Corulla sufre un ataque de ansiedad en la sala ante el asombro del tribunal del ‘caso Malaya’

La abogada Montserrat Corulla no se encuentra en su mejor momento. La testaferro de Juan Antonio Roca está al límite cuando ya el juicio por el caso 'Malaya' contra la corrupción en Marbella toca a su fin. Su palidez la delata. En la sesión de este martes, el presidente de la sala, José Godino, tuvo que interrumpir la vista cuando estaba exponiendo la primera defensa, la del acusado Máximo Filippa.

La interrupción se debió a que ‘la dama del velo blanco’ sufrió un ataque de ansiedad cuando iba a entrar en la sala y tuvo que ser examinada por un médico forense. Mientras éste llegaba, su compañera de banquillo, Isabel García Marcos, médico de profesión, le prestó los primeros auxilios. Más tarde llegó el forense, y a Montse no se la volvió a ver más en la Ciudad de la Justicia. El presidente indicó que la acusada ya se encontraba mejor, aunque no se incorporaría a la sesión. Su anuncio provocó barullo en los banquillos y las defensas siguieron con su pliego de alegaciones.

Corulla, descrita a lo largo del voluminoso sumario del caso Malaya como la principal testaferro de Roca, el cerebro de la trama, a quien el propio exgerente de Urbanismo describe como “una fenómena”. Entró en contacto con la trama marbellí a través del despacho de abogados Sánchez-Zubizarreta. Ahora se enfrenta a la acusación de blanqueo de capitales.

Defensa de Yagüe: cadalso de la Edad Media

Las defensas de esta jornada no tuvieron pelos en la lengua. Uno de los abogados más combativos fue Pablo Luna, defensor de la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel. El letrado precisó en sus alegaciones que "se ha tratado de construir en los escritos de acusación un historial perverso del Ayuntamiento de Marbella para enjuiciarlo penalmente como si se tratara de un cadalso de la Edad Media".

Asimismo, criticó que por las partes acusadoras se haya producido "una criminalización generalizada" de los actos administrativos. Y cómo no, en su informe final, al igual que otros tantos letrados del caso 'Malaya', pidió una sentencia absolutoria para su cliente: "Creo que se adultera, y lo digo desde todo respeto, la Constitución, pensando que la pena tiene un factor simbólico ante una sociedad mal informada, donde el auténtico acontecer de los procedimientos penales se lleva a cabo con una selección de actuaciones que son válidas solo y exclusivamente para venderse en un mercado mediático".

En su veredicto, Luna adujo que la exalcaldesa pudo equivocarse, una veces por su falta de formación, otras por falta de experiencia, y añade que no hubo conducta dolosa.

En todo momento esta defensa puso en cuestión la cadena de custodia de las pruebas obtenidas en los archivos de Maras. Denuncia que se rompió. No se acusa a nadie, se cuestiona la validez de la pruebas. "Esto es puro derecho constitucional… No se ha podido probar ni una solo hecho delictivo… En 35 años de oficio no he visto un derecho penal de ciudad, de siglas y de antecedentes históricos".

Separadas por disciplina

Cuando terminó Luna, los comentarios en los banquillos prosiguieron. Pero esta vez no pudieron hacer “sus cotilleos particulares las dos exalcaldesas”. Hace sólo un par de días, el presidente de la sala obligó a Marisol Yagüe y a Isabel García Marcos a sentarse separadas en la sala de vistas para evitar las charlitas que se traían durante la celebración del juicio.

La distribución de los acusados en el banquillo es una decisión de la sala de acuerdo con el grado de los delitos. Es por eso que la exalcaldesa Yagüe, que se enfrenta a 16 años de prisión, y su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, para quien el fiscal reclama otros 12 años de cárcel, siempre se han sentado juntas en la sala de vistas. El motivo de separarlas fue la indisciplina. El presidente del tribunal, el magistrado José Godino, llamó la atención en varias ocasiones a las acusadas, a los que pidió silencio; incluso en un momento dado, aludió a la necesidad de que dejaran de charlar "por respeto a su propia dignidad".

Los sobres de García Marcos

El abogado José Luis Rueda, letrado de García Marcos, afirmó el lunes que los sobres hallados en el domicilio de su defendida en el registro policial “son del SAS (Servicio Andaluz de Salud), muy antiguos, pues García Marcos pidió excedencia como médico en 1991”. En su alegato de defensa, insistió en que “mi cliente siempre votó en los plenos conforme a los dictámenes de los especialistas, ya fuera el secretario o la asesora jurídica de urbanismo, Raquel Escobar, la cual, recordó, no está procesada". En sus conclusiones finales, el letrado dijo que “si el Tripartito hubiera suspendido las centenares de licencias concedidas por el Gobierno anterior, hubiera supuesto cerrar la ciudad de Marbella. Es por eso que la actitud del Tripartido y de mi defendida fue absolutamente correcta". Añadió que nadie debe olvidar que cuando “entró en el Ayuntamiento de Marbella el Gobierno Tripartito, se inició una senda de colaboración con la Junta de Andalucía”.