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La Junta de Andalucía apadrinó a los artífices del desarrollo urbanístico en Isla Canela
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LA PROCELOSA LÍNEA DE LOS REGISTROS JUDICIALES

La Junta de Andalucía apadrinó a los artífices del desarrollo urbanístico en Isla Canela

El registro practicado hace días por la Guardia Civil en la localidad onubense de Ayamonte ha puesto sobre la mesa los posibles delitos urbanísticos que esconde

Foto: La Junta de Andalucía apadrinó a los artífices del desarrollo urbanístico en Isla Canela
La Junta de Andalucía apadrinó a los artífices del desarrollo urbanístico en Isla Canela

El registro practicado hace días por la Guardia Civil en la localidad onubense de Ayamonte ha puesto sobre la mesa los posibles delitos urbanísticos que esconde uno de los mejores enclaves de la costa andaluza. Dichos delitos enlazan con el tándem formado por Juan Manuel Trujillo-Jesús Samper, socios en Trusam y en otras muchas empresas, promotores también de proyectos como la Nueva Condomina, en Murcia, o el Ensanche, en Huelva capital, marcados por conflictos judiciales y acusaciones de presuntas irregularidades.

 

Entre los documentos que la Guardia Civil, a instancias del Juzgado número 3 de Ayamonte, ha intervenido en el Ayuntamiento de esta localidad (más de 30 carpetas) figura el planeamiento de Isla Canela a partir de 1993, fecha en la que se aprobaron las directrices urbanísticas de una zona paradisíaca convertida después en un emporio turístico. Este enclave se adscribió a la legislación franquista sobre Centros de Interés Turístico Nacional, lo que permitía que el ladrillo y el cemento llegaran a pie de playa.

Precisamente por esa fecha desembarcó en la zona Juan Manuel Trujillo, a través de la empresa Pryconsa y su filial Iscasa. El PSOE le arropó hasta el punto de apadrinar con la presencia de los principales líderes provinciales del partido la presentación del desarrollo urbanístico que pretendía Trujillo. Desde el Ayuntamiento, el alcalde socialista Isaías Pérez Saldaña dio todo tipo de facilidades y desde la Junta de Andalucía, el consejero de Obras Públicas, el onubense Jaime Montaner, hizo lo propio.

A medida que el ladrillo se extendía por Isla Canela, con la bendición de la herencia legal franquista asumida por el PSOE, el camino iba sembrándose de denuncias por presuntas afecciones a zonas protegidas, la construcción de un muro para evitar la acción del mar en construcciones que estaban tan a pie de playa que sus cimientos peligraban por la erosión o recalificaciones de zonas verdes en residenciales mediante un mero estudio de detalle.

Los avatares políticos hicieron que Manuel Chaves prescindiera de Montaner como consejero, después de desplazarlo a Economía, y promoviera al alcalde Saldaña a miembro de su equipo en la Junta. El desarrollo continuó tanto como las denuncias y manifestaciones de ciudadanos por la expropiación de sus tierras. El primer registro municipal se produjo en 2007. Rafael González, alcalde socialista en ese momento, aseguró que no pasaba nada, prometió que se presentaría a la reelección, pero el partido le “convenció” para que dejara paso a Antonio Rodríguez, premiándolo con un puesto de asesor en la Diputación. Rodríguez es quien acaba de sufrir el segundo registro, aunque asegura que está “tranquilo”.

La última de las denuncias se refiere a la aprobación de una zona verde en residencial con un mero estudio de detalle. El fiscal onubense Alfredo Flores, hijo del prestigioso homónimo que investigó el caso Guerra en Sevilla, utilizó el caso Matsa, que afecta a Manuel Chaves por la subvención de 10 millones a la empresa minera donde trabajaba su hija, para anular la calificación penal al asunto. La Junta, por su parte, anuló la aprobación municipal antes de la decisión del fiscal aduciendo, entre otras razones, que no se había pedido el preceptivo informe al Consejo Consultivo. El material documental que ha salido hacia el Juzgado número 3 de Ayamonte lleva en las carpetas intervenidas documentación de toda esta historia, que arranca hace 17 años, y los afectados por presuntos fraudes así como los ecologistas esperan que se abra un proceso general a una zona que tiene enclaves con nombres tan sugerentes como Los Pelícanos. 

