despedidas 840 personas con 'mini-jobs'

Monitores a 8 €/hora: la Junta se enfrenta a otra rebelión como la de los funcionarios

#monitoresenlucha es una etiqueta en Twitter que define hasta qué punto las 840 personas despedidas por la Junta de Andalucía están dispuesta a luchar

Foto: La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. (EFE)

#monitoresenlucha es una etiqueta en Twitter que define hasta qué punto las 840 personas de 1.031 colegios despedidas por la Junta de Andalucía están dispuesta a luchar para recuperar su puesto de trabajo. Por 400 euros en el mejor de los casos, sin derecho a vacaciones pagadas y una cotización mínima en la Seguridad Social, los monitores en colegios andaluces han planteado una rebelión similar a la de los funcionarios contra los enchufados en la administración paralela de la Junta.

“Somos un colectivo muy disperso y ha resultado muy difícil organizarnos; no estamos en todos los centros educativos, sólo en uno de cada tres colegios. Ha sido complicado contactar entre nosotros, pero cuando lo hemos hecho ha sido muy rápido gracias a la redes sociales”, relata a El Confidencial Virginia Vázquez, de 45 años, que durante los últimos años ha sido monitora de apoyo en un colegio bilingüe –público, perteneciente a la Junta de Andalucía– el Félix Revello de Toro de Málaga.

Los despidos (el 95% son mujeres, de una edad media de 45 años) llegan después de casi ocho años en los que la Junta de Andalucía miró para otro lado mientras contrataba a empresas privadas en un servicio a un precio de 8 euros la hora, “que no podía sino significar que el trabajador estaba siendo explotado, por cuanto una empresa privada jamás trabaja para cambiar dinero”, denuncia Vázquez a este diario, tras recordar que las empresas subcontratadas por la Junta se han quedado con más de la mitad de lo que pagaban por ellos durante los periodos de vacaciones escolares. Según el relato de esa monitora malagueña, “la Junta de Andalucía tiene el derecho y la obligación, como subsidiaria, de estar informada sobre las condiciones de los servicios que contrata”.

En algunas provincias andaluzas, como Cádiz y Córdoba, la situación es mucho más grave. La empresa STI Servicios Territoriales Integrados se adjudicó el último concurso (octubre-noviembre de 2012), pero muy pronto dejó de pagar parte de las nóminas y la Seguridad Social. Tras varias reuniones con la consejería y con el Ente Público de Infraestructuras y Servicios (ISE), los trabajadores de esta provincia se vieron obligados a denunciar su situación en Inspección de Trabajo además de presentar una demanda en los juzgados. Tanto la Inspección de Trabajo de Cádiz (de junio de 2013) como la de Córdoba resolvieron a favor de los trabajadores por cesión ilegal entre la empresa y la Junta de Andalucía.

Seis nóminas sin cobrar

“Desde el principio dejaron de pagarnos los fines de semanas y los festivos. El mes que más cobrábamos eran 400 euros y algunas veces sólo 60 euros. Jamás cobramos una nómina completa. Nos deben ya casi seis nóminas”, critica Esther Porquicho, presidenta de la plataforma andaluza de monitores andaluces, en conversación telefónica con este diario. “No conocíamos a nadie de esta empresa y nos enviaron el contrato por correo electrónico. Se nos ha reconocido como sección legal de trabajadores de la Junta de Andalucía, porque usamos todo el material de los colegios y recibíamos órdenes de los directores de los centros”, explica.

Foto: @angelesrodrigu
Foto: @angelesrodrigu
Ante las denuncias de los trabajadores, la Junta de Andalucía se plantea extinguir los contratos con las empresas para que “quedemos todos en la calle mientras ellos plantean un plan de choque que cubra estas plazas a través de una oferta genérica por sondeo del Servicio Andaluz de Empleo; y no nos dan las mínimas garantías de poder siquiera participar en el proceso de adjudicación”.

Luciano Alonso, consejero de Educación del Gobierno andaluz, está estudiando la posibilidad de que entren algunos pero "todos no podrán" porque no tienen la titulación. A juicio de Alonso, las empresas han hecho “mal su trabajo” porque no han cumplido con las condiciones de los pliegos. “No podemos subrogar a esos trabajadores, que han sido despedidos por las empresas subcontratadas desde el año 2006 al no renovarles la Junta el contrato”, señaló Alonso. Mientras, esta semana se concentrarán en las puertas de las delegaciones del Gobierno de la Junta. Son los #monitoresenlucha.

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