Estos son los máximos responsables de los cursos de formación de la Junta
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PRESIDENTES, CONSEJEROS, DIRECTORES GENERALES…

Estos son los máximos responsables de los cursos de formación de la Junta

Quienes gestionaron los cursos que investiga la UDEF, una estafa que puede llegar a 2.000 millones, son responsables políticos de la Junta y del PSOE

Foto: Susana Díaz (c), con los expresidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla (i), Manuel Chaves (2i), José Antonio Griñán (2d) y Rafael Escuredo (d). (Efe)
Susana Díaz (c), con los expresidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla (i), Manuel Chaves (2i), José Antonio Griñán (2d) y Rafael Escuredo (d). (Efe)

Son responsables políticos de la Junta de Andalucía y del PSOE que gestionaron los cursos de formación investigados por la UDEF. Es esta unidad de la Policía y la Justicia –el caso está a punto de judicializarse– quien deberá determinar su implicación en esta estafa llamada Operación Edu que según las primeras estimaciones de los investigadores policiales podría llegar a 2.000 millones de euros, como adelantó este diario el pasado 15 de abril.

El Confidencial enumera quiénes son estos políticos que gestionaban entre el periodo 2007 y 2013 el último programa europeo de los fondos sociales de la formación que salpica al Gobierno andaluz. Se trata de un caso distinto al de los ERE, aunque algunos de los protagonistas son los mismos que los de la trama de corrupción que aún instruye la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. ¿Será Alaya quien se encargue también de este caso?

Consejeros

Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010. El primer consejero de la Junta que estuvo en prisión (durante cuatro meses) fue acusado por Alaya de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones, cohecho y falsedad en documento público. Fernández dirigió el Servicio Andaluz de Empleo, el organismo que concedía las ayudas de los cursos.

Manuel Recio, consejero de Empleo entre 2010-2012, también era responsable del Servicio Andaluz del Empleo, el instrumento estrella sobre el que pivotaba la concesión de las ayudas. Fue uno de los fichajes estrella de José Antonio Griñán cuando el presidente de la Junta decidió sustituir a Fernández. Está preimputado por la juez Alaya en el caso de los ERE. En su blog no tuvo dudas en defender el sistema de ayudas sociolaborales: “Ha servido para que muchos trabajadores, cuyas empresas estaban en crisis o a punto de cerrar, hayan podido acogerse a un sistema de prejubilaciones que les reconozca su esfuerzo durante tantos años y les aporte la dignidad necesaria para poder vivir el resto de sus días”. La Junta le pagaba a él y a su mujer, director general de la Competencia, dos alquileres en Sevilla.

El exconsejero Manuel Recio. (Efe)

Antonio Ávila, consejero de Empleo (2012-2013). También preimputado en el caso de las falsas prejubilaciones, fue el último responsable de Empleo antes de que estas competencias las asumiera la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que capitanea Luciano Alonso. Ávila fue sustituido por el polémico consejero Pepín Sánchez Maldonado, quien llegó a declarar a este diario que se sentía “en fuera de juego”.

Directores generales

Sin contar a los viceconsejeros, en el escalafón inmediatamente posterior se situarían los directores generales de Formación para el Empleo en la etapa investigada. Uno de estos altos cargos es María Teresa Florido Mancheño, nombrada en 2011 por el consejero Recio y destituida por Alonso en 2013.

José Antonio Griñan (c), María Teresa Caravaca (i) y Francisco Conejo (d). (Efe)

¿Por qué dejó el cargo Florido, exconcejal delegada de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Sevilla? No se ofreció una explicación clara. La responsable en la consejería de los fondos de formación que están bajo sospecha sustituyó entonces a Andrés Sánchez Hernández, que presentó su dimisión por razones personales, al mismo tiempo que el jefe de gabinete del consejero de Empleo, Rafael Calvache.

