Visto para sentencia en el juicio contra Ábalos: las pruebas que sellan su probable condena

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"Esto es un caso juzgado hace tiempo y con condena clara". Con estas palabras, José Luis Ábalos parecía anticipar lo que podría ocurrir en los próximos días: el exsecretario de Organización del PSOE condenado por corrupción. Son muchos los indicios que pesan sobre el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, que se enfrenta a peticiones de prisión que alcanzan los 30 años. Mensajes, audios, correos electrónicos, movimientos de dinero en efectivo y la declaración de varios testigos refuerzan la tesis de las acusaciones y sitúan al exministro en una posición complicada a las puertas del final del juicio en el Tribunal Supremo.

El elemento más contundente que existe contra el exdiputado valenciano y su hombre de confianza no es la declaración de Víctor de Aldama, como muchos creen, sino la ingente cantidad de material digital recopilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que ha servido para sentar al 'exnúmero dos' del PSOE en el banquillo de los acusados. Los mensajes de WhatsApp hallados en los dispositivos de los investigados, así como las grabaciones realizadas por Koldo García, han servido para desvelar algunos de los episodios más oscuros de quien llegó a ser amigo y confidente del presidente del Gobierno.

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A esto se suma la contundente declaración de Jésica Rodríguez, que apuntó directamente a aquel hombre que "un día la quiso" y a su mano derecha. La testifical de la joven odontóloga ha sido, sin duda, además de la de Aldama, la más incriminatoria contra el exministro socialista. Defendió que fue Ábalos quien la convenció para buscar un piso y un trabajo para el que no tuvo que mover un solo dedo.

Durante más de dos años estuvo viviendo en un piso de lujo situado en pleno centro de Madrid, completamente gratis. El alquiler de 2.900 euros al mes fue asumido por uno de los socios de Aldama, algo que ni el propio Ábalos pudo negar durante su declaración de este lunes ante el tribunal.

El exresponsable de Transportes reconoció ante los magistrados que sabía que era Alberto Escolano quien pagaba el piso a su entonces pareja. No obstante, el exnúmero dos del PSOE negó que se tratase de una dádiva a cambio de favorecer a Aldama y sus socios con la firma de contratos para la adquisición de material sanitario. Defendió que no intervino ni en la elección del piso ni del pagador; el piso de Plaza de España era una solución temporal que gestionó Koldo.

Esta fue la línea de defensa que Ábalos mantuvo también para desvincularse de la contratación de su expareja en Ineco y Tragsatec. Ábalos aseguró que solo pidió a su mano derecha que le ayudara a encontrar trabajo, aunque él pensaba que el destino ideal para la joven sería el sector privado.

En su contra juega la contundente declaración de Jésica Rodríguez, que reconoció ante el tribunal que ni siquiera se molestó en mover su currículum cuando le llamaron de Ineco para hacer una entrevista. En paralelo, Koldo movió sus hilos y se puso en contacto con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. La UCO relaciona este contacto con la posterior contratación de Jésica en Ineco, al igual que su posterior traslado a Tragsatec.

Una dinámica similar se siguió con el enchufe de Claudia Montes, que acabó contratada en LogiRail, otra empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Además de los contactos de Koldo con el entonces presidente de Renfe, Isaías Taboas, existe otra prueba clave que podría perjudicar a Ábalos: un mensaje interceptado por la Guardia Civil en el que el exministro decía: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?". Sobre esta comunicación le interrogó el fiscal Alejandro Luzón, pero el exdiputado no supo justificarlo de manera convincente.

Las "chistorras" que Koldo no pudo negar

En el centro del caso se sitúa la firma de los contratos con Soluciones de Gestión SL y otras gestiones en favor de Aldama por las que la UCO sospecha que cobraron importantes cantidades de dinero en efectivo. Los investigadores sostienen que Koldo García recibía 10.000 euros al mes, que luego repartía con su jefe.

Así lo ratificaron varios agentes de la Guardia Civil la semana pasada ante el Supremo, capitaneados por el teniente coronel Antonio Balas. Los testigos mostraron como prueba de estos pagos varias notas incautadas en los dispositivos intervenidos en las que aparecía la referencia de "Gastos fijos. K 10.000 euros". También señalaron como prueba del cobro de mordidas la falta de retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias o varias conversaciones entre Koldo y su exmujer que acreditan que este llevaba una especie de contabilidad en 'B' para satisfacer varios gastos de su jefe.

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Entre estos mensajes destacan las menciones a las "chistorras", sobre lo que el exasesor ministerial reconoció al fin que hacían referencia a billetes de 500 euros, o los "folios", que Ábalos asegura que responden a su arraigada "cultura del papel" y a su necesidad de surtir de folios la impresora que tenía en la casa del Ministerio.

El exministro trató de justificar que su mano derecha se hacía cargo de varios de sus gastos, como una forma de pago por los daños causados en uno de sus pisos o, en ocasiones, por pura filantropía. Tanto es así que el que fuera secretario de organización del PSOE acabó debiendo dinero a su subordinado. En concreto, 33.000 euros que aún no ha podido devolver a su exasesor.

"1 millón" para comprar la voluntad del ministro

Por último, los investigadores señalan como dádiva la compra del chalet de La Alcaidesa en el que veraneó Ábalos en el año 2021 y el alquiler del chalet de Villa Parra en Marbella. Pese a la existencia de un contrato de alquiler firmado por el exministro, los agentes entienden que este fue un contrato ficticio, y que quien realmente estaba detrás de los pagos era Claudio Rivas.

El empresario del sector de los hidrocarburos quería ganarse el favor del ministro para agilizar la concesión del título de operador para Villafuel. Al ver que las gestiones de su mano derecha, Koldo García, solo entorpecieron la tramitación, el socio de Aldama pidió "apartar al grandullón" y desahuciar a Ábalos. Esta cronología de hechos supone una importante prueba que deberá ser valorada por el tribunal, ya que además existen conversaciones entre los investigados en el 'caso Hidrocarburos' de las que se desprende que llegaron a pagar "1 millón" a cambio de comprar la voluntad del 'exnúmero dos' del PSOE.

Estas y otras muchas pruebas refuerzan las tesis de las acusaciones y complican el horizonte penal de Ábalos y Koldo. Tras doce sesiones de juicio y escuchar a más de 80 testigos, Anticorrupción mantiene su petición de 24 años de prisión para el exministro y 19 años para el exasesor.

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Según el relato que el fiscal Alejandro Luzón defenderá este miércoles ante el alto tribunal, mediante la lectura de su informe definitivo, Koldo "convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas". El exescolta navarro fue el "alter ego" del valenciano hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que este era "el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos".

En este marco se establecen las gestiones realizadas en favor de Aldama y sus socios o los enchufes de Jésica Rodríguez y Claudia Montes. Según la Fiscalía, gracias a esta relación de confianza y cercanía, Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas.

Un relato muy parecido es el que defiende la acusación popular, capitaneada por la dirección letrada del Partido Popular, que pide 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, y cinco años para Aldama. Este miércoles, después de que acusaciones y defensas lean sus informes definitivos, el juicio quedará visto para sentencia. La suerte de los acusados estará echada y quedará a merced de lo que decidan los siete magistrados que componen el tribunal en los próximos días.