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Del “virrey” al “ideólogo” de los ERE
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LOS OTROS SEÑALADOS POR ALAYA

Del “virrey” al “ideólogo” de los ERE

Al margen de Chaves y Griñan, hay otros tres exconsejeros en la picota. Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, diputados en el Congreso, y Mar Moreno, senadora

Foto: Gaspar Zarrías en una foto de archivo. (Efe)
Gaspar Zarrías en una foto de archivo. (Efe)

La decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación para dirimir si hay responsabilidad penal de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no solo afecta a estas dos relevantes figuras políticas. Hay otros tres exconsejeros en la picota. Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, diputados en el Congreso, y Mar Moreno, senadora, se sumarán a la estrategia de acudir voluntariamente a declarar al Alto Tribunal. No son nombres rasos del PSOE, sino destacadas figuras de los gobiernos y sucesivas direcciones socialistas andaluzas.

Gaspar Zarrías fue consejero de la Presidencia con José Rodríguez de la Borbolla antes de los 90 y volvió a incorporarse al Gobierno de Manuel Chaves en 1995. Era su mano derecha. Un número dos que llegó a ser vicepresidente y que ejercía al cien por cien su papel de coordinador y responsable de la fontanería del Ejecutivo. Se fue en 2009 junto a Chaves, cuando partió al Gobierno de Zapatero. Durante todos esos años ejerció además su liderazgo político como secretario general del PSOE en Jaén.

Desde 1994 a 2010 ostentó su poder sin contestación en la provincia jiennense. Zarrías, un púgil político pequeño pero ágil (siempre presumía de su habilidad con su 1,61 de estatura), tenía un papel relevante en las campañas electorales, en los congresos del partido, en las negociaciones del Parlamento... En casi cualquier sarao socialista o del Gobierno estaba él. Durante la comisión de investigación sobre los ERE que celebró el Parlamento andaluz en el verano de 2012, IU fue muy directa: “Usted que era el todopoderoso, ¿cómo que no sabía nada?”. El exconsejero de la Presidencia y exmiembro de la anterior ejecutiva de Rubalcaba se ha mantenido siempre firme en su argumento de que no conocía el fraude que se desarrollaba en la Consejería de Empleo.

Sin embargo, cuando la juez Mercedes Alaya lo incluyó en la cúpula política que derivó al Tribunal Supremo hace tres meses, a nadie le extrañó. Su nombre había aparecido en diversos momentos de la instrucción ligado a uno de los personajes más sórdidos de la trama, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los ERE. También jiennense, Lanzas se sentó con Zarrías en varias mesas para dar una salida a Cárnicas Molina, después Primayor, una de las empresas en cuyo expediente de regulación de empleo aparecieron intrusos. Él siempre ha limitado su relación con Lanzas a este momento concreto.

El misterioso “g.z.”

La juez Alaya ordenó investigar un mensaje en el móvil del antiguo ugetista en el que le recordaban “no te olvides que hoy es el cumpleaños de tu jefe, g.z”. La fecha coincidía con el aniversario del exconsejero de la Presidencia. Zarrías asegura que jamás recibió ese sms. También lo comprometió la familia Ruiz Mateos, con varios ERE fraudulentos financiados con fondos públicos. Según trasladó su abogado de uno de los miembros del clan, José María Ruiz Mateos, éste se refería al político jiennense como “el virrey”. Otro de los investigados clave, uno de los capos de la aseguradora Vitalia, aseguró igualmente que todo lo que había que arreglar se solucionaba con el antiguo número dos de Chaves.

Zarrías siempre lo ha negado y ha asegurado que él se limitó a cumplir con su labor de ayudar a empresas de Jaén. En la exposición razonada que la juez Alaya remitió al Supremo no aparecen muchos de estos aspectos, aunque, según fuentes judiciales, sí relata la presunta conexión de Zarrías con Lanzas y los Ruiz Mateos y la celebración de “varias comidas en la sede de la Consejería de la Presidencia (Casa Rosa)”.

De los nueve aforados, cuatro exconsejeros, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo, irán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su condición de diputados autonómicos. Para todos, la instructora reclama la investigación ante supuestos delitos de prevaricación y malversación porque ante un presunto sistema ilegal de concesión de subvenciones que afecta a 855 millones de euros los expresidentes y exconsejeros, no solo lo conocían, sostiene Alaya, sino que “participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento”.

