Fondos de cooperación, la ¿última? corrupción andaluza
La Justicia, y los órganos fiscalizadores de la autonomía andaluza, debieron advertir hace años del fraude generalizado en los Fondos de Cooperación
La Justicia, y antes que la Justicia los órganos fiscalizadores de la autonomía andaluza, debieron advertir hace ya años del fraude generalizado que se producía con los fondos de cooperación, pero es ahora, varios años después de las primeras denuncias, cuando empiezan a aflorar los perfiles del escándalo. Debió de ser, al menos, en 2009, cuando comenzaron a publicarse en la prensa andaluza algunas inversiones irrisorias, humillantes, cínicas, del dinero público que está dedicado a intentar mejorar la vida de quienes no tienen nada. Pero sólo hoy, cuatro años después, se emprende el análisis del fraude sostenido de los fondos de cooperación de la Junta de Andalucía como muestra de una corrupción mayor.
El ‘modus operandi’ de este nuevo fraude, como ya se detalló aquí, es similar al que se investiga en la trama de los ERE o en el escándalo de Invercaria: ayudas, subvenciones o acuerdos que aprueba el Gobierno andaluz de forma generosa y sobre los que posteriormente no existe ningún control ni exigencia siquiera de justificación. Basta una factura o un mero apunte contable en el que se afirma que el dinero se ha invertido en tal o en cual actividad, pero nadie en la administración que entrega el dinero exige ni investiga luego si es cierto que se ha realizado la actividad o si, por lo menos, existe o es inventada.
Más de 4 millones de euros se perdieron en la 'elaboración de diagnósticos generales de diferentes países'
En el presupuesto de cooperación internacional al desarrollo de la Junta de Andalucía, que en 2009 ascendió a 113.648.802 euros, había, por ejemplo, una partida tan genérica que se pudo dedicar a cualquier cosa, menos a ayudar a los países del Tercer o Cuarto Mundo. La partida en cuestión era de 4.421.854 euros, el 3,8% del total, y estaba destinada a “actuaciones y procesos de apoyo”, según la propia memoria de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) de la Junta. Es decir, que esos más de 4 millones de euros se perdieron en la “elaboración de diagnósticos generales de diferentes países” con desplazamientos a los mismos y contratación de personal, que resulta a todas luces excesivo para el fin que se persigue, sobre todo cuando se intenta calcular qué se podría hacer en muchos de esos países con esa cantidad de dinero.
Dinero que no salió de Andalucía
Otro ejemplo más: en ese mismo presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía de 2009, se descubrió que UGT y CCOO recibían más dinero que algunos de los países destinatarios, como Ecuador, Malí o Mauritania, que ese año tenían partidas muy inferiores a las de los sindicatos andaluces. En total, los dos sindicatos recibieron ese año 2.348.549 euros en ayudas de cooperación internacional que, en teoría, sirvieron para financiar nueve proyectos, siete de ellos en el exterior y dos en la propia comunidad andaluza. Pero, una vez más, el sólo nombre de los cursos ya causa estupefacción. Como las jornadas por las que UGT ingresó 625.000 euros y que llevaban como título justificativo 'Jornadas sobre Cooperación Sindical al Desarrollo: Andalucía-América Latina; Sindicato, Globalización y Trabajo Decente'.
También a Comisiones Obreras le entregó el Gobierno andaluz 134.857,47 euros ese año para un proyecto denominado 'Recursos de Educación para el Desarrollo para la Formación del Profesorado y su Aplicación en el Aula». Y otros 75.000 euros más a este mismo sindicato para el Festival Solidario Entresures, que se celebró en Málaga. Además de la subvención extraordinaria de la Junta de Andalucía, en aquel festival que organizaba CCOO se cobraba una entrada, denominada ‘bono ayuda’, que iría destinada a “una campaña contra el acoso laboral y sexual y la violación sistemática de los derechos humanos, laborales y sindicales que sufren las mujeres trabajadoras de empresas situadas en las zonas francas de los países centroamericanos”. El Gobierno andaluz se justificó entonces diciendo que el 83,62% de las ayudas se destinó a intervenciones en el exterior, pero, sin entrar en el análisis de esos teóricos proyectos desarrollados, en la propia respuesta va implícita la sospecha de los cientos de miles de euros de ayuda de cooperación que ni siquiera salían de Andalucía.
