses asegurando que no iba a costear la defensa de ninguno de los exaltos cargos imputados en los ERE. Hay 227 imputados y una veintena de ellos ocuparon el máximo escalafón en el Gobierno andaluz. La Junta sí pagó la defensa del exdirector general de Trabajo, Daniel Rivera, pero al trascender la información, en julio de 2013, dio marcha atrás y aseguró que no volvería a ocurrir.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se ha mostrado muy firme en la posición de su partido y ha asegurado que si el consejero de Economía no convence con sus explicaciones pedirán dimisiones. El consejo rector de la Agencia IDEA está presidido por el viceconsejero de Economía, Luis Nieto, pero a nadie se le escapa que el acuerdo político tenía que ser conocido por su jefe directo. Desde San Telmo insisten en que Sánchez Maldonado no se lo había comunicado a la presidenta de la Junta pero descartan valorar la posibilidad de que haya ceses por este asunto.

Maíllo extendió la sospecha de que esta práctica no es aislada al asegurar que pedirán aclaraciones al Gobierno sobre si se están costeando otras defensas. Quieren que el consejero de Economía explique quién tomó la decisión de pagar las defensas de algunos imputados, quién convocó al consejo rector de IDEA y por qué se siguió adelante pese a las advertencias de IU. “Es muy grave, se plantea como normal algo que no lo es”, advirtió el dirigente de la federación de izquierdas.

IU cohabita con cada vez más dificultades con el caso ERE. Su plan político pasa por trasladar que todas las medidas de regeneración y control que se han tomado en la Junta desde que estalló el escándalo llevan su firma, pero lo cierto es que están incómodos y temen que el fraude acabe perjudicándolos y contaminándolos. La trama, que ha llegado al Supremo y salpica a dos expresidentes de la Junta y siete exconsejeros, contaba con la Agencia IDEA como epicentro. Las ayudas se sacaron del circuito habitual de la Consejería de Empleo y se pagaban a través de esta empresa pública apoyándose en transferencias de financiación que la juez Mercedes Alaya asegura que eran ilegales. Esto permitía eludir todos los controles.

Desde IU advierten de que el funcionamiento de IDEA hoy en día sigue sin gustarles y aseguran que su gestión no se corresponde con “el tiempo nuevo” que debería existir en el Gobierno andaluz de coalición. “Es propio de otros tiempos y otros gobiernos”, sostuvo Maíllo sin querer aclarar nada más.

Los socialistas tratan de restar importancia a lo ocurrido y atribuyen al “nerviosismo” de Maíllo esta estrategia que llevará lo ocurrido al Parlamento y pondrá contra las cuerdas al consejero de Economía. Insisten en que fue la presidenta quien mandó revocar la decisión adoptada por IDEA y aseguran que el coordinador regional de IU buscar gestos políticos en un momento interno complicado en su partido ante el avance de Podemos y el relevo generacional en la cúpula del partido. La versión socialista no hace más que enfadar todavía más a sus socios.

La situación de la Junta en los ERE es muy enrevesada. Está personada en la causa como perjudicada y asegura públicamente que tiene en marcha, con escaso éxito, todos los mecanismos posibles para recuperar hasta el último céntimo defraudado. De ahí que desde la cúpula del Gobierno andaluz advirtieran de que esta tesis chocaba frontalmente con la estrategia primera, avalada por los mismos servicios jurídicos, de costear la defensa a sus altos cargos imputados. No se podía estar pagando el abogado a los acusados y comparecer como afectados por el fraude. Eso parecía estar claro hasta hace una semana. IU advierte de que llegará hasta el final de este asunto y las consecuencias políticas, de momento, se desconocen.

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