Casi 230 familias al borde del desahucio en Andalucía al 'tumbar' el TC la ley de la Junta

Descarrila la norma favorita del bipartito andaluz. Doscientas treinta familias se encuentran al borde del desahucio tras paralizar, de manera cautelar, el Tribunal Constitucional (TC) dos puntos clave de la legislación de la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado 9 de octubre. Hasta ahora sólo dos familias (una de Huelva y otra de Torremolinos) se han visto beneficiadas por esta medida que pretendía “luchar por las personas en riesgo de exclusión social”, según el Ejecutivo de Susana Díaz. Otros 37 expedientes están aprobados por el Consejo de Gobierno.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció que recurrirá la medida y que expondrá un informe al Tribunal Constitucional sobre las bondades de esta ley. También pedirá a los jueces que tienen que ordenar los desahucios de las viviendas que no ejecuten las sentencias a la espera de una resolución firme del TC.

La Consejería aclara que el Tribunal Constitucional no ha dicho “ni mucho menos” que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda sea inconstitucional. “Lo único que ha hecho el Constitucional es admitir a trámite automáticamente el recurso presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que provoca la suspensión cautelar de la norma sin entrar en el fondo. Es lo mismo que hizo en julio con el decreto-ley [del pasado mes de abril] que antecedió a esta norma”, subrayan fuentes de la Consejería.

“En ningún caso el TC ha entrado en el fondo del asunto ni ha realizado ningún pronunciamiento sobre el contenido de la norma. La mera presentación del recurso por parte del presidente del Gobierno implica la paralización de la norma en virtud del artículo 161.2 de la Constitución”, indican estas mismas fuentes de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

700.000 viviendas vacías

La Junta tampoco podrá sancionar a las entidades financieras que operan en Andalucía que tengan viviendas vacías durante seis meses seguidos a lo largo de un año. El Gobierno andaluz aún no había iniciado los trámites para multar a ningún banco o caja. “Aquí operan más de 20 entidades y no nos ha dado tiempo a constatar estos datos”, subrayan a El Confidencial fuentes de la Consejería.

Hay otros puntos importantes de la ley que no han sufrido ninguna modificación. A saber: la intermediación de la Junta de Andalucía para interceder en el mercado del alquiler para favorecer que las personas físicas no mantengan viviendas vacías (existen 700.000 en toda la comunidad autónoma), la creación de un informe exhaustivo sobre el mercado de la vivienda y reforzar la inspección.

Para Alicia Martínez, vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del Partido Popular andaluz, es la "segunda vez que la Junta tropieza en la misma piedra" al no querer modificar una ley "que vulnera la Constitución Española" y al seguir "poniendo excusas para no ejercer sus competencias" y garantizar en Andalucía la función social de la vivienda. “Lo más más preocupante es que la Administración andaluza “ponga excusas para no ofrecer a los andaluces una vivienda a precio asequible en alquiler y garantizar, así, el derecho a la vivienda”.

Entre el “corralito” y la “puñalada” a la clase trabajadora

Francisco Gracia, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca en Sevilla, en conversación telefónica con El Confidencial, se lamentó de que el Ejecutivo de Rajoy legisle “para los banqueros y contra la ciudadanía". “Esta ley era una esperanza para muchos desahuciados y se ha convertido en una puñalada más a la clase trabajadora, los que pagamos esta estafa llamada crisis; siempre son los mismos los que se lo están llevando y además con el beneplácito del Gobierno”.

Otros calificaron la norma de “corralito inmobiliario”. Así se pronunció el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Málaga, José Prado Seseña, al tildarlo de “corralito inmobiliario” para los ahorradores. “Esta intromisión e intervencionismo aberrante de la Junta de Andalucía se parece al corralito de las preferentes. Es como si fueran a un concesionario de automóviles y se impusiera a los vehículos en stock el precio que quisiera la Administración autonómica”, expresó Prado en declaraciones a El Confidencial.