un EXDELEGADO DE EMPLEO Y la JEFA DE SERVICIO

El fiscal pide la primera imputación de altos cargos de la Junta por el fraude de los cursos

La Fiscalía Superior de Málaga ya ha pedido la primera imputación de altos cargos de la Junta de Andalucía en el fraude de los cursos de formación

Foto: Susana Díaz (c), con los expresidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla (i), Manuel Chaves (2i), José Antonio Griñán (2d) y Rafael Escuredo (d) (EFE)
Susana Díaz (c), con los expresidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla (i), Manuel Chaves (2i), José Antonio Griñán (2d) y Rafael Escuredo (d) (EFE)

La Fiscalía Superior de Málaga ya ha pedido la primera imputación de altos cargos de la Junta de Andalucía en el fraude masivo de los cursos de formación. Se trata de Juan Carlos Lomeña, delegado de la Consejería de Empleo en Málaga entre junio de 2004 y junio de 2011, e Isabel Almendro Flores, actual jefa de Servicio de Formación para el Empleo en Málaga de la Junta, según fuentes de la investigación de la Operación Edu consultadas por El Confidencial.

Los hechos, según la Fiscalía, podrían constituir delitos en el fraude de subvenciones del artículo 308, estafa del artículo 248, falsedad documental de los artículos 390 y siguientes, prevaricación del artículo 404 o de tráfico de influencias del artículo 428, todos ellos del Código Penal. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aludía en su informe a la Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del SAE de 15 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 3 de enero de 2011) en el que se hacen públicas las subvenciones concedidas a un total de 20 personas físicas y jurídicas por un importe de 1,7 millones de euros.

Las pesquisas de la UDEF, que empezaron hace más de un año, se centraron desde un principio en Lomeña al haber sido el político socialista que firmaba la concesión de esta ayuda y de un nutrido grupo más de subvenciones públicas concedidas en la provincia de Málaga, el primer territorio andaluz objetivo del foco de la investigación, ya ampliada y judicializada al resto de Andalucía, excepto en Jaén.

Como ya publicó este diario el pasado 16 de abril, Lomeña, de 60 años, es hombre de confianza del PSOE de Málaga de Marisa Bustinduy, exportavoz en el ayuntamiento de la capital malagueña y actual responsable de Turismo en la Ejecutiva Regional socialista, que pilota la secretaria general y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.  

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. (EFE)
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. (EFE)

El exdelegado de Empleo, que ahora trabaja como educador en la Diputación Provincial de Málaga, también admitió que se podrían haber dado algunas irregularidades. “La falsificación puede aparecer en cualquier momento. Si te falsifican, te falsifican. A ti y al sursum corda”, llegó a reconocer en conversación telefónica con El Confidencial. Ayer no atendió las llamadas de este diario.

Aún no hablan por “miedo y respeto”

Fuentes policiales han reconocido que los empleados y empresarios de compañías beneficiadas por las subvenciones de la Junta autorizadas por Almendro, el otro alto cargo de la Junta para el que el fiscal superior ha pedido la imputación, que fue nombrado para este puesto por Lomeña, tienen “miedo y respeto” a su cargo por el poder que ha tenido y todavía posee. “Aún no quieren hablar”, señalan estas mismas fuentes.

El equipo de Formación de Empleo, formado por una treintena de personas entre funcionarios y contratados laborales (cinco de estos de absoluta confianza de Almendro), pertenecía hasta septiembre de 2013 a la Consejería de Empleo. Desde esa fecha las competencias de Formación las asumió la Consejería de Educación y Cultura, que pilota el malagueño Luciano Alonso. La sede de Formación se encuentra en el Edificio Eurocom de Málaga, a escasos 200 metros del Edificio de Usos Múltiples de la Junta (el Edificio Negro), sede de la delegación de Educación en la capital malagueña.

Hacinados al servicio de Almendro

Los empleados trabajan en un mínimo espacio, están hacinados; el servicio informático ha fallado continuamente y los cables estaban por el suelo; también ha habido muchos cortes de luces. Así no podían trabajar de modo regular. Iban a su puesto, pero estaban con los brazos cruzados”, denunció a este diario un sindicalista de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Ante esos problemas, la Junta los llegó a reubicar en una sala de reuniones de la planta 11 del Edificio Negro y en otra destinada para dar clases de la segunda planta.

Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que investiga en la parte de esta provincia el fraude de los cursos de formación, rechaza convertirse en un juez estrella como su compañera Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (ayer amplió la investigación al año 2012 cercando a Griñán). En esta misma línea trabajan los agentes de la UDEF, que tienen muy claro que sería “contraproducente” un macroproceso como el de los ERE que “dilataría la instrucción demasiado tiempo”, según resaltan fuentes de la investigación.

Sin detenciones “espectaculares”

“Queremos despertar la conciencia social con una cimentación sólida de lo investigado, demostrar que se malgastaron fondos públicos y todo ello sin detenciones espectaculares. No queríamos convertir en este caso en una farándula como fue Malaya. Todo hay que hacerlo de un modo muy discreto y paso a paso, analizando todos los expedientes con detalle”, subrayan fuentes policiales, tras confirmar que los detenidos en esta fase de la Operación Edu declararon y salieron en libertad con cargos, como los hermanos Jerónimo y Juan, policías locales de Coín, que se hicieron millonarios gracias a las subvenciones de la Junta de Andalucía.

La Policía no teme a la posible destrucción de pruebas de los investigados, ya que la mayor parte del material analizado está informatizado y existe un procedimiento muy detallado por el que es muy fácil detectar si falta algún documento o se ha intentado eliminar para ocultar una posible irregularidad.

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