En mayo de 2011 ya había renunciado de manera "irrevocable" la directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Alejandra Rueda Cruz, tras apenas un año en el puesto. ¿El argumento? Otra vez “las razones personales". El actual director general de Formación para el Empleo es Carlos Cañavate de León, abogado de Málaga, próximo a Francisco Conejo, secretario de Política Institucional del PSOE andaluz.

El destino del dinero de los cursos de Formación también lo controlaban directores generales de Presupuestos como Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, cuya primera imputación en el caso de los ERE fue anulada por la Audiencia por "falta de concreción". Alaya les acusa ahora del "oscurantismo e ilegalidad" de las ayudas. La juez repite textualmente la imputación a ambos exaltos cargos, que les fue "leída detenidamente", con motivo de su declaración como imputados en septiembre del 2013. Ahora añade los argumentos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Intervención del Estado para culparles del "oscurantismo" e "ilegalidad" de las ayudas.

placeholder Antonio Lozano, exdirector de presupuesto de la Junta. (Efe)

Delegados/as provinciales de Empleo

Las pesquisas sobre la gestión de Juan Carlos Lomeña, delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga entre 2004 y 2011, es la que ahora llevan más adelantada los agentes de la UDEF. Lomeña es hombre de confianza del PSOE de Málaga de Marisa Bustinduy, exportavoz en el ayuntamiento de la capital malagueña y actual responsable de Turismo en la Ejecutiva Regional socialista.

En declaraciones a El Confidencial, argumentó que las solicitudes de los cursos de formación se daban “por concurrencia competitiva además de acreditar la documentación”. El exdelegado de Empleo en Málaga también admitió que se podrían haber dado algunas irregularidades. “La falsificación puede aparecer en cualquier momento. Si te falsifican, te falsifican. A ti y al sursum corda”, señaló a este diario.

En esta misma línea se situarían, además de Lomeña, Susana Radío y Marta Rueda, sucesoras en el cargo de Lomeña en la Junta en Málaga. Tanto Radío como Rueda son políticas de confianza del consejero Sánchez Maldonado. Han sido delegadas en Málaga de la Consejería de Empleo de la Junta. Rueda asumió este cargo en agosto de 2012 y no ha realizado “ninguna investigación interna sobre el fraude de sus antecesores”, según fuentes de la Junta. Antes había ejercido como delegada de Economía, Ciencia de Innovación y delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, la máxima responsable del Ejecutivo andaluz en la ciudad costasoleña. También es secretaria de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga, como ya publicó este diario.

El ‘exnúmero 2’ Rafael Velasco

El maná de los cursos de formación se saldó en 2010 con una víctima política de gran relevancia. Rafael Velasco, nombrado por Griñán en 2010 vicesecretario general del PSOE de Andalucía. El mirlo blanco del partido tuvo que dimitir por las subvenciones de 730.000 euros durante cuatro años que la Junta concedió a Aulacen Cinco, la academia de formación profesional de su mujer que regentaba en Córdoba su esposa, Antonia Montilla. La empresa se constituyó en 2005.

placeholder Rafael Velasco (i), con Manuel Chaves (d). (Efe)
Rafael Velasco (i), con Manuel Chaves (d). (Efe)

Chaves, Griñán… y Susana Díaz

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como máximos responsables del Ejecutivo andaluz, también tendrían protagonismo en esta trama al ser los encargados de nombrar a los consejeros de Empleo. El papel de Griñán sería determinante. Este diario ha destapado que burló la obligación de publicar las ayudas para cursos clavándolas en un corcho y dio 56 millones de euros de ayudas a la formación tras perder las elecciones autonómicas de 2012.

La actual presidenta Susana Díaz, que era número 2 del PSOE en el periodo en el que ahora mismo centra la investigación la UDEF, tendría un relevante papel, así como el caso de su marido, José María Moriche, que trabajó para Fies Andalucía, una fundación de UGT que recibió 6,5 millones de euros en 14 años, como publicó El Confidencial el pasado 23 de abril.

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