Expertos y políticos se sentarán en la cúpula de poder de la banca pública andaluza

El ente público de crédito de Andalucía, cuyo anteproyecto de ley se aprobará mañana martes vinculado a los Presupuestos de la comunidad autónoma, contará con 18 millones de euros para sus gastos de constitución y para cumplir los requisitos necesarios para inscribirse como sociedad anónima, paso previo antes de acudir al Banco de España para pedir ficha bancaria. En el consejo de administración de la nueva entidad se sentarán representantes vinculados a la Junta de Andalucía, a su departamento de Hacienda, y los partidos políticos, así como expertos de “reconocido prestigio” que serán elegidos por el Parlamento andaluz. Son extremos confirmados a El Confidencial tanto por PSOE como por IU, los dos partidos en la Junta que han negociado hasta el último momento la creación de esta nueva banca pública a la que en un principio se resistieron los socialistas.

Conscientes de que este proyecto cuenta no sólo con el rechazo de la banca privada, sino que también resulta difícil de entender para buena parte de la ciudadanía justo en un momento en el que no cesan de aflorar escándalos vinculados a las antiguas cajas de ahorros, sus artífices en el Gobierno andaluz insisten en que no repetirán los errores de las cajas. Sus estatutos, aún pendientes de redacción, desarrollarán un estricto código ético y de control para quienes se sienten en sus órganos de gobierno, avanzan. Sin embargo, el esquema del consejo de administración de la nueva entidad guarda similitudes con las cajas por su naturaleza pública y porque será el Parlamento andaluz quien designe a sus representantes entre profesionales de “absoluta solvencia profesional”, insisten fuentes que conocen la letra del proyecto de ley.

De momento, no se conoce qué perfiles tendrán ni a cuanto ascenderán sus salarios o dietas. Estos aspectos, aseguran fuentes del Gobierno andaluz, aún no están regulados y se incluirán en los estatutos de la entidad, pendientes de redacción. Habrá un consejo de administración nombrado por el Consejo de Gobierno y una comisión de control nombrada por el Parlamento.

IU ha vinculado la aprobación de los Presupuestos andaluces de 2015 a este proyecto estrella que forma parte del acuerdo original sellado para compartir Gobierno en Andalucía. Ambas leyes se aprobarán en simultáneo, condición impuesta por los socios minoritarios. Bajo el nombre de Ente Público de Crédito de Andalucía, y el sobrenombre de banca pública acuñado por IU, nacerá esta nueva entidad que tendrá capacidad en un futuro para captar depósitos privados y fondos europeos o de mercados financieros internacionales, más allá de los recursos públicos que figuren en el presupuesto andaluz.

El ente estará vinculado a la inyección de crédito a pequeñas y medianas empresas, autónomos y cooperativas, con prioridad para “sectores estratégicos” como la agroindustria, el turismo o el sector aeroespacial y las energías renovables, según se recoge en el borrador de la ley. En una disposición adicional única del texto legal se faculta al Gobierno andaluz para que dé todos los pasos precisos con objeto de conseguir “autorización administrativa”, cumpliendo la norma estatal sobre creación de bancos. Es decir, como quería Izquierda Unida, se dirigirán al Banco de España para pedir ficha bancaria y poder operar, en una segunda fase, en el mercado de depósitos privados. Se hará en cuanto técnicamente sea viable. El número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, insistió en que “no se trata de una banca clásica”. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, subrayó esa puerta abierta a captar ahorros privados.

Como Cataluña

El Gobierno andaluz señala como referente de este nueva entidad bancaria andaluza el Instituto Catalán de Finanzas, creado en 1985 y que también se prepara para acudir al Banco de España en 2015 a solicitar ficha bancaria. El ente andaluz tendrá un mayor volumen de crédito. Si el catalán cerró 2013 con una cuenta de resultados de 600 millones de euros, el andaluz dispondrá, según el próximo Presupuesto, de fondos públicos por valor de más de 1.400 millones de euros. Es la suma de todos los créditos y fondos reembolsables que ya estaban previstos como créditos públicos y ayudas reembolsables a pymes, cooperativas y autónomos.

El acuerdo inicial de ambos partidos señala que la entidad debe estar “plenamente operativa en el plazo de un año desde que se apruebe la ley” y que el “despliegue físico de oficinas debe ser el mínimo imprescindible”. No será, concluyen, un nuevo centro de gasto y tiene que “propiciar la generación de ahorros,captar nuevos recursos públicos y privados y producir beneficios mediante sus operaciones”.

Andalucía siempre aspiró a la creación de una gran caja de ahorros en la comunidad malograda por las rencillas políticas y localistas. La única caja superviviente es la malagueña Unicaja. El resto fueron absorbidas en fusiones dentro de la reestructuración del sector financiero puesta en marcha tras estallar la crisis.