MIEMBRO DE LA EJECUTIVA PSOE-ANDALUZ

Una exalcaldesa cercana a la presidenta, primer caso de corrupción de la etapa Díaz

Su foto y currículo político todavía está presente en la web del PSOE-A. Luisa Ruiz, exalcaldesa de Peñarroya, fue detenida ayer por la Guardia Civil

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

Su foto y currículo político todavía están presentes en la web oficial del PSOE-A. Luisa Ruiz, detenida ayer por la Guardia Civil, vocal de la Ejecutiva socialista andaluza y exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), se ha convertido en la protagonista del primer caso de presunta corrupción que salpica a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y secretaria general in pectore del PSOE andaluz.

Primera edil entre 2003 y 2011 de este municipio cordobés y actual portavoz del grupo municipal socialista, Ruiz está acusada de un delito contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público en una operación por posibles fraudes en la recepción de ayudas europeas para el desarrollo económico de antiguas zonas mineras del carbón, los llamados fondos Miner.

Habitantes:
11778 personas
Superficie:
64,50 km²
Provincia:
Provincia de Córdoba
Comunidad Autónoma:
Andalucía
Densidad población:
186,82 personas
Altitud media:
541,69 metros
El caso, que incluye a otras diez personas imputadas de otras provincias, proviene de una denuncia del PP (ahora en el poder municipal) que alertó en octubre de 2012 de irregularidades en la contratación pública de esas subvenciones con el objetivo de “enriquecer a determinadas empresas”, según relata María Gil, actual alcaldesa, en declaraciones a El Confidencial.

El Tren Turístico 'El Guadiato' y el Museo del Ferrocarril son los dos objetos de investigación de la Guardia Civil, pero no los únicos. El Instituto Armado ha ampliado las pesquisas a otras ayudas, centradas en el último mandato municipal de Ruiz (2007-2001). El equipo de Gobierno de Peñarroya-Pueblonuevo ha tenido que hacer frente al pago de cinco millones de euros tras dos sentencias contra el municipio por la gestión de la etapa socialista. El pueblo, de 11.700 habitantes, cuenta con un presupuesto anual de 10 millones de euros, frente a los 22 millones de la anterior alcaldesa, muy próxima a Díaz, aunque su nombre nunca ha figurado en las quinielas a un puesto en la Junta de Andalucía. En 2006 sí provocó un cisma orgánico por su elección como alcaldable.

Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos en una situación de quiebra económica, era un momento muy difícil, pero al menos conseguimos un compromiso con los trabajadores y no hemos hecho un ERE municipal: continúan los 120 trabajadores”, señala Gil en conversación telefónica con este diario, quien abunda en la necesidad de que “se sepa la verdad”. “Todo esto no nos pilla por sorpresa”, admite la alcaldesa, que remata: “Nuestra obligación era ponerlo en conocimiento con la Justicia: queríamos que se supiera toda la verdad”.

Auditoría de los fondos Miner

Una de las claves del asunto reside el uso de los fondos Miner en toda España. Izquierda Unida ya anunció que pediría en el Congreso de los Diputados una auditoría sobre los Fondos Miner destinados a España por la Unión Europea. Según la coalición de izquierdas, los diferentes planes del carbón 1990-1994; 1995-1997; 1998-2005; 2006-2012, reconocen como principios generales "el carácter general del mismo, la necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento energético, promover la reactivación de las comarcas mineras, todo ello de modo coherente con la normativa europea".

Sólo en la provincia de Córdoba y en concreto en el Valle del Guadiato, donde se enclava Peñarroya-Pueblonuevo, el plan Miner preveía en noviembre de 2012 la financiación de tres proyectos de infraestructuras valorados en 2,6 millones de euros. Los fondos mineros andaluces también han sido objeto de polémica, como los de la Faja Pirítica de Huelva, tras su vinculación con el caso de los ERE

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