De un registro a otro: la Nueva Condomina

La herencia de Isla Canela dio el salto desde el Atlántico a la orilla del Mediterráneo cuando, una década después, en 2003, el Ayuntamiento de Murcia aprobó las bases de un macroproyecto en la zona norte de la ciudad, con el acicate de la construcción del estadio Nueva Condomina. Entonces desembarcaron Trujillo y Samper con la empresa Trusam, que se hacen cargo del club participando en el desarrollo urbanístico previsto. La épica futbolística no dejó ver en principio el bosque del negocio urbanístico. Sin embargo, con el tiempo, el asunto despertó sospechas y denuncias de la oposición y la intervención de la Justicia.

La pasión localista se desbordó con el partido internacional que inaugura el estadio construido por Samper-Trujillo entre España y Argentina. Mientras, a la sombra de los colores del Murcia iba creciendo la macrourbanización anexa y un nuevo caso tomó forma en los juzgados. Cuatro meses antes del partido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia había dictado una sentencia por la cual dictaminaba que Samper tenía que compensar al Ayuntamiento presidido por Miguel Ángel Cámara (PP) con 58.000 metros cuadrados más de los cedidos por su empresa, Sport Management.

 

La Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento de Murcia en octubre pasado, intervino documentos, detuvo a técnicos de Urbanismo, y posteriormente registra también el domicilio particular de Jesús Samper en Madrid, en el seno de una investigación judicial por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

De la Nueva Condomina a la orilla del Nuevo Colombino

 

En 2004, Trujillo-Samper abordaron una nueva operación, volvieron a Huelva y ya en la capital le compraron al Ayuntamiento (del PP) 66 hectáreas de terreno junto al Nuevo Estadio Colombino, en Marismas del Titán, por 65 millones de euros, a través de la empresa Fresnos 16, después Descyera, ambas relacionadas con Trusam. La Junta se opuso a la operación alegando que no había sido informada e intentó anularla, pero por silencio administrativo ésta salió adelante -el límite del plazo legal se produjo en agosto y hubo polémica sobre si este mes es hábil o no-.

El mismo PSOE que once años antes apadrinó a Trujillo en Isla Canela le puso la proa al Ensanche: se inició una maraña judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó al Ayuntamiento a modificar la volumetría prevista en el proyecto. Más de tres mil viviendas, centro de congresos, hipermercado… hasta una catedral se prometieron en una especie de puja ciudadana para diseñar “la Huelva del futuro”.

Se sucedieron las acusaciones por parte del PSOE contra el alcalde, Pedro Rodríguez (PP), que llegó incluso a apadrinar el proyecto en Fitur, imputándole presunto trato de favor ya que el único comprador que se presentó para hacerse con el terreno fue Trujillo. Después de más de cuatro años de pleitos y una larga carrera de obstáculos, los tribunales despejaron las dudas sobre la operación. Sin embargo, cuando llegó el plácet judicial, estalló la crisis del ladrillo y el Ensanche, que podría haber sido la gran operación de Trusam con la venta de terrenos tras la correspondiente recalificación, se quedó en el aire, a la espera de inversores que tirasen del proyecto. Hoy, en los aledaños del Ensanche se proyecta la nueva estación del AVE a Huelva, que trata de salir adelante entre la maleza de un enfrentamiento político entre los dos grandes partidos con el rédito electoral de la iniciativa siempre en el horizonte. 

El registro practicado hace días por la Guardia Civil en la localidad onubense de Ayamonte ha puesto sobre la mesa los posibles delitos urbanísticos que esconde uno de los mejores enclaves de la costa andaluza. Dichos delitos enlazan con el tándem formado por Juan Manuel Trujillo-Jesús Samper, socios en Trusam y en otras muchas empresas, promotores también de proyectos como la Nueva Condomina, en Murcia, o el Ensanche, en Huelva capital, marcados por conflictos judiciales y acusaciones de presuntas irregularidades.

Jesús Samper