Susana Díaz desafía a Rajoy y no impondrá este año la ley Wert en sus aulas
Una de las principales batallas ideológicas que libra el Gobierno andaluz con el de Rajoy se juega en el terreno de la educación. Andalucía no va a aplicar la LOMCE
Una de las principales batallas ideológicas que libra el Gobierno de Susana Díaz con el de Mariano Rajoy se juega en el terreno de la educación. Andalucía ha consumado su aviso y no va a aplicar “por falta de tiempo” la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El desafío a la ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert se materializará en las aulas andaluzas con la orden política de aplicar leves retoques estéticos y poner en marcha un curso de transición.
Esta petición ya la cursó Andalucía al Ministerio y recibió un serio aviso desde Madrid, que le exigía que pusiera en marcha la reforma sin dilaciones y la animaba a ‘copiar’ los contenidos estándar escritos para todas las comunidades que no tengan capacidad de profundizar en sus competencias educativas y que aplicarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El desafío a la reforma educativa sigue adelante a pesar de que el Tribunal Supremo desestimó el pasado agosto la petición andaluza y catalána de paralizar cautelarmente la ley hasta que hable el Constitucional.
Andalucía se ha convertido en la abanderada de las comunidades en contra de la llamada ley Wert, junto a Asturias y Cataluña. Ha recurrido la ley orgánica al Constitucional por considerar que invade las competencias autonómicas, acaba con el principio de igualdad de oportunidades en las aulas e inclina la balanza a favor de la enseñanza concertada y privada. Detrás hay una armada batalla ideológica en la que el Gobierno andaluz de PSOE e IU se mueve con mucha comodidad y está dispuesto a dar el do de pecho.
Pese al aviso del Supremo, las aulas andaluzas ignorarán la nueva ley, la séptima de la democracia española y clavada a sus antecesoras en su incapacidad de contar con consenso político. El consejero de Educación, Luciano Alonso, informó de que efectivamente Andalucía seguirá adelante con las instrucciones que cursó a los centros de enseñanza el pasado junio y en la que limitaba el estreno de la normativa a dos novedades mínimas.
Seguirán impartiendo Educación para la Ciudadanía
El aviso del Alto Tribunal de que debe aplicar la norma no ha surtido efecto. La Religión, 90 minutos semanales, puntuará como asignatura y las Ciencias Naturales y Sociales se seguirán impartiendo de forma conjunta aunque, como impone la ley, se evaluarán por separado. Las aulas andaluzas seguirán impartiendo Educación para la Ciudadanía, aunque ahora como optativa, se mantendrán las enseñanzas artísticas y no se publicará el ranking de colegios ni las notas de los alumnos de tercero de Secundaria, otra de las novedades que Andalucía ha decidido saltarse. Tampoco se financiarán nuevos manuales ni libros de texto adaptados a la Lomce. El impacto en la Formación Profesional, la otra gran pata de la reforma, aún está por ver, aunque las aulas andaluzas se tomarán su tiempo.
Las instrucciones cursadas por la Consejería de Educación andaluzas se aprobarán en un decreto el próximo enero. El Ministerio podrá entonces, o antes si decide actuar ante esta rebelión, acudir a los tribunales. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha repetido en todos los foros posibles que trataría de “minimizar” el impacto de la ley Wert en las aulas andaluzas y ha consumado su aviso, a pesar de que legalmente se puede abrir una incómoda y larga guerra. La comunidad educativa andaluza aglutina 1,8 millones de escolares y 117.685 profesores, sin duda la tasa más alta de España.
Una de las principales batallas ideológicas que libra el Gobierno de Susana Díaz con el de Mariano Rajoy se juega en el terreno de la educación. Andalucía ha consumado su aviso y no va a aplicar “por falta de tiempo” la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El desafío a la ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert se materializará en las aulas andaluzas con la orden política de aplicar leves retoques estéticos y poner en marcha un curso de transición.