Primeras protestas en Marbella por el nuevo PGOU del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer, junto a los vecinos de la Urbanización Las Cancelas y San Miguel de Marbella, las arbitrariedades cometidas por el Ayuntamiento en el nuevo documento del PGOU. Se trata, concretamente, del cambio de calificación de una parcela que en el Plan de 1986 aparecía de equipamiento público deportivo, de viario público en las revisiones de 2007 y 2008, y que en el actual documento ha pasado a ser residencial. Y todo ello tras votar por unanimidad, en el pleno municipal, la nulidad de la venta de estos terrenos.

Ésta es solo una protesta más de las numerosas que vienen produciéndose desde que el equipo municipal anunciase la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Oposición y asociaciones vecinales denuncian que la nueva política urbanística del Ayuntamiento popular está incurriendo en vicios pasados, aquellos que marcaron Marbella con el estigma de la corrupción.

El desencuentro entre la Junta de Andalucía y el gobierno municipal es tal que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha advertido al Ayuntamiento del riesgo de que los jueces anulen el PGOU si se incluye la legalización masiva de todas las viviendas irregulares construidas en los últimos años que se encuentren habitadas. Sin embargo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, no está dispuesta a que ni una sola de las 18.000 viviendas ilegales que autorizaron los gobiernos del GIL quede fuera de ordenación y, por tanto, expuestas a que los jueces decidan su demolición.

 

Una de las protestas por esta política urbanística tuvo lugar ayer con la movilización de los vecinos de la zona de Las Cancelas. El concejal Javier de Luis, del PSOE, hizo un repaso de la problemática de esta parcela situada en la urbanización San Miguel, que un particular compró a Julián Muñoz para ampliar su chalé. En el Pleno del pasado mes de febrero, la alcaldesa propuso al pleno la nulidad del acuerdo por el que Julián Muñoz adjudicaba la venta directa de esta pequeña parcela de titularidad municipal.

Esta resolución venía avalada por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía en el que se determinaba que el acuerdo había sido nulo, ya que se enajenaba una parcela de titularidad municipal que estaba calificada en el PGOU como equipamiento deportivo público.

El propio portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, manifestó en aquel pleno que “fue una transmisión de propiedad nula de pleno derecho con lo que, cualquier acto que tenga como base esa propiedad, deviene en nulo también, con lo que se tendrá que reponer a la situación originaria las actuaciones que se hicieron en su día”.

La Junta coincidía con el Ayuntamiento en la nulidad de la venta de la parcela. Lo que desconocía era lo que vendría después: que la parcela iba a cambiar su calificación en el nuevo PGOU, pasando de equipamiento público deportivo a residencial, algo que ha desatado las iras de los socialistas.

De Luis asegura que “estas nuevas previsiones desprecian claramente tanto el dictamen  del Consejo consultivo de Andalucía como lo aprobado mayoritariamente en el  acuerdo plenario”. Añade que, con este cambio, “el PP desprecia una vieja  reivindicación que desde el año 2000 vienen haciendo las comunidades vecinos de Las Cancelas y San Miguel contra la privatización que de este suelo pretendía Julián Muñoz, que no dudo en dar licencia para construir 28 chalés en una zona calificada como equipamiento deportivo público, y a la par vender a un particular un parte de este suelo de  equipamiento”.

Críticas a la alcaldesa

Los vecinos han mostrado su malestar al sentirse engañados por el PP. Alberto Camarero, portavoz del colectivo, ha recordado que Ángeles Muñoz apoyó sus reivindicaciones “e incluso dijo que había que anteponer los intereses generales por encima de los particulares. No se puede decir una cosa en la oposición y otra en el gobierno, hay que ser coherente y cumplir los compromisos adquiridos”, ha reprochado a la alcaldesa. También denuncia que se les despoja de las mínimas infraestructuras de las que dispone esta barriada.

A pesar del malestar de los vecinos, el próximo día 29 el equipo de gobierno quiere llevar el plan a la segunda aprobación definitiva. Pero si opta por no dejar fuera de ordenación ninguna vivienda y modificar el documento entregado por el equipo redactor, tendrá que definir un sistema de compensaciones y cuantificarlas, lo que supone una tarea de cierta complejidad.