La clave la sitúa en la elaboración de los distintos Presupuestos que dieron soporte a ese sistema presuntamente fraudulento de concesión de ayudas públicas y que utilizaba el mecanismo de las transferencias de financiación para sacar las subvenciones del circuito oficial y de los controles habituales. La hipótesis delictiva de la magistrada, que ahora tendrá que avalar o desechar el Supremo, incide en una especie de confabulación o teoría conspirativa de los más altos mandos del Gobierno para poner en marcha un mecanismo ilegal y en el que posteriormente se halló un importante fraude. Los socialistas insisten en que no hay pruebas de que el fondo fuera creado para delinquir. Otra cosa serían, admiten, las responsabilidades políticas en un sistema que saqueó las arcas públicas.

El "ideólogo"

Con quien más se detiene Alaya en su exposición al Supremo es con José Antonio Viera. Al diputado por Sevilla lo sitúa como “uno de los creadores del sistema” junto a su entonces viceconsejero y que después le sustituiría en el cargo, Antonio Fernández, al que Alaya mandó a la cárcel. Con él nació en 2001 el polémico fondo de ayudas sociolaborales. Además lo conecta directamente con el reparto discrecional de ayudas directas a empresas en la Sierra Norte de Sevilla, una de sus áreas políticas de influencia. No fue ninguna sorpresa. La Guardia Civil ha señalado el “papel esencial” del exconsejero sevillano en la trama de los ERE y además ha analizado el reparto de 32,6 millones de euros a empresas supuestamente ligadas a Viera y que en muchas ocasiones fueron creadas ad hoc para captar subvenciones.

Al contrario que Zarrías, que mantiene un perfil muy bajo y un sepulcral silencio desde que estalló el caso, Viera sí se ha despachado públicamente en alguna ocasión. Su mensaje siempre logra enfadar profundamente a sus compañeros. Él insiste en que no recibió ninguna advertencia sobre la ilegalidad del fondo y que otros sí tuvieron esos informes que alertaban de irregularidades. Con esa defensa ataca directamente a José Antonio Griñán, como exconsejero de Hacienda y receptor de los informes de la Intervención de la Junta. Hasta 15 documentos que alertaron de que el fondo era irregular. Nadie echó cuenta. Dicen que porque nunca se activó el código rojo ni se alertó del menoscabo de fondos públicos. Viera, que dirigió el PSOE de Sevilla varios años con Susana Díaz como número dos, acabó con una bronca monumental tanto con Griñán como con la actual presidenta. Él siempre se presenta como una víctima y niega ser “el ideólogo” del sistema de los ERE. Muchos de sus compañeros de filas admiten ahora que fue un error no fijar en Viera el listón de las responsabilidades políticas en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento andaluz. Así lo pidió IU. El PSOE se negó. Fue un fracaso.

La eterna aspirante

El tercer nombre político ante el Supremo es el Mar Moreno, exconsejera de Presidencia con Griñán a partir de 2010. Fue la gran sorpresa en el escrito de Alaya. Nadie lo esperaba. Ha sido la primera en personarse en la causa ante el Alto Tribunal para poder ir a declarar voluntariamente. Ella fue la que daba la cara desde San Telmo cuando estalló el escándalo. Entonces, el Gobierno andaluz de Griñán decidió poner en marcha el “caiga quien caiga” y no cerrar filas con la etapa Chaves. Quienes no compartían esa estrategia de defensa ironizan ahora con que ese movimiento se la ha llevado por delante.

Moreno durante mucho tiempo sonó como la mujer mejor posicionada para tomar el testigo de Chaves en la presidencia de la Junta, pero sus rápidos movimientos en la carrera sucesoria asustaron a los hombres fuertes del presidente, Gaspar Zarrías y Luis Pizarro, y fue apartada. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, desde la vicesecretaría general del PSOE andaluz hasta la presidencia del Parlamento. Nunca lo ha tenido fácil. La jiennense confía plenamente en que saldrá airosa del trance del Supremo aunque este paso ha acabado de minar una carrera política que planeaba que volviera a despegar como portavoz socialista en el Senado tras el ascenso de Pedro Sánchez. Todos están desde ya en manos del instructor Alberto Jorge Barreiro. De él dependen.

La decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación para dirimir si hay responsabilidad penal de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no solo afecta a estas dos relevantes figuras políticas. Hay otros tres exconsejeros en la picota. Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, diputados en el Congreso, y Mar Moreno, senadora, se sumarán a la estrategia de acudir voluntariamente a declarar al Alto Tribunal. No son nombres rasos del PSOE, sino destacadas figuras de los gobiernos y sucesivas direcciones socialistas andaluzas.

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