PSOE e IU avanzan para cerrar un presupuesto andaluz lleno de incógnitas

Retrocederá en números absolutos por sexto año consecutivo. Por debajo de los 30.000 millones de euros. No se guiará por los cantos de recuperación económica ni las raíces vigorosas de la economía que pronostican desde Moncloa. No contemplará una subida de impuestos para acopiar más recursos. Se descontarán 600 millones de euros entre lo que Andalucía debe devolver al Gobierno central por los ajustes en la liquidación de años anteriores y una menor transferencia de ingresos. Pese a todo, contemplará subidas en Educación y Sanidad, abrirá la mano a la reposición de bajas en el sector público, pagará el complemento autonómico de la extra a los funcionarios y devolverá al 100% la nómina de los eventuales de la Sanidad, ahora al 75%. Además, en año de elecciones municipales, elevará la inversión de Fomento y programará obra nueva tras el freno del último quinquenio. ¿Es posible?

El milagro del presupuesto andaluz, cuyo Gobierno promete hacer más denunciando tener menos, aún no tiene números ni letras. Es un misterio. Los socios en el Gobierno andaluz, PSOE e IU, inician esta semana el sprint final de las negociaciones para cuadrar los números. Llevan días de silenciosas reuniones con un solo mensaje: “Vamos bien”. Si no salen las cuentas sólo queda un camino: elecciones anticipadas en Andalucía. Bajo ese yugo y cuando los dos partidos involucrados admiten que no quieren un escenario de comicios adelantados, ambos socios pronostican que habrá acuerdo. Hay aparente calma y la artillería preparada para disparar contra el Gobierno de Rajoy si no sale la cuadratura del círculo. La situación de asfixia financiera para Andalucía es un hecho.

Las reuniones de nivel más político se sucederán en próximos días. De momento fuentes de la negociación aseguran que “el índice de coincidencia es importantísimo en los trazos gruesos de las prioridades del Gobierno”. Lo que desconcierta a la parte socialista es que IU ponga el foco en asuntos que están fuera de los números del presupuesto. En acuerdos políticos que forman parte del pacto de coalición pero no estrictamente de las cuentas.

Los comunistas retoman su proyecto del banco público de tierras. Desde Hacienda habían manejado la venta de los latifundios en manos del Gobierno andaluz como mecanismo para incrementar los ingresos. Se estudió una fórmula similar a la subasta de 70 inmuebles del Gobierno andaluz que esperan adjudicación tras dos intentos frustrados de colocar estos activos en un decaído mercado inmobiliario. Esa idea no ha llegado ni a ponerse sobre la mesa y esperan como contrapartida que se aplace el banco de tierras. IU pide que se acelere una reforma del sector público, que aún espera el informe de un comité de expertos que no se sabe ni quién lo integra y sobre el que no hay noticias. Es una de las grandes promesas pendientes de la investidura de Susana Díaz. Y por último Maíllo insiste en que salga adelante la reforma de la Cámara de Cuentas, reforzando sus competencias como nuevo antídoto frente a la corrupción. En esto sí hay coincidencia aunque los socialistas insisten en que nada tiene que ver.

En la negociación estrictamente presupuestaria, ahora mismo hay “un baile de millones” y los tirones habituales por cuáles serán las consejerías que sufrirán los mayores recortes. Se están grabando los datos de cada departamento para ver dónde se pueden concentrar los ajustes. “Lógicamente hay políticas que van a sufrir una fuerte disminución”, admiten quienes se sientan en la mesa negociadora. Pero lo más difícil está por llegar. Trabajan con la hipótesis de que el Gobierno central va a dar luz verde a la petición andaluza de que se aplace a 20 años, incluso con uno de carencia, la devolución de 426 millones de euros por los ajustes en las entregas a cuenta de la liquidación desde el Estado. “No es lo mismo descontar 20 millones que 420”, subraya un alto dirigente socialista. Si se acepta esta petición, que ha regido en años anteriores para otras comunidades, debería reflejarse en un par de reglones del articulado de los Presupuestos Generales del Estado, en el Congreso. El Ministerio no se ha pronunciado por lo que es un exceso de optimismo trabajar con el escenario de que no habrá que descontar este dinero. Es cierto que si finalmente los socios no logran cerrar un acuerdo, el guión político previsible es que culpen del fracaso a la “asfixia” de Rajoy.

Ni siquiera, como en años anteriores, el Gobierno andaluz ha convocado a los sindicatos para esbozarles las líneas maestras, según confirmó a El Confidencial el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, que se teme lo peor y augura que los recortes seguirán recayendo sobre el personal del sector público, sin cubrir bajas en Sanidad y Educación y dejando caer a interinos y eventuales. El mensaje desde los sindicatos, en sonado divorcio con la Junta, no puede ser más duro. Con un aviso: estarán especialmente vigilantes con las políticas de empleo en una comunidad con más del millón de parados en la que se suman ya tres años sin convocarse ayudas a la recuperación laboral, paralizadas por el caso ERE y el fraude en la formación.