vuelve a la carga con un nuevo auto

Alaya culpa Chaves y Griñán de “falta de control consentida” en las subvenciones

Son trece puntos en un auto de 28 páginas. Y la juez Alaya lo tiene muy claro: existió una “falta de control consentida” en la concesión de subvenciones

Foto: Fotografía de archivo de la juez de los ERE, Mercedes Alaya. (EFE)
Fotografía de archivo de la juez de los ERE, Mercedes Alaya. (EFE)

Son trece puntos en un auto de 28 páginas. Y tras citar el último (“incumplimiento total de la normativa comunitaria”), la juez Mercedes Alaya lo tiene muy claro: existió una “falta de control consentida” en la concesión de subvenciones en el mandato de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía y durante la etapa de José Antonio Griñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda en la etapa del primero.

Alaya describe en su escrito judicial, que responde al de la Audiencia Provincial de Sevilla, “la  intervención habitual de intermediarios que traficaban con la influencia que tenían sobre los cargos de la Consejería de Empleo para conseguir la financiación de la Junta”, el pago “sin límite a las mediadoras de seguros, que cobraban enormes sumas por encima de la media del mercado”.

Para la juez también se propició la concesión de ayudas socio-laborales a personas individuales que no han sido afectadas por un ERE “por el sólo hecho de encontrarse desempleados”, circunstancia que provocó que cierto número de ayudas se concedieran a amigos, familiares o personas del entorno de “ciertos cargos de la Consejería de Empleo que fueron receptoras incluso de varias subvenciones”, como figura en el auto al que accedió este diario.

Pendiente de un informe policial

Una de las circunstancias más relevantes del caso es la intención de Alaya de seguir con esta macroinstrucción (aquí todas las claves del caso). Desvela la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que está a la espera de un informe policial que constate y profundice sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad, concedidas por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera.

Alaya se remite en su auto a la declaración de Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, quien reflejó que en el año 2005 el déficit ocasionado por la Consejería de Empleo en el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), actual agencia IDEA, sufrió un déficit de 95 millones años, “lo que hubiera ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de Andalucía”.

Déficit de 93 millones

Es impensable”, declaró Gómez y recuerda Alaya, “que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros, provocado por uno solo, el director general de Trabajo; era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta”.  El exinterventor acusó a Griñán de ser “pasivo” con los informes de auditoría.

Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán. (EFE)
Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán. (EFE)
La magistrada comunicó en septiembre la preimputación de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009 y actual diputado por Cádiz; José Antonio Viera, consejero de Empleo ente 2000 y 2004, y ahora diputado por Sevilla; José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y actual senador; Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera y consejera de Economía y Hacienda desde 2009 a 2013, y actualmente parlamentaria por Sevilla.

Manuel Recio, secretario general de Economía y luego consejero de Empleo hasta mayo del año pasado, y también parlamentario por Almería; Francisco Vallejo consejero de Innovación hasta 2009 y actual parlamentario por Jaén; y Antonio Ávila secretario de Economía y exconsejero de la misma cartera hasta septiembre de este año, actualmente parlamentario por la provincia de Jaén, también fueron preimputados por Alaya.

Investigación de la Cámara de Cuentas

La juez Alaya también dictó ayer otro auto en el que insta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que acaba de entregar un informe de más de 8.000 folios sobre el caso de los ERE falsos, que investigue el modus operandi de la Cámara de Cuentas en relación con las ayudas concedidas por transferencia de financiación, según el auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

El abogado Juan Carlos Alférez, letrado del exdirector de agencia IDEA Jacinto Cañete, puso en jaque en su declaración judicial el papel de la Cámara de Cuentas. Según Alférez, la Cámara "bendecía año tras año" la aprobación de las Leyes de Presupuestos por parte del Parlamento andaluz.

Andalucía
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
15 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios