El constructor Tomás Olivo vuelve al banquillo por fraude fiscal

Dice el refrán que no hay dos sin tres. El empresario Tomás Olivo tiene ya dos condenas por maltrato y delito urbanístico en su haber. Y ahora el procesado en Malaya se sentará en el banquillo por presunto delito contra la Hacienda Pública.

El acusado tendrá que responder el próximo día 10 a las preguntas de la Fiscalía, que le acusa de ocultar beneficios al fisco para evitar pagar 450.000 euros. El empresario se enfrenta a dos años y medio de prisión y multa de 3 millones de euros por presunto delito contra la Hacienda Pública. Según ha sabido El Confidencial, la Justicia ha decidido retirarle el pasaporte por peligro de fuga.

Diferentes procesos abiertos

Además de esta causa, Olivo está procesado en el caso Malaya, donde se enfrenta a cinco años de prisión y una multa de 4,8 millones por presunto cohecho. Según la versión de la Fiscalía Anticorrupción, supuestamente pagó 2,4 millones de euros en sobornos a Juan Antonio Roca. De este montante, 600.000 euros serían por nueve licencias para la ampliación del centro comercial La Cañada de Marbella. Durante su declaración en la vista, tanto Olivo como Roca han negado que estos cohechos hayan tenido lugar.

El promotor tiene en su currículum judicial la condena firme de la Audiencia de Granada que le sentenció a 15 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio en el denominado caso Nevada, un complejo comercial construido en Armilla.

Fraude Fiscal

El caso por el que la Fiscalía le sienta la próxima semana por presunto fraude fiscal data del periodo en el que ocupaba el poder en el Ayuntamiento el Grupo Independiente y Liberal (GIL). El empresario propietario del centro comercial La Cañada contrató entre 1994 y 1997 con el consistorio gobernado por Jesús Gil varias obras municipales por un importe global de 33 millones de euros.

Los proyectos se dividieron en varios contratos de ejecución y, aunque no todos fueron realizados, el promotor logró gracias a estas obras beneficios por importe de 1,4 millones de euros que decidió 'ocultar' en el impuesto de sociedades, siempre según la versión del ministerio fiscal. Aunque en 2004 ingresó parte de la cuota defraudada, el perjuicio final "sufrido por la Hacienda Pública es de 450.321 euros", según el escrito de calificación provisional emitido por la Fiscalía.

Obras cobradas en especies

Éstas no son las únicas irregularidades que se atribuyen a Tomás Olivo por obras contratadas con el Ayuntamiento de Marbella. El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella instruye la causa del perjuicio económico estimado en 45 millones de euros a las arcas del consistorio marbellí. Los hechos datan de cuando el Tribunal de Cuentas fiscalizó la contabilidad del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001.