La Junta será embargada si en 48 horas no paga a un prejubilado legal de Mercasevilla

Apenas quedan 48 horas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenará el embargo de las cuentas de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz si el próximo jueves no paga a José Díaz Martín, prejubilado legal de Mercasevilla, según ha confirmado Marta Mejías, letrada de Díaz, en declaraciones a El Confidencial.

Una diligencia de la sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA reclama a la Junta de Andalucía que se cumpla la ejecución forzosa de la sentencia a favor del prejubilado de la central de abastos sevillana tras seis meses de no aplicación. “La Junta podría incurrir en responsabilidades penales si sigue sin colaborar con la Justicia”, denuncia Mejías a este diario.

Como ya adelantó El Confidencial el pasado 18 de abril, un escrito judicial enviado al TSJA fechado en Sevilla el 12 de abril de este año, la procuradora Auxiliadora Espina Camacho exige a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que proceda “de forma inmediata” a la no consideración de Díaz Martín como irregularmente acogido al ERE 2003 de Mercasevilla. El Gobierno andaluz también deberá pagar los intereses y costas.

La sentencia solicitaba al Alto Tribunal andaluz la importancia de la necesidad del “abono de las prestaciones por prejubilación no percibidas hasta la fecha y a la no iniciación de expediente de devolución de las prestaciones percibidas, que son las decisiones que en sentido contrario fueron acordadas por la resolución anulada en este procedimiento”, según el escrito judicial.

Hay otros cuatro prejubilados de Mercasevilla que configuran la otra cara de los ERE falsos. ¿Su culpa? “No pertenecer a ningún partido político ni sindicato”, denuncia Mejías. “Somos gente trabajadora que ha sido engañada. Nuestras familias nos tienen que comprar alimentos y pagarnos facturas, ya que nosotros no podemos hacerlo y a muchos nos van a quitar hasta la vivienda. La salud de algunos compañeros se está viendo seriamente afectada”, destacó Pedro Viruez, de 59 años, con tres hijos y cuatro nietos, prejubilado, a su pesar, a los 50 años. 

El padre de la ministra y nuevos despidos

Viruez es uno de los cinco afectados, junto a Antonio García de Castro, Joaquín Gómez Mayo y José Díaz Martín, defendidos por el despacho de abogados sevillano Sánchez & Mejías Asociados. Hay otro prejubilado que decidió que su defensa jurídica corriera a cargo de Comisiones Obreras. De media, cobraban 1.400 euros mensuales. “Llevan dos años engañados. La Junta de Andalucía piensa que está al margen de la ley, que son intocables y no sabemos por qué utilizan un doble discurso”, lamenta la abogada sevillana a este diario.

Mercasevilla se ha convertido en un escándalo continuo. A la llamada para declarar ante la juez Mercedes Alaya del padre de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya fallecido, se le sumaron ayer gritos de insulto de 50 trabajadores de la central de abastos contra ediles del PP del Ayuntamiento de Sevilla después de aprobarse un desembolso de tres millones de euros para un nuevo ERE en Mercasevilla. Se prevé una reducción de plantilla de 100 trabajadores.