'Montoros', 'cerdanes' y secretos de Estado

En virtud de un compromiso contraído por Sánchez con el PNV (28 de febrero, pregunta parlamentaria de Aitor Esteban), camuflado en solemnes apelaciones a la transparencia y las exigencias de Bruselas, el Gobierno dio a conocer su proyecto de reforma de la Ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968, retocada en 1978 (antes de la Constitución), amén de un fallido intento en agosto de 2022

El anteproyecto de Ley de Información Clasificada va camino del telar legislativo. Su principal novedad es la desclasificación automática de los documentos declarados de "alto secreto" hasta hace 45 años (prorrogable en 15). Hasta hace 35 (prorrogables en 10) si eran solo "secretos". Hasta hace 7-9 años si eran de "información confidencial". Y hasta hace 4-5 de "información restringida". Siempre a contar desde que el proyecto entre en vigor, tras su paso por las Cortes y un año después de su publicación en el BOE.

Si no afecta a la seguridad nacional o la defensa, habrá barra libre de acceso a la información sensible del Estado durante los últimos años del franquismo. Y los primeros de la transición (1979-83) que, dicho sea de paso, por una exigencia de Bildu a Sánchez, aparecen en el BOE (Ley de Memoria Democrática) como una continuación de la dictadura franquista.

Supone que, si la carrera de sacos entre 'cerdanes' y 'montoros' no impide la publicación de la ley en el BOE a finales de este año, verán la luz todos los secretos del 23-F de 1981, que es una de las tres amenazas reales contra la democracia recién nacida. Pero se prolongará el cerrojazo a las otras dos: el persistente terrorismo de ETA (más de ochocientos asesinatos) y la operación secesionista de 2017 en Cataluña. Tres amenazas desactivadas por el Estado, pero dos de ellas instaladas en la ecuación de poder que lidera el propio Pedro Sánchez.

Mejor que mejor, si acabar con una ley franquista sirve a la Moncloa para motivar a los desalentados votantes del PSOE

Véase cómo el asunto viene cargado de electricidad. Pasto fresco para reactivar los circuitos políticos y mediáticos del verano más allá del alineamiento de las derechas y la izquierda plurinacional contra el decreto antiapagones del Gobierno. Y más allá del sobrecalentamiento de las gradas por cuenta de 'montoros' y 'cerdanes'.

Seguirá dando mucho juego la memoria selectiva sobre los liberticidas (Tejero, Otegi, Puigdemont). Memoria del pasado, entre el derecho a la información y las exigencias de la seguridad nacional, que cursa siempre como coartada del presente. Mejor que mejor, si acabar con una ley franquista sirve a la Moncloa para motivar a los desalentados votantes del PSOE.

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Juan Fernández-Miranda

Las trampas están en la letra pequeña. Para empezar, el encaje administrativo de la competencia. Pasa del Ministerio de Defensa al de Presidencia.

A la vista de los acontecimientos cosidos al peculiar desempeño del poder durante los siete años de reinado sanchista, ya en horas bajas, no nos deja nada tranquilos que uno de sus más relevantes exponentes, el ministro Félix Bolaños, se convierta en guardián de los secretos de Estado mediante la llamada Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada.

Lo demás es campo abonado para los procesos de intención política. Por ejemplo, la catalogación "excepcional y motivada", de los documentos sensibles, adjudicada a distintas instancias del Poder Ejecutivo. Recurrible en algún caso ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Con acceso reglado del Congreso a través de una comisión parlamentaria. Pero, con una ausencia clamorosa de la Jefatura del Estado, a la que ni siquiera se nombra.