El coste de los EREs falsos se dispara a 1.400 millones de euros

Primero fueron 700 millones. Luego 900. Ahora son 1.400 millones de euros. Una reunión en diciembre de 2010 entre el viceconsejero Justo Mañas, imputado por la juez Mercedes Alaya, y una aseguradora revela que el coste de los EREs falsos se dispara hasta los 1.400 millones de euros, según acaba de revelar el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.

La reunión de Mañas se celebró justo el mismo día que Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, desvelara en su declaración ante la Guardia Civil la existencia de un fondo de reptiles a cargo del programa presupuestario 31L entre 2001 y 2010.

Lo relevante del documento exhibido por Sanz, y que enviará a Alaya para que lo incorpore a su investigación del caso de los EREs falsos, es la hipoteca hasta 2015 de los fondos de empleo de la Junta de Andalucía. Para el PP se trata de una “trama institucional, un fondo para financiar a personas vinculadas al PSOE con el dinero comprometido con las aseguradores ni siquiera está consignado en los presupuestos ya que se contaba con modificaciones presupuestarias que todavía no se habían aprobado”.

El número 2 del PP andaluz destacó que el fraude suponía “una hipoteca para el mañana en la política y los fondos de empleo absolutamente inaceptables: la bola engorda y no sólo se ha cometido un fraude ayer y hoy”, destacó Sanz, quien sostiene que aún se conoce apenas un pequeño porcentaje del escándalo de las falsas prejubilaciones.

Este escándalo llevó a prisión el pasado sábado a Guerrero tras un auto de encarcelamiento de la juez tras tres días de declaración del exalto cargo de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.