Correa, sí; Aldama, no: Fiscalía sí rebajó al máximo la pena al arrepentido de la Gürtel

Basta remontarse cuatro años para encontrar otro debate en España en torno a las reducciones de condena por confesar delitos. En 2022, la obra era la misma, pero con los papeles cambiados. Entonces la corrupción no afectaba al PSOE, sino al PP, y el arrepentido no era Víctor de Aldama, sino Francisco Correa, el corruptor de la Gürtel. En ese caso, la confesión del cabecilla de la trama que afectaba a los populares sí le mereció a la Fiscalía –liderada por la exministra Dolores Delgado– motivos para solicitar la atenuante máxima por confesión. Cuatro años después, Víctor de Aldama, en cambio, se tendrá que conformar con la petición de atenuante simple del mismo ministerio público.

Hace cuatro años, quienes se sentaban en el banquillo eran los acusados de una pieza separada del caso Gürtel que se centraba en las actividades de esa trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, un bastión histórico de la derecha. La nómina de procesados la encabezaba Correa, considerado el cabecilla, y Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para Correa 76 años y siete meses de cárcel por múltiples delitos de corrupción, incluidos el cohecho por el que también se acusa a Aldama. Pero el inicio de aquel juicio estuvo precedido por una cascada de confesiones de una veintena de los encausados, Correa entre ellos. Mandó una carta a la Fiscalía en la que admitía haber pagado sobornos al alcalde de Boadilla por valor de casi 800.000 euros a cambio de adjudicaciones.

Cuando declaró en el juicio, Correa confirmó su confesión en la que detalló cómo funcionaba la trama y los regalos, ropa y viajes que le pagó al alcalde popular. La Fiscalía dio por buena esa colaboración y redujo su petición de condena hasta los 19 años y seis meses (una rebaja del 75 por ciento). Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el ministerio público defendió para el acusado la aplicación de la atenuante por confesión en su característica de “muy cualificada”.

Los jueces aceptaron el criterio de la fiscal

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional admitía que “lo controvertido” era decidir si debía aplicarse el carácter de cualificada que pedía la Fiscalía o simple. Los jueces acabaron aplicando el criterio del Ministerio Público: “Consideramos que debe aplicarse como lo solicita el Fiscal con carácter muy cualificado”

Argumentaron que “en el caso de Francisco Correa y Pablo Crespo, como ha puesto de manifiesto el fiscal, han supuesto la posibilidad de acceso debido a su colaboración para rescatar el dinero de la trama que estaba depositado en las cuentas en Suiza y ha permitido una simplificación muy relevante de la prueba a practicar en las sesiones de juicio”.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía pedirá penas más bajas para Correa, el Bigotes y Costa tras sus confesiones

Víctor Romero. Valencia

La fiscal de aquel caso que afectaba al PP no se llamaba Alejandro Luzón, sino Concepción Nicolás. Defendió el valor de la colaboración de Correa en un momento en el que todavía quedaban ramificaciones de Gürtel pendientes de enjuiciar. Ese es otro escenario que también sucede ahora, cuatro años después, con las investigaciones que cuelgan de las actividades de Ábalos, Koldo y Aldama en la Audiencia Nacional.

En sus 35 folios de conclusiones definitivas a los que tuvo acceso El Confidencial, la fiscal puso en valor que era la primera vez que se producía una colaboración relevante desde 2009. Defendió así su rebaja a Correa: “Lo reconoció absolutamente todo" (…) "Ha hablado de los repartos, de cómo se hacían" (…) "Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones... Incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios". Los cuatro delitos de cohecho por los que se sentó en el banquillo le supusieron una pena de un año y medio de cárcel, por debajo de dos años.

Lo que no tocó la Fiscalía fue su petición de que el Partido Popular fuese condenado a título lucrativo por beneficiarse con 204.198,64 euros de esta trama: “Debe devolver lo que recibió”. El partido fue condenado por la Audiencia Nacional en una sentencia que después confirmó el Tribunal Supremo en 2023.

Este miércoles, el fiscal Alejandro Luzón no ha aplicado la atenuante muy cualificada a Aldama, el “nexo corruptor” que operó bajo el Gobierno socialista. Es así después de una conversación con su superior, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. La máxima representante era una persona de la confianza del anterior fiscal general Álvaro García Ortiz, que a su vez fue el número dos de Dolores Delgado.

Aldama ha visto considerablemente rebajada su condena en comparación con sus dos compañeros de banquillo. A él la Fiscalía le pedía de inicio siete años de prisión y de esa cifra no se ha movido el ministerio público. Sigue estando muy por debajo de los 24 años de cárcel que le piden a Ábalos y los 19 para el asesor Koldo García. Eso a pesar de que la Guardia Civil sitúa a Aldama como el “jefe” de la trama porque era el que pagaba las comisiones.

Con todo, Luzón ha destacado ante el tribunal que no recompensar a los denunciantes en las causas de corrupción es una forma de alentar "la ley del silencio". Ha añadido que "es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada". Esas acusaciones populares están unificadas bajo la dirección letrada que el Tribunal Supremo le adjudicó al PP y sí han solicitado la rebaja máxima posible que permite el Código Penal. En caso de que los jueces la apliquen, Aldama podría no tener que entrar en prisión por el caso mascarillas.

La misma abogada del PSOE y un indulto

Tanto en 2022 como ahora, cuatro años después, hay una persona que repite. Su nombre es Gloria de Pascual y es la única que mantiene el mismo papel en ambas representaciones. Es la abogada del PSOE y en el juicio de la Gürtel de Boadilla defendió los intereses de dos excargos socialistas. Según informó ElDiario.es, De Pascual se opuso a premiar a Correa con la “muy cualificada” porque a su juicio se había limitado a confirmar lo que ya estaba acreditado.

Esta abogada representa estos días al PSOE en el juicio del caso Kitchen. El miércoles no había sesión y la mujer se personó en el Tribunal Supremo porque los socialistas están dentro de la acusación popular que encabeza el PP. Su intención era desmarcarse de la rebaja máxima que pide el PP y el resto de asociaciones incluidas bajo esa dirección letrada. Su intento no ha sido atendido por el tribunal y Gloria de Pascual se ha tenido que conformar con la protesta.

La misma semana que empezó el juicio por la pieza de Boadilla de Gürtel, el Tribunal Supremo informó a favor de darle un indulto parcial al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas. Fue la persona que captó con una grabadora conversaciones de los implicados y eso permitió empezar la investigación policial, pero también acabó condenado.

El Supremo se mostró a favor de esta medida de gracia después de un informe de la misma Fiscalía de hace cuatro años. El fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes en España, algo que "no incentiva y protege a los funcionarios públicos que, habiendo intervenido en las actividades delictivas, deciden ponerlo en conocimiento de la justicia".