Oscurantismo en las ayudas
Rafael Salas, secretario general del Grupo parlamentario del PP andaluz, donde se elaboró un informe detallado sobre el desvío de fondos de cooperación en 2009, recuerda ahora, en declaraciones a El Confidencial: “Las descalificaciones de las que fuimos objeto entonces, por cuestionar el oscurantismo de esas ayudas... y sin embargo el tiempo nos vuelve a dar la razón”. Se refiere este dirigente del PP-A a la nueva política emprendida por el Gobierno andaluz de exigir reintegros de subvenciones cuyos proyectos no se justifican, tras conocerse públicamente la trama de las facturas falsas que ha afectado a UGT. Meses antes, en mayo pasado, la Cámara de Cuentas de Andalucía hizo público un informe de 'Fiscalización de las Ayudas Gestionadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ejercicio 2009', en el que constataba que esa Agencia, en el año analizado, “no tiene implantado un sistema de plazos para solicitar al beneficiario la presentación de la justificación”.
La duda que queda en el aire es qué ocurriría si los fondos de cooperación de la Junta se sometieran a una investigación general en los juzgados, igual que los de los ERE
En uno de los últimos plenos del Parlamento andaluz, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (Izquierda Unida), que gestiona ahora esos fondos, se comprometió a “reforzar los instrumentos que controlan” esas subvenciones, pero afirmó que “existe un control permanente de los fondos destinados a cooperación al desarrollo”, y añadió, en cualquier caso, que ante cualquier posible irregularidad se solicita la devolución de las ayudas y "reintegro y devolución no es igual a fraude".
La duda que queda en el aire, sin embargo, es qué ocurriría si los fondos de cooperación de la Junta de Andalucía se sometieran a una investigación general en los juzgados, de la misma forma que ha ocurrido con el reparto de fondos para los ERE. En la citada sesión parlamentaria, el vicepresidente andaluz cifró de manera genérica en 510,4 millones de euros los fondos destinados a cooperación “en los últimos años”, y especificó que los controles internos han detectado anomalías en el 4%. ¿Qué pasaría si ese mismo análisis se extiende a los últimos diez años, como los ERE? ¿Cuánto dinero de cooperación se ha perdido por el camino? El diputado popular Rafael Salas tiene claro que “aunque no se llegue a los niveles del escándalo de los ERE o de Invercaria, que es el despilfarro inmenso de las ‘transferencias opacas’ de financiación, los fondos de cooperación se han gestionado con el mismo descontrol. Estaría bien que Gaspar Zarrías, que fue el máximo responsable de la gestión de los fondos de cooperación durante esos años, nos explicara a todos qué ha ocurrido". “Son decenas de millones –añade Salas- que no sabemos bien ni dónde se han invertido ni quién se los ha gastado... Con el agravante de que esas ayudas tenían que haber llegado a quien más lo necesitaba”.
La Justicia, y antes que la Justicia los órganos fiscalizadores de la autonomía andaluza, debieron advertir hace ya años del fraude generalizado que se producía con los fondos de cooperación, pero es ahora, varios años después de las primeras denuncias, cuando empiezan a aflorar los perfiles del escándalo. Debió de ser, al menos, en 2009, cuando comenzaron a publicarse en la prensa andaluza algunas inversiones irrisorias, humillantes, cínicas, del dinero público que está dedicado a intentar mejorar la vida de quienes no tienen nada. Pero sólo hoy, cuatro años después, se emprende el análisis del fraude sostenido de los fondos de cooperación de la Junta de Andalucía como muestra de una corrupción mayor.
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