El Defensor Andaluz quiere expropiar a los bancos las VPO vacías sin vender

Expropiación. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quiere arrebatar a las entidades financieras las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que están vacías y que no se han puesto en venta. Chamizo pide a los bancos y cajas de ahorros que elaboren un inventario de las VPO disponibles en Andalucía. En el caso de que no lo hicieran, la administración pública podrían expropiar estas viviendas a un precio asequible para los ciudadanos.

“Existe una importante bolsa de viviendas protegidas que han quedado en manos de entidades financieras y que no están cumpliendo la función social legalmente establecida. Pedimos que se inventaríe esta bolsa y se promueva su destino efectivo como alquileres sociales”, destaca Chamizo, quien informa en declaraciones a El Confidencial que elevará esta propuesta a la nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. “Creemos que puede ser una medida muy útil y que no tiene precedentes en España”, indicó a este diario.

Para ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado una queja de oficio sugiriendo a la Consejería de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (de Izquierda Unida), una serie de medidas detalladas que desarrollan esta idea. El responsable del organismo considera que así se cumpliría “perfectamente” con las normas vigentes y la Constitución. “Estos alzamientos y pérdidas de vivienda son el resultado de procesos judiciales que podrían merecer acciones previas de mediación o negociación. La participación de profesionales que ayuden y asesoren podría conseguir resultados menos traumáticos, alternativas de uso en alquiler y, desde luego, minorar la litigiosidad que colapsa los juzgados”.

A través de otra queja de oficio, el Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido a los Colegios de Abogados la organización de un servicio de asistencia legal que atienda los asuntos de personas que puedan sufrir desahucios. “Hay personas que desconocen los derechos que les asisten como partes implicadas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria, lo que agrava aún más la sensación de desamparo que, ya de por sí, les genera la pérdida de la vivienda y la espera de un lanzamiento judicial que en cualquier momento llegará”, indica un documento elaborado por el equipo de Chamizo.

El sistema planteado por el Defensor del Pueblo residiría en los servicios de asesoramiento e intermediación de ámbito local, que serían los que asumirían la doble función de asistir a las familias durante el proceso de ejecución hipotecaria y ofrecerles una solución cuando ya se hubiese ejecutado el desahucio. Estos servicios se ubicarían en los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales para atender a los municipios de menor población.

Chamizo lamentó la “desmesurada” carga de la Guardia Civil en el desahucio de Francisco Manuel Ramírez vecino de Cártama (Málaga), de 46 años, casado y con tres hijos. Ramírez se vio obligado ayer a abandonar su vivienda, tras el tercer intento, y después de que el pasado jueves se suspendiera sin personarse la comisión judicial para comunicarlo. El malagueño se quedó en paro en 2009 y ahora trabaja a media jornada como barrendero para el Ayuntamiento de Cártama. Debe unos 8.000 euros de hipoteca, una cantidad que con los intereses se eleva a más de 135.000 euros.